Diputados: el Gobierno retrasa la conformación de la Comisión de Juicio Político mientras avanza el caso $LIBRA
Martín Menem busca nombres de máxima confianza para blindar al Presidente; cómo quedaría el reparto de fuerzas y quiénes suenan para integrarla
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Mientras la Cámara de Diputados avanzó esta semana en la integración de casi 20 comisiones, una de las más sensibles quedó fuera del cronograma: Juicio Político. El órgano, clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, sigue sin conformarse en un contexto atravesado por el avance del caso $LIBRA.
En el oficialismo aseguran que la constitución se formalizará en el corto plazo, aunque por ahora los nombres se manejan con hermetismo. La definición, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, quedará políticamente en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del titular de Diputados, Martín Menem.
“Alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión. Entre los nombres que circulan aparece el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, aunque la decisión no está cerrada. En el oficialismo evalúan inclinarse por un diputado con formación jurídica, lo que acota el abanico de opciones.
La comisión arrastra, además, un antecedente conflictivo. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, nunca llegó a activarse plenamente.
Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.
Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.
El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.
Los bloques opositores podrían revocar la delegación que le otorgaron al presidente de la Cámara en la sesión preparatoria y, mediante una resolución, forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Aunque ese escenario hoy aparece lejano, en el oficialismo prefieren evitarlo: avanzar con la integración, pero mantener el control político del cuerpo.
La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.
En la oposición ya suenan algunos nombres: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Mariela Coletta y Juan Brugge (Provincias Unidas); y, por UP, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Snopek, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez.
Otras comisiones
En paralelo, Diputados avanzó entre lunes y martes con la constitución de comisiones. El dato saliente fue que el oficialismo logró quedarse con la presidencia de dos áreas que hasta ahora controlaba la oposición: Salud y Discapacidad.
Se trata de comisiones que el año pasado representaron un frente de conflicto para el Gobierno. Desde allí se impulsaron proyectos luego vetados por Milei y ratificados por el Congreso con mayoría agravada, como la emergencia en discapacidad y la ley de salud pediátrica, conocida como “ley Garrahan”.
En Salud, el tucumano Pablo Yedlin (UP) fue reemplazado por el libertario Manuel Quintar, de Salta. En Discapacidad, Daniel Arroyo (UP) dejó la presidencia en manos de Gerardo Huesen (LLA), también tucumano.
Los libertarios también se aseguraron el control de Energía y Combustibles, con el mendocino Facundo Correa Llano, y de Legislación General, que quedó a cargo de Santiago Santurio.
A su vez Pro, en tanto, retuvo la comisión de Educación, encabezada por Alejandro Finocchiaro, un aliado del oficialismo. También quedó en manos de un aliado, el santacruceño José Garrido, la presidencia de Industria.
Por su parte UP mantuvo la conducción de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales (Ariel Rauschenberger), Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Mientras que Provincias Unidas se quedó con Transporte (Jorge Rizzotti), Pyme (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brugge).
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