El decreto presidencial de las telecomunicaciones reabrió viejos conflictos
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LA NACIONNicolás Balinotti
En el universo de las telecomunicaciones hay registrados casi 30 sindicatos. Algo así como un gremio cada 1000 empleados, si se tiene en cuenta que en el sector se desempeñan entre 28.000 y 32.000 personas. Para ordenar la representación y evitar una mayor dispersión, dos federaciones se reparten el poder. Una es la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Fattel), cuyo hombre fuerte, sin estar en la comisión directiva, es el kirchnerista Osvaldo Iadarola, dirigente enrolado en la CGT. La otra es la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Foeesitra), que encabeza el bahiense Daniel Rodríguez y que tiene influencia en el interior. El decreto presidencial 690/20, que congela las tarifas de telefonía e internet y establece al servicio como público y esencial, forzó una mesa de unidad sindical para presionar por una ley de telecomunicaciones.
A través de asambleas virtuales, los gremios de las telecomunicaciones definen una estrategia común pararesolver con urgencia la paritaria, que venció hace dos meses y cuyo desenlace se tensó aún más tras el decreto de Alberto Fernández. En uno de los Zooms multitudinarios, un dirigente se jactó de la importancia del servicio en tiempos de pandemia: "De nosotros dependen las comunicaciones. Somos tanto o más importantes que los camioneros de Moyano".
Iadarola, jefe del Sindicato de las Telecomunicaciones, tomó distancia de la comparación con una frase: "La telefonía e internet son vitales y nos hacen un gremio estratégico, que actuamos con responsabilidad". En el ajedrez sindical, Iadarola siempre se ubicó en la vereda de enfrente de Moyano. Sucedió cuando la CGT se dividió en tres y sucede ahora, cuando su gremio se agrupó en un sector que no acepta la eventual candidatura de Pablo Moyano como secretario general de la central obrera.
En una solicitada publicada en el diario Página 12, la mesa de unidad sindical de las federaciones gremiales telefónicas valoraron la medida de Fernández y pidieron que sea el puntapié para impulsar una ley integral de las telecomunicaciones. Los gremios trabajan en un borrador que evalúan cotejarlo con el Gobierno en las próximas semanas.
"Necesitamos una ley que busque la inclusión de todos los argentinos en la modernización permanente y que despliegue infraestructura y servicios en todo el territorio nacional, garantizando la máxima calidad de servicio con precios justos y razonables, estableciendo el acceso de todos sin diferencias sociales o económicas a través de la prestación básica universal obligatoria en condiciones de igualdad", dice un fragmento del mensaje, que pide, también, renovar las leyes de regulación, las cuales algunas datan de 1972.
Demandan, además, que el acceso a internet sea gratuito tanto para las escuelas como hospitales públicos, y garantizar una tarifa social básica accesible para toda la población, estableciendo una clara segmentación para no subvencionar a los que no lo necesitan. El decreto presidencial tomó por sorpresa a las compañíasTelecom, Telefónica, Telecentro y Claro. Incluso algunas de ellas deberán retrotraer aumentos ya facturados. Para los gremios, la pulseada que se abrió entre el Estado y las empresas por el alcance del servicio y las tarifas es una oportunidad para nuevas conquistas o reflotar causas perdidas. Incluso, hasta para concretar un único convenio colectivo para la actividad. Iadarola, por ejemplo, reconoció que reimpulsará el viejo reclamo por el bono de participación en las ganancias, una demanda que viene a partir de la privatización de la ex-Entel, en 1989. El kirchnerismo, a través de Héctor Recalde, y la izquierda, mediante Néstor Pitrola, lograron en 2015 avanzar en un proyecto de ley que logró la media sanción en Diputados, pero con el que cambio de gobierno perdió impulso y jamás se retomó.
"Si volvemos a la carga con el bono de las ganancias será para adelante, para no complicar al Estado", advierte Iadarola, jefe del gremio de las telecomunicaciones desde 1997. Sus opositores en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra) sospechan de cierta intencionalidad electoral, ya que en 2021 se deberán renovar autoridades. Hace cuatro años, para calmar las críticas opositoras, Iadarola tuvo un gesto. Modificó el estatuto de los telefónicos e incluyó a la minoría en la comisión directiva, una salvedad en los estatutos sindicales. Así, en una alianza inédita entre el PO y el PTS, la izquierda accedió a tres vocalías. En la cúpula del Foetra se da una convivencia extraña: el número dos de Iadarola es Claudio Marín, un militante kirchnerista muy activo en la ciudad de Buenos Aires e integrante de la CTA que encabeza Hugo Yasky, y están los trotskistas.
Desde la izquierda, a través de la abogada Liliana Zabala, argumentan que cuando se privatizó Entel, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Dicen que nunca se cumplió ni se tuvo en cuenta el fallo de la Corte (caso "Gentini"), que instó en 2008 a pagar el porcentaje correspondiente. Tanto desde las empresas como desde los gremios desconocen a cuántas personas involucraría y cuánto dinero insumiría este reclamo por el bono que se reflotó a partir del decreto presidencial, validado anteanoche por el Senado.
La fusión Telecom-Cablevisión
También resurgió en el debate un tema sensible, que reaviva de alguna manera el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Desde la izquierda, impulsan una causa judicial en la que se pide la nulidad de la fusión Cablevisión-Telecom, concretada en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.
Jorge Horacio Sombra, detrás de quien actúa la abogada Zabala, vinculada a los gremios telefónicos, es quien impulsa la demanda contra la fusión al considerar que dos de los cinco vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) deberían haber sido impugnados por sus nexos con Telecom SA. Se trata de Esteban Greco, que en su momento era el presidente del organismo de control, y de Roberta Marina Bidart. Greco y Bidart trabajaron en la consultora GPR Economía, entre cuyos clientes estaban Telecom SA y Cablevisión. Greco renunció dos años antes de aprobarse la fusión, por lo que debía excusarse en el dictamen ya que, como sostiene la presentación, contradice las normas de ética pública que extiende a 5 años la inhibición para actuar. En cuanto a Bidart, Zabala busca probar que la exvocal de la CNDC trabajó para GPR durante 16 años, desde marzo de 2004 hasta febrero de 2020. Ambos casos fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción (OA), que lideraba Laura Alonso, pero solo hubo un "llamado de atención" para Greco, que no quiso hablar con LA NACION.
Con el decreto, el Gobierno ya dio un primer paso en la intervención del mercado de las telecomunicaciones. ¿Intentará avanzar otra vez contra Clarín? Alberto Fernández pareció dar alguna pista el miércoles en una entrevista en TN, la señal de noticias del grupo.
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