El autoritarismo sin poder

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A continuación, sus principales conceptos:

• Hay una especie de principio general, de regla o de creencia que ha dominado al kirchnerismo a lo largo de la experiencia que trascurrió entre el año 2003 y 2015 y que opera mucho en ese grupo político igual que lo hace en otros grupos políticos de la región. La idea de que, si uno mira en el fondo de la vida pública, lo que manda siempre es la política. Es decir, lo que ordena la realidad, lo que configura el cuadro es la voluntad del que manda.
• No hay ninguna zona de la realidad, ninguna dinámica de la vida pública que no pueda ser modelada por el poder. Por lo tanto, el monto de poder que se tenga permite correr, ignorar o admitir determinados límites institucionales, sociales, económicos, físicos. Esta ley, a pesar de que domina el pensamiento kirchnerista, en el caso Vicentin fue olvidada. Hubo un olvido de la política y quedó demostrado el sábado con el nivel de movilización que hubo, sobre todo, en la provincia de Santa Fe.

• Podríamos recordar la famosa consigna del asesor de Bill Clinton durante su primera campaña electoral, como clave para triunfar en las elecciones: "Es la economía, estúpido". Pero, en este caso diría: "Es la política, estúpido". En las primarias del 11 de agosto, en Santa Fe, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se impusieron con el 44,29% por sobre Macri, que sacó el 34,31%. Sin embargo, en las elecciones generales, Macri mejoró 9,5 puntos y terminó ganando la provincia por 43,50% contra 42,64%. Este es un dato principal, porque si uno mira el mapa de colores del voto aparece el amarillo recostado sobre el oeste santafesino, y se extiende hacia Córdoba, hacia parte de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, región donde hay una sociología que no comulga con el kirchnerismo, ligada a la producción agropecuaria. Esta parte de la Argentina tiene muy vívida la memoria del enfrentamiento del kirchnerismo con el sector agrario en 2008.
• Daría la impresión de que, desde el punto de partida, Alberto Fernández pero sobre todo Cristina Kirchner, que es la que impuso la idea de la estatización de Vicentin y el avance sobre la propiedad privada en esa sociología, olvidaron la política, los números de las elecciones donde perdieron. El Presidente está mirando estos datos porque como todo político de la democracia mira las elecciones y el efecto electoral que produce cada uno de sus actos. Hoy, Alberto Fernández está mirando Vicentin contra el telón de fondo de las elecciones del año que viene.

• Un factor adicional que Fernández debería tener muy en cuenta, por la sociología a la que responde, es cómo caen en el interior las decisiones que se pueden interpretar como arrebatos de prepotencia porteña. La provincia de Santa Fe tiene un gran sentido histórico de la autonomía. Todo esto es importante para entender qué pasó con Vicentin y para ver por qué el Gobierno está tratando de volver a la idea original, ayudado por el gobernador de esa provincia, Omar Perotti.
• Esa idea, de la que venían hablando los dueños de Vicentin con Matías Kulfas y con el gobierno de Santa Fe, era la de "rescatar" Vicentin a partir de una asociación con YPF en su sección agro. Después se cruzó Cristina Kirchner con la pretensión de estatizar. El Gobierno está tratando de volver a ese proyecto y de mirar el proceso desde la lógica provincial, para que en cierta forma se encargue Perotti de manejar la situación. También buscan volver a encapsular el problema Vicentin dentro del concurso que maneja el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. Es decir, se trata de poner al genio de nuevo dentro de la botella.

• El diálogo que mantuvieron el Gobierno con la conducción de Vicentin, previo al anuncio, parece ser ahora la base de esta nueva operación, donde el Gobierno quiere bajar el perfil frente al problema en el que se metió.
• La idea es llegar a una empresa, donde intervenga YPF en su sector agro. Esta compañía tiene una rama de negocios ligada al campo -venden gasoil- y con este pueden vender servicios, también comercializan fertilizantes que YPF produce a través de Profertil. Y cobra en granos. Una idea originaria de gente de YPF para hacerse de dólares en un momento que exportaba poco petróleo.
• Hay que entender que, para una petrolera, es un negocio muy marginal. A pesar de eso, se intentaría que YPF Agro se convierta en una sociedad anónima y le ofrezca al concurso de Vicentin una solución para asociarse. Pero, ¿con quiénes? Con un grupo de gente que es central en este negocio: los productores, que están agrupados en asociaciones de cooperativas en Santa Fe. Son los generadores o los originadores de granos. Porque Vicentin es una empresa que se dedica a la molienda de granos, y a la producción de biodiesel. A través de esa molienda, generan harina, biodiesel. Además de vender granos. Si no tienen quien le provea los granos, no hay negocio.
