Denunciaron a las autoridades de la UIF por encubrimiento a Cristina Kirchner

Días después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad, diputados de la Coalición Cívica denunciaron a las autoridades del organismo anti lavado Juan Carlos Otero y Luna Montes por no haber impulsado las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno. Hicieron extensiva la denuncia a cualquier funcionario o funcionaria de la UIF que haya sido parte de lo que denominaron como un “plan de impunidad”.

En una presentación a la que accedió LA NACION, los acusaron del delito de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la represión. Señalaron las decisiones mediante las cuales el organismo, en su carácter de querellante, omitió impulsar la acción penal contra la vicepresidenta o incluso directamente se pronunció a su favor: el pedido dejar caer la acusación a Cristina y sus hijos en las causas Hotesur y Los Sauces, el pedido para absolverla en el juicio donde se la acusa de favorecer a Lázaro Báez con obra pública, y otras decisiones tales como no haber apelado la reducción de la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone, por ejemplo, o el no haber apelado el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa cuadernos.

Enmarcaron estas decisiones dentro de un supuesto plan de impunidad de la vicepresidenta, sus hijos y los funcionarios que participaron de sus gobiernos y dijeron que el organismo “obró de un modo impune”.

“El clima de presiones sobre funcionarios de la UIF para ayudar a funcionarios o empresarios vinculados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habría sido moneda corriente en el ámbito de la UIF desde el cambio de gestión”, afirmaron los diputados.

Y continuaron: “Podemos observar que la Unidad de Información Financiera desde el año 2020 es utilizada para favorecer el Plan de Impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y los funcionaros que la acompañaron en el raid delictivo para apoderarse de fondos provenientes de la obra pública de Santa Cruz que se desplegó entre el 2003 y hasta el 2015 y que, esta afirmación, sigue vigente bajo el mandato de las nuevas autoridades, Juan Carlos Otero y Luna Montes”.

Cuestionaron especialmente el alegato de la UIF en el juicio por la causas Vialidad, donde los abogados que representaron al organismo dijeron que el peritaje sobre los contratos de obra pública no arrojó conclusiones.

“Las pericias, que según la Unidad de Información Financiera no arrojaron conclusiones, sostuvieron que sí hubo sobreprecios en las 5 obras que fueron peritadas. Además, la UIF se alejó de todas las constancias del caso, que incluso fueron minuciosamente detalladas en su Requerimiento de Elevación a Juicio y probadas en el debate”, dijeron los diputados denunciantes.

La presentación la firmaron los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Mariana Stilman, patrocinados por la ex vicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico. El caso fue sorteado y quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, que subroga el juzgado federal 6, vacante tras la salida del exjuez Rodolfo Canicoba Corral.

LA NACION

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