El fiscal pidió que Emir Yoma siga preso y vaya a juicio oral

Emir Yoma tuvo ayer otro mal día: el fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Jorge Urso que procese y dicte la prisión preventiva del ex cuñado de Carlos Menem por considerarlo organizador de una asociación ilícita que vendió armas a Croacia y a Ecuador, entre 1991 y 1995. Y un sobrino del detenido, que declaró ayer como testigo, en lugar de beneficiarlo con sus dichos podría perjudicarlo, según fuentes judiciales.

Muhammad Yalal Nacrach, hijo de Delia Yoma y ex presidente de Elthan Trading, accionista mayoritaria del Grupo Yoma SA, afirmó ayer ante el magistrado que presidió hasta 1995 la compañía constituida en Uruguay "a pedido de Emir", señalaron dos informantes con acceso al expediente.

El defensor de Yoma, Mariano Cúneo Libarona, confirmó anoche que el testigo declaró que como "Elthan Trading iba a ser socia de Yoma SA en la Argentina y sus dueños no tenían ninguna persona de confianza en el país, él fue representante durante unos meses por pedido de Emir".

En registros oficiales del Uruguay consta que Nacrach fue presidente y no representante de la sociedad.

Yoma siempre negó tener vínculos con esa empresa, que ordenó una transferencia de dos millones de dólares mediante la firma off shore Daforel, destinado a Yoma SA, el 24 de diciembre de 1994, 45 días antes de los últimos embarques de armamentos a Croacia y a Ecuador investigados en el expediente.

Al salir de Tribunales, Nacrach se negó a responder si Elthan Trading era una "empresa fantasma", que sirvió para transferir dinero obtenido en forma irregular. "No puedo hacer comentarios", señaló, antes de indicar que "la familia confía en la inocencia" de Yoma, preso en Campo de Mayo.

Un rato antes, Stornelli había confirmado que pedirá que amplíen su declaración indagatoria los ex ministros procesados en la causa Oscar Camilión, Guido Di Tella y Antonio Erman González, a quienes la Sala II de la Cámara Federal señaló como posibles miembros de la organización delictiva que habría comandado Yoma.

Camilión, Di Tella y González, igual que el ex presidente Menem y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmaron los decretos que permitieron el envío ilegal de armas. Pero ni Menem ni Cavallo fueron hasta el momento indagados en la causa.

Según el fiscal, la declaración del ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga "es una prueba valiosísima porque es el primer relato de confesión que se escucha de uno de los principales involucrados en los hechos".

El testimonio de Sarlenga

El viernes 6, Sarlenga declaró ante Urso que "Emir (Yoma) era el organizador" de la asociación ilícita que ideó la maniobra que se investiga en Tribunales desde hace seis años.

El testimonio de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Yoma y ex pareja de Cúneo Libarona, también fue tenido en cuenta por Stornelli para pedir el procesamiento de Yoma, según fuentes judiciales. Ella manifestó que el abogado le confesó que Yoma había sido quien cobró la coima de 400.000 pesos que denunció el traficante de armas Diego Palleros.

Aunque no trascendió el contenido del dictamen presentado ayer por Stornelli, en el que el fiscal evalúa que la prueba reunida en la causa es suficiente para que Yoma permanezca en prisión y enfrente un juicio oral, allegados a la causa indicaron que habría constancias judiciales que corroborarían los dichos de Sarlenga y de Di Natale.

"Para un auto de procesamiento, que no es una sentencia del juicio oral y público que vendría luego, el fiscal y el juez se deben mover con el principio de verosimilitud e importancia de lo colectado en el expediente. Esto es de fundamental importancia, porque en orden a lo que resolvió la Sala II de la Cámara y el principio de responsabilidad que cabía a lugares del poder político del Estado, se acopla la postura del fiscal a lo dicho por los camaristas", opinó el abogado Ricardo Monner Sans, denunciante del caso.

Aunque en los últimos días se especuló con una declaración en la causa del titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, una fuente inobjetable dijo ayer que "el funcionario no está citado como testigo". Sin embargo, según las fuentes, Urso quiere que Pou explique los motivos de la tardanza del BCRA para responder informes sobre empresas que habrían tenido participación en la maniobra.

Cúneo Libarona presentó ayer seis escritos en el juzgado federal a cargo de Urso, indicó anoche a La Nación .

Dijo que solicitó, entre otras pruebas, un careo entre Sarlenga y Di Natale, las declaraciones del coronel (R) Edberto González de la Vega, de varios empleados de FM y de dos contadores de la Corte Suprema que habrían hecho un peritaje contable sobre la sociedad Elthan Trading, en la causa en la que el juez federal Claudio Bonadío investiga al Grupo Yoma.

Cúneo Libarona afirmó que también presentó un escrito que indicaría que Di Natale "no está bien de la cabeza" y un dictamen del fiscal de instrucción Lucio Herrera en el que el representante del Ministerio Público imputa a la ex empleada de Yoma por una presunta extorsión a su jefe. Además de varios peritajes contables, el defensor habría aportado un video en el que Palleros asegura en una entrevista televisiva que no conoce a Emir Yoma.

Allegados al detenido, no obstante las pruebas pedidas por el defensor, estiman que Urso procesará y dictará la prisión preventiva de Yoma como organizador de la asociación ilícita, un delito que prevé una pena no excarcelable de cinco a doce años de prisión.

El magistrado está entre la espada y la pared. Por un lado, enfrenta la presión de Stornelli, de la Sala II de la Cámara Federal y de la opinión pública, que reclaman que se castigue a los máximos responsables de la operación, incluidos -si corresponde- Menem y Cavallo. Por otro, están la defensa, el clan Yoma y los menemistas, que lo nombraron juez. Urso resolverá en los próximos días.

Suspicacias

• La presencia del secretario privado de Presidente, Leonardo Aiello, en los tribunales federales generó ayer suspicacias. Pero, según aseguró el funcionario, su visita a Comodoro Py 2002 obedeció a un error de su chofer, que debía llevarlo al juzgado correccional Nº 13, situado en avenida de los Inmigrantes 1950, para que declara en una causa en la que se investiga una pelea matrimonial entre vecinos de la que Aiello fue testigo.

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