El fondo acusado por la Presidenta es accionista de YPF

La presidenta Cristina Kirchner denunció anteayer por la tarde una conspiración de los fondos buitre "para poner de rodillas a la Argentina". Sostuvo ese argumento en que el fondo de inversión BlackRock le compró a Paul Singer, cara visible del fondo Elliot, una participación en la imprenta Donnelley, que presentó la quiebra a fines de la semana pasada y dejó en la calle a 400 trabajadores, acción por la que el Gobierno intentará aplicarle la ley antiterrorista.

La tesis presidencial parece estar atada a una convicción cuanto menos polémica: los fondos de inversión que participan en compañías argentinas están más interesados en perder millones de dólares para desestabilizar al país antes que en hacer buenos negocios. Un somero rastreo del comportamiento inversor del acusado BlackRock puede, cuanto menos, poner en entredicho esa creencia.

BlackRock tiene una de las billeteras más grandes del planeta, que lo convirtieron en el mayor gerente de activos de todo el mundo. Según los números del segundo semestre, que envió a la SEC, el organismo de control bursátil norteamericano, maneja una cartera de casi 232.000 millones de dólares. Esa cifra multiplica por ocho las reservas del Banco Central, debajo de los US$ 29.000 millones.

Además de Donnelley, BlackRock destinó una pequeñísima porción de esos fondos a poner un pie en los recursos naturales argentinos. Lo hizo por el camino más cercano al Gobierno: tiene unos dos millones de acciones de YPF, la que más avanzó en el desarrollo de recursos no convencionales de crudo y gas contenidos en Vaca Muerta. Son unos 740 millones de pesos.

En junio de este año, Will Landers, uno de los gerentes del fondo, le explicó al público por qué tomó una posición en la petrolera. Sus argumentos parecen escritos por un funcionario kirchnerista: fue "el resultado de valuaciones atractivas y lo que sentimos que es un riesgo reducido para el sector dadas las chances en el marco regulatorio argentino (es nuestra primera inversión en el país en varios años)".

La Presidenta sospecha, de todas maneras, que esa clase de organizaciones intenta desestabilizar al país. Por eso le ordenó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que rastreara la presencia de fondos en las empresas argentinas. El administrador federal debería comenzar por echar un vistazo sobre el capital social de la propia petrolera estatal, a su vez la mayor compañía del país, ya que hay más de 10 fondos de inversión, cuya manera de hacer negocios (están acostumbrados a realizar operaciones financieras e inversiones en empresas de manera flexible) que podrían responder al modelo cuestionado por Cristina Kirchner. Tienen entre el 0,13% y el 1,68% de la empresa. Algunos nombres: Lazard Emerging Markets, Hartford Capital, Fidelity Diversified, Delaware Group Global & International Funds y Hartford Capital Appreciation.

Hay también una lista variada de accionistas institucionales, como el fondo del multimillonario George Soros, quien esta semana le hizo un favor a la petrolera. Compró acciones y, por su buena reputación inversora, empujó al alza los títulos de la empresa.

El interés de BlackRock por la Argentina no es reciente. Data de mucho antes de la crisis de la deuda. De manera indirecta, estaba presente en YPF a través de sus acciones en la española Repsol, su anterior accionista. Y compró deuda soberana. En febrero de 2013, uno de sus directivos le dijo a la agencia Bloomberg que se estaba volviendo "más positivo" con respecto a la Argentina.

Anteayer, la presidenta recordó que BlackRock se presentó como amicus curiae (acompañaba la posición argentina) en la disputa contra los fondos buitre. Pero lo consideró como un hecho "curioso".