El fin de la era de las prisiones preventivas

Paz Rodríguez Niell
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20 de septiembre de 2019  

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi firmaron esta semana un fallo que deja a la vista lo que todos saben en Comodoro Py: el boom de las prisiones preventivas se está terminando.

No sienta jurisprudencia ni obliga a nadie a seguir su doctrina, pero es un fallo testigo.

Bruglia y Bertuzzi ordenaron liberar a Oscar Thomas, exfuncionario kirchnerista, cuando estaba a punto de cumplir un año preso por el caso de los cuadernos de las coimas.

Los camaristas coincidieron con el fiscal en que no había peligro de fuga a pesar de que en esta misma causa el acusado había estado prófugo 48 días, y dijeron que tampoco había riesgo de que entorpeciera la investigación -el otro motivo que justificaría dejarlo detenido- porque la investigación estaba terminada y estaban en marcha los trámites para enviar el expediente a juicio.

El derecho no es matemática, pero si en los últimos años hubiera primado la lógica del caso Thomas, las causas de corrupción tendrían muchos menos presos

Fue una lectura de la situación muy favorable para Thomas: ante el mismo escenario -la proximidad de un juicio- hubo fallos que sostuvieron todo lo contrario: que faltando poco para el desenlace del proceso se justificaba prorrogar la prisión preventiva para garantizar el juicio (por ejemplo, en el caso de Lázaro Báez).

El derecho no es matemática, pero si en los últimos años hubiera primado la lógica del caso Thomas, las causas de corrupción tendrían muchos menos presos.

Un nuevo clima de época

"Cada situación es distinta y cada caso hay que analizarlo por separado teniendo en cuenta múltiples indicadores", dijo una fuente de la Cámara Federal el martes, después del fallo de Thomas; admitió, no obstante, que los jueces son conscientes de que lo decidido en esa resolución "podría incidir" en otros casos.

Por lo pronto, el del empresario Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería, que está detenido en el mismo proceso -también a punto de ser elevado a juicio- y nunca se fugó.

Desde lo jurídico, siempre es más fácil explicar una excarcelación que una detención porque, por el principio de inocencia, la libertad debe ser la regla durante el proceso.

Así lo establece la Constitución y lo advierten los tribunales internacionales. Por eso, el dato relevante es el cambio.

El fallo Thomas, lo que muestra, es un nuevo clima de época, en la misma semana en la cual los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa consiguieron la excarcelación en una de las causas por las que están presos.

Lo resuelto en Thomas es una de esas decisiones judiciales que dejan a la vista hacia dónde están girando los tribunales.

El tema de fondo en lo que respecta a las investigaciones por corrupción es qué va a pasar con las causas

Como lo hizo la "doctrina Irurzun", un voto en una decisión solo aplicable a un caso concreto -el de Julio De Vido-, pero que fue citado por otros jueces como "criterio de interpretación" para fundar otras detenciones de exfuncionarios del kirchnerismo.

El primero fue Ariel Lijo. El 3 de noviembre de 2017, una semana después del voto del camarista Martín Irurzun en el caso de De Vido, Lijo ordenó la prisión preventiva del exvicepresidente Amado Boudou, cuando lo llamó a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero. Entre sus argumentos citó lo escrito por Irurzun.

Lo que pasaba entonces coincidió con un fenómeno que excedía a los tribunales de Comodoro Py. Ricardo Lorenzetti, desde la presidencia de la Corte Suprema, hablaba de la necesidad de hacer de la lucha contra la corrupción una "política de Estado", recibía a Sergio Moro, el juez del Lava Jato, y les daba un lugar preeminente en sus actos a los jueces de Comodoro Py que instruían causas de corrupción.

El caso Thomas deja a la vista hacia dónde están girando los tribunales

A contramano con lo que parecía ser el sentir general, el año pasado el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó las largas prisiones preventivas y dijo que nunca es bueno que se pida la detención de una expresidenta.

Garavano jamás se llevó bien con Comodoro Py.

Elisa Carrió respondió entonces con un pedido de juicio político contra el ministro. Hoy, Carrió dice que quiere "la libertad" para De Vido, porque está enfermo y tiene 70 años. "Aunque sea el mayor ladrón de la Argentina". Lo sostuvo al cuestionar la situación de militares presos en causas de lesa humanidad. A la hora de decidir si un acusado debe esperar su proceso en libertad o en prisión, el fallo que sí sentó jurisprudencia y es de aplicación obligatoria en la Justicia Penal fue el plenario Díaz Bessone, de 2008.

En esa sentencia, la Cámara de Casación le negó la excarcelación a un general acusado de crímenes de la dictadura, pero destacó que la prisión preventiva es la "excepción" y no la regla general, y que solo debe dictarse cuando "haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación".

Desde entonces, la gravedad del presunto delito ya no justifica, por sí sola, la prisión preventiva de su autor y los jueces tienen un enorme margen de interpretación sobre si hay o no peligro en cada caso. Eso permite movimientos pendulares en los criterios. Pero más allá de las prisiones preventivas, el tema de fondo en lo que respecta a las investigaciones por corrupción es qué va a pasar con las causas.

Si la tendencia se confirma y los acusados más poderosos dejan la cárcel, el paso del tiempo podría convertirse en una salida. Procesos que se eternizan. Eso siempre y cuando el tiempo no sea tanto que haya otro giro y vuelva a cambiar el clima de época.

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