• Hoy no hay nadie que le provea los granos, porque no tienen cómo pagarlos. Los que proveían los granos hoy son acreedores comerciales de la empresa y tienen una enorme desconfianza en que les vayan a pagar. ¿Alcanza con YPF Agro para comprar los granos o hace falta que alguien garantice que la nueva Vicentin va a poder adquirirlos? Puede ser el Estado extendiendo una garantía.
• Se trata entonces de constituir una nueva empresa donde esté el grupo de acreedores comerciales que produce granos y, probablemente, corredores de la Bolsa de Rosario. Seguramente estará la gente de Vicentin, que es accionista, e YPF Agro que, a su vez, es una forma de decir que está presente el Estado.
• ¿Esta es la solución? La empresa necesita 300 millones de dólares de capital de trabajo, ¿alguien los pone? Hay quien sugiere que habría que ir a los bancos que le prestaron plata a Vicentin para decirles que pongan ellos el dinero, ya que les conviene que la empresa vuelva a funcionar. ¿En cuánto tiempo? Dos, tres años.
• Todo esto debe suceder en el marco del concurso que maneja el juez Lorenzini. Sería el camino hacia una empresa nueva que podría obtener capital listándose en bolsa con un management profesional de altísima calidad para que sea creíble. Porque quienes están mirando esto desde el punto de vista del mercado dicen: "Que no venga nadie ligado al Estado. Gabriel Delgado puede ser bárbaro, pero lo pone el Gobierno. Mejor que venga alguien del sector privado y maneje esta empresa- donde va a estar el Estado adentro-, con las reglas del mercado y las reglas institucionales del concurso".
• Las reglas institucionales del concurso son importantísimas. Porque al avanzar sobre el juez, quien puso un límite este fin de semana, el Gobierno toca dos cuerdas de altísima sensibilidad, que tienen que ver con la inversión internacional. Si hay un sector al que los bancos internacionales están dispuestos a prestar plata, en la Argentina, es el agropecuario. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en eso. Es decir, la empresa argentina dedicada al sector agropecuario es muy competitiva a nivel internacional.
• Por tanto, hay bancos que se especializan en ese negocio, que prestaron dinero con gran tranquilidad. Hasta que se descubrió que al que tiene un problema para devolver el dinero se lo estatiza. Claro, el directivo de ese banco en la Argentina le tiene que explicar a su casa matriz que el país, aún en el sector agropecuario, dejó de ser seguro para invertir.
• Pero, ¿cómo? Si la Argentina es uno de los grandes productores agropecuarios del planeta. Es cierto, pero no rigen las reglas. Lo mismo pasa con cualquier inversor que dice: "Voy a invertir en la Argentina". Ahora, si me equivoco, porque me puedo equivocar, me puede ir mal, entonces: ¿Cuáles son las reglas? ¿Son las reglas del derecho comercial? ¿Voy a un concurso de acreedores con las reglas preestablecidas del derecho comercial o me ponen una regla aparte y me toma el Estado y me dice: ‘Ahora usted depende de un DNU que lo va redactar el Presidente'? ¿Cuáles son las reglas que rigen la inversión en la Argentina para el hombre de negocios que se puede equivocar, a quien le puede ir mal? Esta es una pregunta central que se hace cualquier inversor.
• Todo esto es muy importante porque estamos en crisis. Se están concursando empresas, hay gente que se está quedando sin trabajo y se está destruyendo capital. Es decir, se está destruyendo el tejido empresarial que mueve la economía desde el sector privado y que no puede ser reemplazado por el Estado.
• Dado este problema, que es consecuencia de la pandemia, pero sobre todo de la forma en que el Gobierno encaró la pandemia, que es con una cuarentena tan rígida, se va a necesitar una gran inyección privada de inversión para que la economía vuelva a funcionar. Estas reglas que parecen abstractas, propias de abogados especialistas, terminan siendo claves para la vida de todos nosotros, en especial para la creación de empleo y para que pueda haber negocios en la Argentina. Además, porque hay, y va a haber, mucha competencia, en particular en la región, para traer inversiones.

• Quien lee los diarios de la región o quien tiene una empresa con filiales, supongamos, en Brasil y en la Argentina, por un lado ve que en el país a una empresa que debe mucho se la estatiza, mientras que en Brasil a Embraer, compañía aeronáutica también en problemas, no.
