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El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
Junto con los abogados de otros implicados en el ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal cuestionó la decisión de la Cámara Federal que ordenó en diciembre pasado reabrir el caso; se atribuye el ataque a Montoneros
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En una audiencia de alta temperatura celebrada este jueves en los tribunales de Comodoro Py, el abogado del exlíder de Montoneros Mario Firmenich y la defensa de otros involucrados en la voladura del comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, en julio de 1976, cuestionaron la decisión de la Cámara Federal que ordenó en diciembre último reabrir la investigación del trágico atentado, que provocó 24 muertos y un centenar de heridos.
“Quince magistrados, entre fiscales, jueces de primera instancia, jueces de Cámara, jueces de esta Cámara de Casación y ministros de la Corte han considerado la prescripción del hecho investigado por la ausencia de participación estatal”, marcó el defensor de Firmenich, Gustavo Maradini Drago, ante los jueces de la Sala I de Casación.
“Nunca la organización a la que se le atribuye este hecho tuvo control territorial de ninguna porción del Estado argentino”, completó el abogado, que fue abucheado y aplaudido, según el caso, por las más de 40 personas que colmaron el salón con pancartas fotos y consignas varias.
Al letrado de Firmenich lo precedió la abogada y dirigente de izquierda Myriam Bregman, representante de Patricia Walsh, hija del fallecido escritor Rodolfo Walsh, que fue acusado de ser el autor intelectual del atentado.
Bregman aseguró que el fallo de la Cámara Federal se produjo en sintonía con la intención del Gobierno de emprender una “batalla cultural” y, en particular, con la llegada a la vicepresidencia de Victoria Villarruel, quien en 2009 se presentó en la causa como “amiga” del tribunal.
Cada una de las intervenciones exigía al presidente de la Sala, Diego Barroetaveña, renovar su pedido de silencio para continuar con la audiencia.
“Es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años”, atizó Bregman. “Ahora creen que tienen un contexto favorable para mancillar la lucha por la memoria y están buscando la impunidad de los genocidas”, remarcó.
A su turno, el defensor oficial Santiago Martínez, que representa a un extenso grupo de personas que son nuevamente investigadas por el hecho, dijo sobre la voladura: “No nos encontramos ni ante un agravio a los derechos humanos ni ante un crimen internacional ni ante un crimen de lesa humanidad”.
“Además -sumó luego- esta posibilidad de investigar un hecho 50 años más tarde y 22 años más tarde de la denuncia original afecta el principio de ser juzgado en un plazo razonable”.
A ellos los siguió la querella que, conectada a través de un Zoom, validó la decisión de la Cámara.
“No es posible sostener que la colocación de una bomba que se llevó dos decenas de vidas y más de 100 heridos y mutilados no pueda constituir una violación grave a los derechos humanos”, marcó la abogada de la organización Justicia y Concordia, Laura Olea. “Choca contra el sentido común y el sentido natural de la Justicia”, añadió.
Olea ubicó el ataque al comedor de la Policía Federal en el marco de la guerra fría. “En ese período sufrió nuestra nación lo que la Cámara Federal calificó como un hecho notorio: una guerra revolucionaria. No se trata de un hecho aislado, se enmarca en los 21-000 atentados cometidos por organizaciones terroristas”, sostuvo la letrada.
La siguió Ricardo Saint Jean, abogado también de la organización, quien reforzó la idea, asegurando que existió un financiamiento a Montoneros por parte de Cuba y otros “estados extranjeros”.
“Estos asesinos pusieron 5200 bombas. Pretender que colocar una bomba no significa una grave violación de los derechos humanos es intentar tapar el cielo con las manos”.
Sobre el final, Saint Jean aseguró que la violación del plazo razonable es el único planteo con el que “podría estar de acuerdo”, siempre y cuando los alcances de un fallo en este sentido “abarcaran también a la enorme cantidad de oficiales y suboficiales jóvenes que recibieran el mismo trato que estos asesinos y terroristas”.
Fallo de la Cámara
En diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decidió reabrir el expediente e indicó que Firmenich debía ser llamado a prestar declaración indagatoria como responsable por el ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal.
“La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare -escribió el juez Llorens en su voto. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado [la agrupación Montoneros], a las distintas células encargadas de su logística y realización -los integrantes del denominado “Pelotón de Combate Sergio Puigros”-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos no neutralizan los crímenes de los otros”.
José María Salgado, de 21 años, fue identificado como el responsable material del hecho. Había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en la organización armada, que ya actuaba en la clandestinidad.
“Los horrores de la dictadura se llevaron, por lejos, el primer lugar en la competencia de atrocidades y barbarie. Pero una vez que ese resplandor pudo ser apaciguado, los contornos se definieron, dejando ver que también había otras crueldades para analizar”, dijo Llorens.
Propuso, además, revocar el sobreseimiento de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, pero quedó en minoría. De todas maneras, todos volvieron a ser investigados.
Sus colegas, los magistrados Bruglia y Bertuzzi coincidieron con sus argumentos. Mencionaron que en este caso “es la total ausencia de una labor investigativa seria, así como una inacción absoluta por parte del Estado en su deber de esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores”.
