El cambio de sistema procesal desató un huracán de internas, denuncias y desplazamientos en Comodoro Py

La principal reforma judicial de los últimos 20 años, con la puesta en marcha de un sistema acusatorio de investigación penal que deposita el poder en los fiscales federales, desató un huracán de conflictos en Comodoro Py, el edificio donde se desarrollan las investigaciones federales contra el poder.

Este terremoto ya se tradujo en un cisma en la Cámara Federal, que decidió cambiar su organización interna, desplazar a una histórica funcionaria a la biblioteca y sacar del edificio al fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe.

Y se visibilizó además en una denuncia penal que investiga el proceso de implementación a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunciado por el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani.

Si bien el nuevo sistema acusatorio ya está en marcha en 13 provincias, donde no hubo mayores problemas, mas allá de las adecuaciones edilicias aún incompletas y los reclamos presupuestarios, en Comodoro Py 2002, epicentro del poder real de la justicia federal, todo se magnifica.

Mientras el procurador Eduardo Casal envió la semana pasada su nota número 20 al ministro Cuneo Libarona, donde el dice que sin plata nada puede funcionar, el anuncio de la puesta en marcha de este nuevo sistema desde el 11 de agosto provocó movidas en la Cámara Federal.

Históricamente, la Cámara Federal era el cuerpo que controlaba a los jueces federales de primera instancia y, durante la década en que Ricardo Lorenzetti fue presidente de la Corte, funcionaba como un aceitado mecanismo para subir y bajar políticas judiciales.

Su presidente histórico fue Martín Irurzun, próximo a los 75 años y con intención de que el Poder Ejecutivo renueve su acuerdo para seguir en el tribunal.

Pero la Cámara Federal hoy está presidida por Mariano Llorens, un camarista que llegó con ímpetu al cargo y con intenciones de cambiar ese mecanismo de funcionamiento del tribunal.

Y en este afán consiguió el apoyo de sus colegas Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Del otro lado quedaron Irurzun, que resiste los cambios, y Roberto Boico, circunstancialmente en la misma línea que el juez decano del tribunal.

Llorens inspiró el dictado de una acordada que permitió desplazar de su cargo a Susana Echevarría, la todopoderosa secretaria general de la Cámara Federal, una funcionaria que durante décadas fue leal a Irurzun y que manejó con mano firme y centralizada la gestión del tribunal.

Para el desplazamiento de Echevarría a la Biblioteca y Oficina de Jurisprudencia fue necesario cambiar la organización de la Cámara Federal, con dependencias descentralizadas que responden al presidente y un coordinador, Santiago Canicoba, sobrino del exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Allí está también Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, una señal para los magistrados de primera instancia, que ya no son lo que eran antes y no reconocen ningún liderazgo político. Más aún, con Ariel Lijo fuera de la carrera por la Corte Suprema y de viaje para poner distancia y tiempo con su frustrada aspiración.

Todo estos cambios se dan de cara a la aplicación del sistema acusatorio, porque ese sector es lo más probable que se convierta en la Oficina Judicial de la Cámara Federal, desde donde se dispondrán las audiencias y se asignarán las causas y el orden de prelación de los casos.

La ley crea otras tres oficinas judiciales en Comodoro Py: una de los jueces de la garantías (primera instancia), una de los jueces de revisión (Cámara Federal) y una de juicio (tribunales orales). Cada una con sus contratos y personal. En el resto de las jurisdicciones del país hay una sola oficina.

Son los privilegios de este edificio, donde en promedio los juzgados tienen 50 empleados, cuando en el resto del país no llegan a una decena, con la misma cantidad de causas aunque con otra complejidad. Los camaristas federales enviaron su acordada a la Corte.

Pero en la reforma decidieron desplazar la oficina del fiscal ante la Cámara Federal Agüero Iturbe. En el nuevo Código los fiscales deberían tener un espacio propio, pero aún no se sabe qué edificio ocuparán y cómo se adecuaría, ya que deben tener oficinas de denuncias separadas de los imputados, lugares para resguardar evidencias y gabinetes periciales.

Pero la decisión de la Cámara Federal fue decirle a Agüero Iturbe que debe irse. Para “procurar la anexión de las dependencias que ocupa la Fiscalía de Cámara”. En buen romance, lo echaron.

Agüero Iturbe contestó a la Cámara con ironía. En un oficio, le dijo que se pretende desalojarlo con un eufemismo y que desde hace 28 años trabaja allí. Dijo que es una descortesía querer echarlo por oficio, pero le recordó que la disposición de los lugares de Comodoro Py 2002 no es resorte de la Cámara Federal, sino de la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal por debajo de la Corte.

Agüero Iturbe llama a Llorens “su excelencia” y, “sin ánimo de exasperar vuestra atención o exasperar su amabilidad”, le recuerda que para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio es necesario presupuesto: el propio juez escribió en una columna en un diario en la consideró que “está bien descubrir las necesidades presupuestarias”, pero ello “no aparece un obstáculo que pueda poner en funcionamiento el sistema en los plazos previstos por el Ministerio de Justicia”.

Mientras se suscitaba este ameno intercambio, la semana última avanzó en la fiscalía de Carlos Stornelli una causa que tiene delegada donde el fiscal Pettigiani, de Mar del Plata, denunció a Cuneo Libarona por violar sus deberes de funcionario al implementar el sistema acusatorio sin los recursos necesarios.

La causa está a cargo del juzgado de Lijo, pero delegada en el fiscal Stornelli avanzó al punto que ya citó tres veces a prestar declaración testimonial a Alberto Nanzer, el subsecretario a cargo de la implementación de este sistema en todo el país.

En el Gobierno siguieron de cerca esta declaración e interpretaron que estas citaciones eran una presión sobre el Ministerio de Justicia en momentos en que se discutía la ampliación de las partidas presupuestarias.

En los tribunales rechazaron esta interpretación, dijeron que Cúneo Libarona no está imputado en el requerimiento de instrucción y que en todo caso se autoimputó al designar abogado para que lo defienda.

Así las cosas, el sistema acusatorio que se pondrá en marcha en agosto ya dejó una guerra abierta entre Casal y el Gobierno por los fondos que no llegan, un enfrentamiento entre el fiscal de Cámara al que quieren desplazar y una división en la Cámara Federal. Y eso que aún faltan tres meses y no comenzaron las obras para adecuar las salas de audiencias a la nueva manera de hacer justicia.

Por Hernán Cappiello

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