• El secretario de Privatizaciones de Brasil se opuso a la idea de estatizar Embraer, tal como propuso un grupo de diputados asociados al sindicato metalúrgico de Lula. Ese secretario sostuvo que gracias a que esta empresa de producción de aviones es privada pudo pasar de 9000 a 28.000 puestos de trabajo. "Si estatizamos, ahuyentamos la inversión", sostuvo el funcionario brasileño. Quienes leen los diarios brasileños y los argentinos seguramente se pregunten en base a estas dos posturas diferentes, ¿dónde pongo mi dinero?
• Ahora, además de estos problemas conceptuales, ligados al caso Vicentin, aparece una gran falta de oportunidad. Esto se produce en el momento en que estamos negociando la deuda pública en dólares con jurisdicción en Nueva York.
• Entonces, toda la operación Vicentin a Martín Guzmán, que es el ministro que está en relación con los acreedores, le sale más caro porque del otro lado son astutos y se lo cobran: ahora le piden más plata porque le remarcan que ofrece bonos de un país que estatiza a una empresa atravesada por problemas económicos.
• Guzmán ya cedió más de 10.000 millones de dólares en la negociación y, pese a eso, no cierra el acuerdo y extiende aún más la fecha. No se entiende bien por qué toma esta decisión si Fernández le pidió que acuerde. Y si, como dice, está tan cerca de lograrlo: ¿Qué explicación le estará dando al Presidente para justificar esta demora permanente?
• Un error más: no percibir la situación del otro. Guzmán tiene una ventaja enorme, que es que del otro lado no tiene fondos buitre. Un buitre es, básicamente, un gran estudio jurídico que se dedica a comprar títulos "defaulteados" –es decir, en cesación de pagos- e ir a tribunales para ganar el juicio y recuperar la plata de ese bono, que compró a precio vil.
• Guzmán no lidia con ese tipo de bonistas. Él trata con administradores de bonos que pertenecen a fondos de inversión, y no quieren ir a tribunales. En general, compran y venden bonos de países emergentes, como la Argentina, y quieren tener ese bono contabilizado racionalmente en sus libros. Quieren acordar. No quieren decirle a su jefe que la negociación fracasó y hay que ir a litigar a un juzgado. No es su negocio.
• Sumado a esto, desde 2016, los acreedores tienen dificultades enormes para ganar juicios importantes porque en la renegociación de Mauricio Macri se fijaron pautas bastante rígidas para ellos. No es un gran negocio ir a litigar y, entonces, aunque quizás Guzmán no lo sepa, los tiene, en alguna medida, servidos. ¿Por qué no acuerda y regala el dinero que está regalando si, del otro lado, probablemente estén más asustados que él? Este es el gran signo de interrogación que, aparentemente, Fernández no se plantea.
• Es evidente que el mandatario fue puesto por Cristina Kirchner en la presidencia para arreglar este problema y no para dejar este frente abierto para quien asuma en 2023. La vicepresidenta puede pensar que será Axel Kicillof, su hijo Máximo o ella misma. Es decir, que Fernández es un Duhalde, y su rol es arreglar el problema de la deuda, normalizar la economía argentina y ponerla en funcionamiento; no vino ni a estatizar empresas ni a destruir la inversión. Esta era la idea original, pero se han extraviado.
• Sin embargo, Guzmán en vez de arreglar esta situación da conferencias y explica que no puede arreglar porque él quiere un acuerdo sustentable, es decir, que la Argentina pueda pagar. De todos modos, ya empieza a haber dudas de si es sustentable o no el acuerdo que está haciendo. De hecho, está fuera de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaba como un acuerdo sustentable. Guzmán está perdido en su laberinto.
• En este contexto, dijo algo muy inconveniente. Uno a veces tiene el impulso –incorrecto- de cuidar los intereses del Gobierno. Siguiendo ese impulso, uno les diría que dejen Twitter y las redes sociales. Hoy Guzmán publicó un tuit diciendo que la Argentina está volviendo a la "soberanía monetaria", que es la soberanía del peso. Esto quiere decir que vamos a ahorrar en pesos, con una inflación del 50%, y sin instrumentos para hacerlo.
• A contramano de esa idea, él le acaba de prometer a varios de los fondos cambiarles los bonos en pesos por otros en dólares. Esto lo hizo especialmente con dos: Templeton y Pimco, que ahorraron en pesos argentinos, como quiere el ministro, y les fue pésimo. La soberanía monetaria es solo para los argentinos que viven en el país y cobran un salario. Para los grandes fondos extranjeros la soberanía monetaria es el dólar y, por eso, les da un bono en dólares.
