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El factor económico detrás del debate sobre las internas
Distintos argumentos se escucharon de dirigentes y candidatos de la oposición para defenestrar el proyecto de ley del radicalismo que propone suspender parcialmente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para el 11 de agosto. El más atendible es aquel que esgrime que no se deberían alterar las reglas de juego en pleno proceso electoral . Pero hay otro interés, subterráneo y que nadie menciona, que es el que en realidad motiva a los partidos políticos a mantener vigente las primarias.
Se trata de un interés económico: cada compulsa electoral garantiza el reparto de millones de pesos del Estado entre las distintas fuerzas partidarias en concepto de impresión de boletas y aportes de campaña. Esos recursos constituyen un insumo vital para la actividad proselitista de los respectivos candidatos, y con las elecciones primarias se les anticipa una buena tajada, sobre todo para los partidos minoritarios.
La ley de financiamiento de los partidos políticos y su reciente reforma, aprobada por el Congreso el mes pasado, garantizan un importante flujo de ingresos para las fuerzas políticas que competirán este año en las elecciones presidenciales. Para las primarias, por caso, la norma establece que el Estado otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a una boleta y media (1,5) por elector registrado en cada distrito. Un cálculo simple permite dimensionar la magnitud del reparto. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, este año cada millar de boletas tendrá un costo de $546,25. Este monto resulta de una cotización efectuada por la Casa de la Moneda. Si se toma el distrito electoral más importante, Buenos Aires, con sus 12.363.057 votantes (el 37 por ciento del padrón nacional), resulta que cada agrupación política que compita en esa provincia recibirá unos 10 millones de pesos. Solo para imprimir sus boletas.
Según fuentes del Ministerio del Interior, el presupuesto total de este año destinado a la impresión de boletas (para todos los distritos y considerando las primarias y la primera vuelta) rondará los 1500 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que las fuerzas políticas que superen el umbral del 1,5% de los votos que fijan las primarias recibirán más recursos para la impresión de sus boletas cuando compitan en las generales de octubre, ya que la reforma de la ley de financiamiento político elevó de 1,5 a 2,5 la cantidad de boletas por elector empadronado.
Las agrupaciones partidarias no solo reciben recursos del Estado para sus boletas. También percibirán ingresos en concepto de aportes de campaña y, por supuesto, las primarias están incluidas. Según datos oficiales, se presupuestaron $680 millones para este concepto para todo el proceso electoral.
"La ley estableció aportes extraordinarios para las campañas previas a las primarias para garantizar que cada candidato que compita dentro de una misma agrupación reciba los recursos necesarios para sus actividades proselitistas. Pero este año ningún candidato presidencial competirá en elecciones primarias. Es un gasto sin sentido: recibirán aportes para no competir", analizaba ayer un funcionario de la Justicia Electoral.
Según el Ministerio del Interior, y tal como publicó LA NACION la semana pasada, las elecciones primarias que se celebrarán en agosto insumirán unos $4500 millones. El hecho de que ninguna fuerza política haya decidido competir en la categoría presidencial -todas las listas inscriptas en la Justicia llevan una fórmula acordada- desató la polémica sobre la utilidad de las primarias y el elevado costo que le demandarán al Estado.
Esta controversia motivó al jefe del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a impulsar un proyecto de ley para suspender las primarias en la categoría presidencial y en todos aquellos distritos donde las agrupaciones políticas hayan acordado sus listas legislativas. Esgrimió que de aprobarse la iniciativa el Estado evitaría un gasto inútil. El ahorro, sin embargo, sería relativo: de las 24 provincias, 17 celebrarán elecciones primarias en la categoría legislativa. Solo en siete no habrá compulsas internas. El precedente de vulnerar las reglas de juego en pleno proceso electoral sería más costoso en términos institucionales que económicos.
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