El fiscal Diego Luciani dijo que el kirchnerismo sometió al Congreso a un “apagón informativo” para evitar controles

El fiscal Diego Luciani retomó hoy su alegato y afirmó que el kirchnerismo sometió al Congreso a un “apagón informativo” y le escondió los “cuantiosos fondos públicos” destinados a Santa Cruz para imposibilitarle los controles.

“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, dijo el fiscal, y afirmó: “Lisa y llanamente, les mintieron”.

Luciani dijo que “pese a lo sostenido por Cristina Fernández” en este juicio, el Poder Ejecutivo “monopolizó el manejo” de buena parte de la información sobre el manejo de los fondos públicos y “desconoció” normas que lo obligaban a darle más elementos al Congreso para que pudiera controlar.

“Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Luciani en el tramo final de su primera intervención de esta mañana.

El fiscal fue recusado la semana pasada por la defensa de la vicepresidenta, acusada central en este juicio, que investiga una presunta estafa al Estado con el manejo de las obras viales en Santa Cruz. El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su recusación y el resto de las planteadas por las defensas.

En cuanto al rol de quienes fueron jefes de gabinete durante el kirchnerismo -incluido el actual presidente Alberto Fernández-, que firmaron el cambio de destino de los fondos, el fiscal dijo que ellos “han modificado los presupuestos aprobados por el Congreso a instancias del ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido”, que es uno de los acusados de haber integrado la asociación ilícita. Los exjefes de gabinete no fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal y no están siendo juzgados en este caso. Fernández declaró como testigo en la causa.

Luciani destacó un “informe demoledor” de la Auditoría General de la Nación (AGN) “sobre las metas y los controles” en las obras viales, que el gobierno de Cristina Kirchner desoyó.

Minutos después de las 9.00, Luciani cedió la palabra al fiscal Sergio Mola, que siguió con el análisis de la falta de controles sobre el manejo de la obra pública vial de Santa Cruz. Se refirió puntualmente a los controles de los órganos de la provincia. “En vez de auditar lo que pasaba en la obra pública se dedicaban a controlar cosas muy menores; gastos de farmacia, de librería. No se controló absolutamente nada”, dijo Mola. “Cuestionaban licitaciones de 80.000 pesos, 60.000 pesos, y no se inmutaban con las obras de 600 millones de pesos que se adjudicaban en menos de 20 días”, sostuvo. “Del universo elegible que tenían para auditar, lo que hicieron fue, en los hechos, no auditar nada.”

“Hubo una ceguera intencional para aparentar un control que no existió. Cerraron los ojos”, afirmó el fiscal.

También destacó el rol que debió haber ejercido la Sigen (máximo organismo de control interno de la Nación) sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Ministerio de Planificación Federal. Y remarcó que la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue nombrada como “una de las cabezas” de ese organismo, pese a que el ministerio que controlaba su marido era “uno de los puntos más sensibles y riesgosos” dentro del Gobierno “en lo que hace a corrupción”.

“La esposa de Julio De Vido fue designada en un puesto clave en el organismo que tenía que controlar, entre otros, a De Vido -dijo Mola-. El mensaje que emanó del Poder Ejecutivo es nefasto, fue un mensaje fue muy claro: acá no se va a controlar nada.”

Mola insistió: “Podemos concluir que no existió respecto de estas obras el control correspondiente a pesar de que ese ámbito, el de la obra pública, se trata de un área especialmente riesgosa para la corrupción. Solo se relevaron las rutas nacionales y no las provinciales. No se realizaron controles de calidad de obras, eran auditorias express”.

El fiscal también apuntó contra el rol de la Unidad Información Financiera (UIF) tras los informes pedidos por Javier Iguacel en 2016. “Se auditaron otras cosas que nada tenían que ver con la legalidad de las licitaciones y con la correcta ejecución de los contratos”, afirmó. Mola trazó una diferencia con la Auditoria General de la Nación (AGN) y consideró que “dio las alertas necesarias”.

“Austral Construcciones fue utilizada de manera principal para defraudar a la administración pública por eso en todos los ámbitos que vamos viendo se evita cualquier tipo de controles”, aseguró Mola quien remarcó en varias oportunidades que quienes tenían la capacidad “organizativa” para lograr estas maniobras eran Néstor y Cristina Kirchner. “Recién se ejerció un control sobre esta empresa cuando finalizó el gobierno de Cristina”, agregó.

Mola continuó con su enumeración sobre la falta de controles. “Desde la IGJ se otorgó cobertura a esta sociedad, pese a que había múltiples denuncias públicas que debieron generar la intervención”, apuntó.

“Los órganos de control se encontraban absolutamente parasitados por la acción de los miembros de la organización. Contrariamente cuando los controles y las alertas funcionaron, como en el caso de la AFIP, lo que sucedió es que los miembros de la sociedad ilícita neutralizaron la investigación”, dijo el fiscal.

En esa línea, señaló que hubo normas hechas “a medida” para que no se descubriera “el entramado delictivo”. Se refirió a una resolución de la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray en ese momento, gracias a la cual, según Mola, se frenaban investigaciones mediante el cambio de domicilio de la sociedad. “En la práctica, con un mero cambio de domicilio apartaban a los funcionarios intervinientes y podían escoger a quiénes querían que trataran su caso”, relató.

“El trabajo de estos funcionarios [de la AFIP] estaba afectando no solo a Lázaro Báez sino a toda la maniobra delictiva en su conjunto y todos los negocios que estaban en gestación con los expresidentes”, señaló y remarcó: “Los únicos que tenían la capacidad organizativa y para que todo esto pudiera suceder de esta manera eran los presidentes [Néstor Kirchner y Cristina Kirchner]”.

Después de un cuarto intermedio, el fiscal Luciani retomó la palabra para “dar la razón por la cual un empleado bancario en tan solo tres años se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz”. El fiscal aseguró que Báez, en esa provincia, “para los oferentes y los funcionarios, era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández”.

“A pesar de que los expresidentes no tenían formalmente competencia en las adjudicaciones propiamente dichas, sí tuvieron competencia e influencia formal en el armado de la estructura funcional y financiera necesaria para que esto sucediera”, argumentó.

Luciani destacó que “el empresario beneficiado” no solo era “amigo personal de los expresidentes”, sino que “paralelamente realizaban entre sí numerosos negocios”. Y enumeró las operaciones comerciales entre Báez y el matrimonio Kirchner.

En primer lugar, mencionó que Baéz construyó un edificio con diez departamentos por $352.000, en 2006. Según señaló, en 2007 “empezaron los negocios jurídicos”. Ese año, Cristina Kirchner le cedió un inmueble a Austral Construcciones. El siguiente, ya siendo presidenta, le transfirió la titularidad del mismo. Luego detalló la compraventa de 10 propiedades, todos lotes en Río Gallegos, que ocurrieron entre 2008 y 2009. Sumó además un préstamo de Austral hacia los Kirchner por $8.329.596,50.

Luciani siguió con las operaciones comerciales con la sociedad Los Sauces y detalló dos construcciones en lotes de Santa Cruz, uno de Cristina y otro de Néstor Kirchner, que fueron cedidos el mismo día.

Según los fiscales, en este caso está comprobada la corrupción y Cristina Kirchner, más que un conflicto de intereses, tenía con Báez “un conjunto de intereses mutuos”.

LA NACION

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