Demoran la renovación de los DNI

Después de las controvertidas experiencias que tuvo con las últimas privatizaciones, el Gobierno prefiere cubrir bien sus espaldas en el caso de los documentos nacionales de identidad (DNI), aunque sea a costa de la séptima demora en la firma del contrato con la adjudicataria Siemens, que ganó la licitación en febrero último.

Como antecedentes se evaluaron, entre otros, las controversias que desataron privatizaciones como las de los aeropuertos, del Correo y la incipiente de radares para el tráfico aéreo, con denuncias judiciales y fallos adversos de por medio.

La nueva postergación implica que los documentos de identidad se comenzarían a renovar no antes de julio del año próximo.

El proceso de privatización, que incluye la impresión de los nuevos DNI, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos, acumuló a lo largo de su historia quince postergaciones (ocho durante la etapa de evaluación de antecedentes y siete luego de la adjudicación). La última fue la dispuesta por el Ministerio del Interior hace pocos días.

Argumentan, al igual que en las dilaciones anteriores, que todo se hace en pos de la transparencia y justifican las demoras en el volumen del expediente que está ahora bajo la lupa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen): 25.000 folios.

Aunque la defienden con uñas y dientes porque sostienen que su aporte para aumentar los controles de seguridad será fundamental, la licitación de los DNI fue cuestionada desde el comienzo por legisladores de la oposición, que criticaron el hecho de que se adjudicaran tres áreas diferentes (Registro Nacional de las Personas, Dirección Nacional de Migraciones y Dirección Nacional Electoral) a una misma empresa.

La respuesta oficial no se hizo esperar: el pago del documento nacional de identidad será lo que financie el resto del proyecto, dijeron desde la cartera política.

Cuatro veces más caro

En rigor, el argumento no es exacto, ya que Siemens percibirá también los trámites migratorios que se realicen (la empresa cotizó 205,70 pesos para la solicitud de la admisión de residencia o la renovación), la impresión de los padrones ($ 11,90 cada 5000 electores y una copia) y los trámites de actualización del DNI y de cambio de domicilio.

Respecto de los padrones electorales, debe tenerse en cuenta que para los próximos comicios nacionales, probablemente en octubre de 1999, habrá inscriptas no menos de 23.000.000 de personas. Es decir que sólo la impresión costará alrededor de $ 5.500.000.

De hecho, uno de los aspectos más cuestionados del proceso fue el económico. En el caso de los DNI, cada uno costará cuatro veces más de lo previsto en 1991 (cuando había un preacuerdo para cobrar $ 7 el trámite).

La licitación que terminó con la adjudicación a Siemens estableció un techo de $ 25 por documento, más el impuesto al valor agregado (IVA) por documento.

La empresa ganadora cotizó 30 pesos por unidad, pero el precio incluye el IVA y la distribución domiciliaria. Actualmente, el DNI cuesta $ 15 y el envío a domicilio (que es optativo), $ 10.

En 1991, el plan de convertibilidad ya estaba en marcha y el Gobierno se aprestaba a cerrar la operación de los DNI con la empresa estatal francesa Sofremi, con la que se había pactado el precio de $ 7.

En aquel caso la adjudicación hubiera sido directa merced a un decreto presidencial que así lo establecía. Pero las resistencias fueron de tal magnitud que se considera que el caso fue uno de los detonantes de la renuncia de Julio Mera Figueroa como ministro del Interior.

El dirigente salteño, actualmente uno de los operadores políticos del precandidato presidencial justicialista Ramón Ortega, fue reemplazado por José Luis Manzano, quien apenas asumió ordenó congelar el proyecto con los franceses.

En 1991, la sospecha de irregularidades sobre el procedimiento hicieron que el juez Oscar Garzón Funes declarara ilegítimo el decreto.

El papel de la AMIA

El actual pliego tuvo su origen en 1994, cuando, algunas semanas después del atentado a la sede de la mutual de la comunidad israelí, el Gobierno consideró prioritario establecer mayores controles fronterizos. Siempre estuvieron latentes las sospechas sobre el supuesto ingreso de elementos terroristas, fundamentalmente por la denominada triple frontera.

Nuevamente la pluma presidencial firmó un decreto por el que se convocaba a una licitación pública para instrumentar y operar un sistema de control migratorio y de identificación de personas. La figura del juez Garzón Funes reapareció y una vez más la iniciativa quedó en suspenso.

El magistrado consideró que ambas atribuciones eran funciones exclusivas del Estado nacional, por lo que delegarlas en empresas privadas suponía un riesgo para la seguridad nacional.

Finalmente, el 26 de agosto de 1996 se conoció la nueva convocatoria del Estado.

Quienes siguen de cerca el proceso aseguran que la quinceava suspensión, la de hace pocos días, fue la última. Y los más optimistas hasta auguran que el contrato se podrá firmar antes de la fecha prevista, el 14 del mes próximo.

Reaseguro, plazos y precios

Más allá de los recaudos que el Gobierno quiere tomar respecto de los controles sobre la licitación para confeccionar los nuevos DNI, existe una cuestión central para la empresa adjudicataria que demoró las negociaciones a la hora de redactar el contrato: el reaseguro económico.

El término "garantía estatal", que figura en el segundo artículo del pliego, fue el centro de la discordia.

Allí se especifica qué es lo que comprende el servicio por brindar: "El reemplazo en forma progresiva de los actuales DNI por el nuevo documento en un período de 50 meses contados a partir de la emisión del primer documento y a un ritmo mensual de aproximadamente el 2 por ciento del volumen total. El Estado garantizará el cumplimiento del reemplazo de los documentos", expresa, entre otras cosas.

Los empresarios de los tres grupos que participaron en la licitación interpretaron que el Estado dictaría una ley de caducidad de los DNI actuales o adoptaría alguna medida para que los ciudadanos se vieran obligados a recambiar sus documentos cuando finalmente llegue el momento.

Esa posibilidad fue desestimada por el Gobierno, aunque aún no se conoce cómo conciliarán posiciones sobre ese punto.

La licitación supone un suculento negocio. Las estimaciones oscilan entre los 600.000.000 y los 900.000.000 de pesos de recaudación al cabo de los seis años por los que se firmará el contrato.

Trámites

Aún no se ha resuelto definitivamente la forma en que se harán las renovaciones de los DNI, ya que el compromiso implica la realización de unos 20.000 trámites por día.

Cuando comiencen a expedirse (no antes de julio próximo), Siemens deberá renovar a razón del 2 % por mes del total de los documentos. Esto es, cerca de 480.000 casos. Si se tiene en cuenta el valor del trámite, la empresa adjudicataria recaudará mensualmente alrededor de $ 14.000.000.

Por Florencia Carbone

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