De Cristina a De Vido: uno por uno, todos los condenados y absueltos por la Justicia en la causa Vialidad
El tribunal identificó a la vicepresidenta y a siete exfuncionarios como responsables del delito de fraude al Estado; el exministro de Planificación fue absuelto porque el tribunal no consideró que haya tenido suficientes intervenciones en los hechos probados como delictivos
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LA NACION
El Tribunal Oral Federal N°2 sentenció hoy a ocho de los trece acusados en el caso Vialidad, a los que encontró culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. A continuación, uno por uno, todos los implicados en el caso.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita. El fiscal Diego Luciani había pedido aplicarle una pena de 12 años de cárcel. El juez Andrés Basso disintió con sus colegas en cuanto a este último punto y sí consideró probada la existencia de una asociación ilícita. Según la reseña difundida por el tribunal, tanto Cristina como Lázaro Báez recibieron un “beneficio ilegítimo” gracias a “lazos promiscuos” entre el Estado y el empresario.
El empresario dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y sumó hoy su segunda condena. La primera fue en la causa conocida como “Ruta del dinero”, por la que recibió una sentencia a doce años de cárcel que aún no fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Según la reseña de fundamentos que difundió el Tribunal Oral Federal 2, Báez recibió contratos de obras públicas viales de manera sistemática entre 2003 y 2015. “La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
Para Báez la fiscalía también había pedido una sentencia a doce años de prisión. Los jueces del tribunal expresaron que existieron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.
El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego, a raíz del episodio iniciado cuando intentó introducir casi nueve millones de dólares en un convento. Esa pena fue confirmada por la Cámara de Casación el año pasado. Al volver a ser condenado, esta pena será unificada con aquella.
El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Periotti fue condenado por tener intervención de manera ocasional “en forma directa” en la adjudicación de obras viales a las empresas vinculadas a Báez, según las palabras difundidas por el propio tribunal minutos después de dictar la sentencia. Periotti fue titular de la DNV durante los tres gobiernos kirchneristas. Según la acusación, cumplió un rol fundamental en la maniobra de direccionamiento de contratos dado que era quien llamaba a las licitaciones, y quien, gracias a decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por Cristina Kirchner, tuvo delegadas facultades para financiar desde la dependencia que conducía las obras adjudicadas a Báez.
El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado. De Vido ya fue condenado por la causa Once 2 y por la compra de trenes chatarra a Portugal. Los jueces no consideraron que haya tenido intervención en el entramado de los hechos probados, sino que sus intervenciones fueron “limitadas”. Tampoco encontraron probado que haya tenido un interés particular para generar un lucro indebido a él mismo o a Lázaro Báez. Aunque era titular del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas, De Vido no intervino directamente en la tramitación de los expedientes de obras viales que fueron otorgadas a Báez.
Los exfuncionarios provinciales, casi todos condenados
Excepto por Héctor Garro, que fue absuelto por el tribunal, los imputados que a lo largo de los tres gobiernos kirchneristas fueron titulares de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz (conocida como “Distrito N°23″), Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe, fueron condenados, también, como responsables del delito de fraude al Estado y se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según el tribunal, la mayoría de los procesos que resultaron adjudicatarios de obras públicas a Báez fueron llevados a cabo por la AGVP en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad.
Según el tribunal, los exfuncionarios provinciales condenados “operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”
Collareda recibió una pena de cuatro años de prisión. La fiscalía había pedido para él una pena de seis años. Daruich recibió tres años y seis meses de prisión. Pavesi fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Luciani y Mola habían pedido para él cinco años. Santibañez recibió una pena de cuatro años de prisión; lo mismo que había pedido la fiscalía. Villafañe fue condenado a cinco años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La fiscalía había pedido aplicarle seis años de cárcel.
Los absueltos
En el caso de Julio De Vido, Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas- y el extitular de la AGVP Héctor Garro, se consideró que tuvieron “limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados” y “la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que los coloquen en una clara posición de garantes para evitar el resultado lesivo”.
El exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Santaigo Kirchner, fue sobreseído por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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