Pacto: pese al escándalo, avanzan los pliegos de magistrados porteños
Las postulaciones de dos fiscales y una jueza que habían sido paralizadas en medio de la disputa entre la Ciudad y la Nación fueron sancionados de hecho
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LA NACIONCandela Ini
“Los problemas con la Justicia en la ciudad [de Buenos Aires] se cuelan como la luz por las ventanas”. La licencia poética a la que apeló un legislador porteño, en diálogo con LA NACION, ilustra la tensión que atraviesa el histórico sistema de acuerdos para nombrar jueces en el distrito porteño tras la judicialización de la política en la ciudad y las disputas con el gobierno nacional.
Una seguidilla de fallos judiciales de alto voltaje político y el conflicto con la Nación por la presencialidad en las aulas habían paralizado la aprobación de los pliegos de dos fiscales y una jueza en la Legislatura porteña, que finalmente fueron aprobados de hecho. A eso se sumaron las fricciones por el lento accionar de la Justicia penal mientras el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, estaba aterrorizado por una banda.
Los candidatos a fiscales penales Julieta Villanueva y Hernán Biglino y la jueza Karina Andrade ya habían obtenido dictámenes favorables en la comisión de acuerdos y se presentaron a las audiencias públicas, pero sus pliegos no fueron tratados en el recinto como estaba previsto. Al final, recibieron una sanción ficta, es decir que fueron aprobados de hecho, la semana pasada.
Los nombramientos de hecho son posibles en el distrito porteño gracias a un artículo de la Constitución de la Ciudad: “[La Legislatura] debe pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo. Si vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta”, establece el artículo 118.
“Se decidió no tratar los pliegos a sabiendas de que iban a quedar sancionados fictos”, dijo un legislador radical que integra el bloque de Vamos Juntos a LA NACION. Legisladores de los distintos bloques reconocieron ante este medio que, al haberse tensionado la dinámica de nombramientos aceitada por el asesor presidencial Juan Manuel Olmos y el operador judicial Daniel Angelici por la disputa de las clases presenciales y la intensa judicialización de la política, “no era momento” para tratar pliegos de magistrados. Sobre todo cuando las designaciones de magistrados en el territorio porteño están naturalmente asociadas con el reparto de jueces entre los radicales y los peronistas.
“Esto que pasó de que los pliegos fueran aprobados sin ser votados en el recinto como método sería insostenible institucionalmente. Los jueces no quieren que sus pliegos queden fictos, porque aunque así como fueron nombrados no carecen de legalidad, carecen de legitimidad. Lo que pasó con estos tres pliegos fue simplemente comprar tiempo hasta que bajara la espuma”, agregó a LA NACION un legislador de Pro.
La espuma no bajó. El desempeño de los jueces porteños y la forma en que estos son nombrados se vuelve un asunto cada vez más conversado y cuestionado en los pasillos legislativos, donde terminan de sellarse los acuerdos. Al menos cinco magistrados de distintos fueros fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura porteño -donde el oficialismo porteño tiene mayoría- durante el mes de mayo.
El fallo de la Cámara de Apelaciones porteña firmado por los jueces Nieves Machiavelli, Laura Perugini y Marcelo López Alfonsín a favor de las clases presenciales provocó reproches y pases de factura en el bloque de los legisladores del Frente de Todos, que habían consentido sus nombramientos el año pasado y que terminaron por pedir su juicio político.
Y pocos días atrás, la demora de la orden judicial para que la Policía de la Ciudad llevara adelante 44 allanamientos simultáneos en el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, para encontrar al narco Raúl Martín Maylli Rivera, motivó que dos legisladores de la Coalición Cívica, Cecilia Ferrero y Facundo Delgaiso, denunciaran penalmente a los magistrados Natalia Molina, Marcelo Bartumeu Romero y Pablo Casas -que estuvieron a cargo del caso- y pidieran su juicio político.
El secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, admitió el conflicto y mandó un mensaje vía Twitter: “Durante seis meses pedimos que nos dieran autorizaciones para hacer allanamientos: tres jueces pasaron por la causa y ninguno las dio. Cuando los vecinos salieron a la calle y los medios lo mostraron, en 24 horas autorizaron 44 allanamientos”, escribió.
En medio de este escenario, la semana pasada ingresaron a la Legislatura porteña dos nuevos pliegos, con los nombres de Marcela Monti, que trabaja en la fiscalía general de la ciudad (que está a cargo de Juan Bautista Mahiques), y de Gerardo Battiato, para ocupar los cargos de fiscales de primera instancia en el fuero contencioso administrativo porteño. “Es 1 y 1”, describieron a LA NACION casi a coro dos fuentes que observan desde adentro el reparto de nombramientos entre radicales y peronistas.
Mientras tanto, antes de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara la reanudación de las clases presenciales, y pese al fallo de la Corte a favor de la autonomía porteña, en Uspallata miraron con atención qué juez estaría de turno durante este último fin de semana.
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