Después del megaoperativo preparan nuevas citaciones a una larga lista de empresarios
Es la consecuencia de los 83 procedimientos que se realizaron anteayer a firmas de obra pública; en la fiscalía que se encarga de la causa trabajan en la convocatoria
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LA NACIONCandela Ini
La causa de los cuadernos vuelve a enfocarse en uno de sus puntos de origen: el pago de sobornos por parte de empresas constructoras para la adjudicación de contratos de obra pública. Después de los 83 procedimientos que se llevaron adelante anteayer en distintos puntos del país en más de 70 empresas de la construcción, los fiscales y el juez de la causa de los cuadernos trabajan en una serie de medidas para seguir adelante con la investigación.
A la lista de imputados y procesados en la causa de los cuadernos se sumarán decenas de empresarios que aún no habían sido investigados en este expediente. En la fiscalía de Carlos Rívolo, que trabaja junto a Carlos Stornelli en la investigación judicial, ya está el listado de quienes serán llamados a prestar declaración indagatoria. Otros que ya fueron procesados, e incluso declararon como arrepentidos, deberán regresar a caminar por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py para ampliar sus indagatorias. Esas declaraciones se tomarán durante el mes de febrero.
Este jueves, la Policía Federal encabezó el operativo a través del cual, de manera simultánea, se allanaron las empresas en 14 provincias. Los procedimientos se llevaron adelante -de manera simultánea- en varios distritos, como la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior de la provincia, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Entre las decenas de firmas allanadas se encuentran Supercemento, Roggio, Decavial, Losi, Coarco, Iecsa, Esuco y Cartellone. Los titulares de esas empresas ya desfilaron por Comodoro Py. Pero las empresas consideradas medianas como por ejemplo Codi S.A, Pietroboni y Euleterio Pitón, entre otras, aún no habían sido investigadas.
El objetivo de ese operativo fue, según supo LA NACION a través de fuentes judiciales, encontrar la documentación que indicara cuáles son los directores y titulares de las empresas que habrían participado del grupo de pagadores, por el cual -en el primer tramo de esta causa- ya habían sido detenidos y luego procesados empresarios de grandes firmas.
"No fue un allanamiento, fue un procedimiento para buscar documentación y con otra actitud. Pidieron documentación sobre autoridades, accionistas, data muy básica", dijeron a LA NACION desde una de las empresas consultadas.
Si bien este tramo de la investigación surgió como un desprendimiento de la causa de los cuadernos a raíz del listado que aportó el financista arrepentido Ernesto Clarens, quien confesó haber oficiado como quien cobraba dinero y transformarlo a dólares, la lista de las empresas donde se llevaron adelante los procedimientos fue de elaboración propia del juzgado y la fiscalía.
Los funcionarios judiciales de la causa pidieron información a distintos organismos públicos ejecutores de obra pública. Con las respuestas que fueron obteniendo de los ministerios y las dependencias estatales a las que consultaron, cotejaron la información brindada por Clarens y también sumaron otras firmas al listado que confeccionaron. Se busca esclarecer cómo fue la adjudicación de contratos de obra pública para esas firmas y quiénes son sus responsables. Se buscó, a través de la documentación de personas jurídicas, acceder a las personas físicas.
De esta forma, la investigación vuelve a enfocarse en cómo se cobraron coimas de parte de empresas contratistas. Este es uno de los tramos iniciales de la causa, que se originó a través del material revelado por LA NACION, donde el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, registró durante casi una década el cobro de dinero ilícito por parte de los funcionarios del ex Ministerio de Planificación kirchnerista. Los funcionarios judiciales que intervienen en la investigación consideraron que Cristina Kirchner fue la jefa de la asociación ilícita, que habría sido montada por su esposo, Néstor Kirchner.
Después de ser retirados por distintos puntos de la Ciudad, como sedes de empresas, hoteles, estacionamientos subterráneos o restaurantes, los bolsos con dinero que se movían a bordo del auto de Centeno eran entregados en el departamento del matrimonio Kirchner en Recoleta, a las manos de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Kirchner. A través de una estructura montada con sociedades offshore, el entorno de Muñoz lavó el dinero proveniente de la corrupción. Esas operaciones de lavado también son investigadas en esta causa, como otro de los tramos delictivos, y se busca determinar si el dinero de Muñoz, unos 70 millones de dólares, pertenecía, en realidad, al matrimonio Kirchner.
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