El 96% de los empleados estatales que ya dieron el examen de idoneidad lo aprobaron, según uno de los gremios
Según ATE, hubo 4156 evaluaciones y 4002 fueron aprobados; los sindicatos reclaman ahora el pase a planta permanente de los contratados
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LA NACION
Con el impulso del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzan los exámenes de idoneidad en la administración pública nacional a pesar del rechazo de los dos gremios del sector. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos, informó hoy que el 96% del personal evaluado pasó la prueba y reclama el pase a planta permanente de los contratos que se vencen en dos semanas.
“Como era de esperar, el 96,3% de los agentes que ya se presentaron a rendir aprobaron sus exámenes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad. Hubo 4156 evaluaciones en esta primera semana, siendo más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar. De ese total, 4002 fueron aprobados”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe de ATE a nivel nacional. Y agregó: “La ilegalidad de este sistema de evaluación pública es manifiesta. Aún así, tenemos que destacar el compromiso de nuestro sindicato ya que desde el primer instante los dirigentes y los delegados decidieron estar junto a los trabajadores y acompañar este proceso con cursos de formación y clases de estudio, de apoyo y de repaso”.
El “examen de idoneidad” para los empleados públicos, tal como lo definieron fuentes oficiales, sería para unas 40.000 personas. Los empleados deberán obtener un turno. El sistema que disponga el Gobierno les asignará un código con el que serán identificados para preservar el anonimato de quien rinda el examen. Y luego del multiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó.
El examen, dicen en el Gobierno, no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. La resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral. Contiene entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales. El Gobierno pretende que todos los empleados hayan tomado el examen antes de febrero de 2025.
Desde UPCN, el gremio mayoritario en la administración pública nacional, también cuestionaron los exámenes de Sturzenegger. “Lo consideramos totalmente rechazable. No tiene sentido tomar a exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación. Todas estas cuestiones lo único que hacen es alterar el clima de trabajo y generar miedos”, señaló Andrés Rodríguez, histórico jefe de UPCN.
En un comunicado, UPCN calificó al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y señaló que “solo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”. El comunicado emitido por la organización sindical sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia.
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