Decomisan camionetas de Pérez Corradi y ordenan evaluar su patrimonio
Lo dispuso el juez Casanello, que quiere analizar sus bienes; el fiscal Zoni pidió investigar el allanamiento a la casa de su ex mujer
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La Justicia ordenó ayer decomisar dos camionetas de Ibar Pérez Corradi, prófugo por el triple crimen de General Rodríguez, y dispuso hacer un exhaustivo análisis de su patrimonio, que le encargó a la Unidad de Investigación Financiera, especialista en lavado de dinero.
La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, que tiene procesado a Pérez Corradi por lavar dinero de los integrantes de la mafia de los medicamentos. Es decir que droguerías que se dedicaban a falsificar medicamentos o cobrar reintegros por remedios que no distribuían a sus pacientes entregaban a Pérez Corradi los cheques que recibían del Estado y éste los convertía en dinero contante y sonante. De este modo conseguían blanquear fondos que provenían de una actividad ilícita.
Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi y de la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer dispuso secuestrar una camioneta Dodge Ram y un costoso Audi A 6 que fueron detectados como propiedad del prófugo, quien supuestamente se refugia en un exclusivo country de Ciudad del Este, en Paraguay.
Los vehículos habían sido secuestrados en el allanamiento a la casa de la ex mujer realizado hace una semana en busca del prófugo. La señora Liliana Aurehhuliu había dicho a la televisión que la camioneta se la había regalado Pérez Corradi para el Día de la Madre.
Los abogados de Pérez Corradi vienen haciendo una activa campaña para entregar a su cliente ante la Justicia y negociar que declare como una suerte de arrepentido, aportando información contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista a cambio de mejorar su situación. En particular porque Pérez Corradi está involucrado en el negocio de la efedrina donde los condenados por el triple crimen de General Rodríguez complicaron a Aníbal Fernández. En el marco de esa campaña, hace una semana los abogados dijeron que Pérez Corradi estaba preso en Paraguay, pero la información fue desestimada por autoridades argentinas y paraguayas.
Ante la creencia de que su cliente puede estar retenido de manera ilegal, supuestamente en manos de servicios de inteligencia, los abogados insistieron y presentaron en la Argentina y Paraguay recursos de hábeas corpus.
Pero ayer el juez de instrucción Ernesto Botto desestimó el planteo formulado por los abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli. La acción fue presentada ante "tal de-sinformación y el inminente riesgo para su seguridad", debido a que los abogados aseguran que no tienen contacto con Pérez Corradi, a quien suponen cautivo. Botto sostuvo que no hay "información oficial acerca de la presunta detención del prófugo", e incluso no la tiene la jueza María Servini de Cubría, que tiene a su cargo la causa en la que Pérez Corradi está imputado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. "Confirmada la vigencia de la orden de captura del amparado, y siendo de público y notorio conocimiento su situación de prófugo, no puede hablarse de una limitación o amenaza actual de su libertad ambulatoria", sostiene el fallo del juez Botto.
Al mismo tiempo, el fiscal federal Pedro Zoni pidió investigar si hubo irregularidades en el allanamiento hecho en la casa de la mujer de Pérez Corradi para dar con el fugitivo. La jueza Servini de Cubría había denunciado ese procedimiento por irregular. Zoni impulsó el caso y solicitó que se investigue al juez de Garantías N°5 del Departamento judicial de San Isidro descentralizado Tigre, Diego Martínez, al fiscal Federico González, al comisario mayor Sergio Fabián Rodríguez y al comisario jefe de Operaciones de la Coordinación Departamental de Investigaciones, Pablo Ignacio Machicote, ligados al allanamiento.
Liliana Aurehhuliu se presentó ayer en tribunales con el abogado Broitman para ser querellante en ese expediente. Y realizó una declaración espontánea en el juzgado de Norberto Oyarbide.
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