• Habría que recordarle a Guzmán que la última vez que se habló de "soberanía monetaria" en la Argentina fue cuando se estatizó Ciccone. El que hablaba de este concepto era Amado Boudou. Lo hizo para quedarse con la empresa y fue preso.
• Esto se agrava aún más considerando que el ministro habló de "soberanía monetaria" el mismo día que el Gobierno quiere salir de la "soberanía alimentaria". Pareciera que falta coordinación.
• Lo cierto es que esta situación remite, justamente, a Boudou, quien quiere cobrar una especie de reconocimiento que se le da a los presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte una vez que dejan el cargo por haber servido a la Patria con honor. Cuando fue condenado a prisión se le negó al exvicepresidente esta beca. Boudou depende de un fallo de la Corte. Si la Corte ratifica la condena de Casación, deberá volver a la cárcel.
• En este momento, Boudou está libre, y recurrió a la Anses, entidad a la que ya le hizo un juicio, para cobrar esta especie de jubilación: un premio que no le corresponde y que –por ejemplo- se le quitó a Jorge Rafael Videla. Boudou le ofreció a la administración hacer un acuerdo extrajudicial para que le den el dinero antes, con una rebaja, antes de que termine el juicio. La Anses le consultó esto a Carlos Zannini, y el procurador del Tesoro aceptó, lo cual viola dos convenciones internacionales contra la corrupción a las que está suscripta la Argentina.
• Estamos viendo si Boudou es un jubilado de privilegio, a quien le resuelven el pago en dos meses: una velocidad extraordinaria. En comparación, hay muchísimos jubilados que hicieron sus aportes, no se llevaron Ciccone a su casa ni fueron condenados, y nadie les resuelve el juicio por su jubilación de un plumazo.
• Esto nos da la idea de que, el que tiene palanca política, tiene ventajas sobre los demás. El caso de Boudou es otra demostración de este privilegio. Él está libre con el argumento de que es vulnerable por su salud, si bien no estaba en la lista que el Ministerio de Justicia había confeccionado para decir quiénes eran vulnerables, en la que figuran más de mil personas. Quien sí está es su amigo de toda la vida, José María Núñez Carmona, con quien –según la Justicia- se quedó con Ciccone. Él estaba en la lista, pero sigue preso. Es la diferencia de tener o no padrinos políticos. No se queda libre por el derecho, sino por palanca.
• Esta es una lección para Cristina Kirchner, que está tratando de que le cierren las causas que tiene abiertas por corrupción. Algunas se las van a cerrar y, tal vez, razonablemente, como la causa del dólar futuro, que es un tema político. Con el mismo criterio con el que se procesó a Cristina Kirchner se podría procesar al actual presidente del Central, al anterior y al anterior, por haber vendido dólares a un precio que no correspondía. El acuerdo con Irán también es materia de discusión: si es judicializable o si es un hecho político.
• Hay otras causas que son muy difíciles de defender. Ni qué hablar de Hotesur: una empresa que, estando vacía, cobraba toneladas de dinero. Cristina quiere acelerar las causas, pero encuentra problemas porque los jueces no trabajan a la velocidad que ella quisiera, ni tiene operadores que vayan a dar la cara por ella. Hoy daría la impresión de que hay más personas trabajando para que Boudou cierre sus causas y cobre la plata, que para que la actual vicepresidenta cierre las suyas.
• En el fondo es un problema de poder. En 2007, Cristina ganó en primera vuelta con el 45% y Elisa Carrió, que la siguió en cuanto a número de votos, sacó el 23%. Esos 22 puntos representan el margen de poder que tuvo Cristina entre 2007 y 2011. En la elección de 2011, sacó el 54% y Hermes Binner, que salió segundo, 17%. En esa brecha de 37 puntos se constituye la posibilidad de una hegemonía.
• Lo que parece no registrar este Gobierno -con Vicentin, la negociación de la deuda, el caso Ciccone, Boudou y las causas que necesita cerrar Cristina- es que la diferencia entre Fernández y Macri en la elección fue de 7 puntos: sacaron el 48% y el 41%, respectivamente. No hay margen para una hegemonía. Hay un límite. Entonces, cualquier arrebato se vuelve escandaloso porque hay un juego equilibrado. Si no registra este fenómeno, el Gobierno corre el riesgo de ensayar un autoritarismo sin poder. Es la política, estúpido.