El futuro judicial de Cristina y las hostilidades de Comodoro Py

Eduardo "Wado" de Pedro, el camporista que más trabajó para reconstruir los fragmentos del peronismo desunidos durante el último gobierno de Cristina Kirchner, repite hace meses una promesa, que en un gobierno de Alberto Fernández se terminará con la "judicialización de la política". De resultar verosímil, el augurio tiene en principio una excepción reconocida: la decisión de frenar las causas judiciales que comprometen a Cristina Kirchner.

Los mismos protagonistas que pronostican la "despolitización" de Comodoro Py ratifican en privado que la prioridad del kirchnerismo es despejar el horizonte judicial de la candidata a vicepresidente y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. No es tarea fácil para una candidata que suma 12 procesamientos, 6 pedidos de prisión preventiva y enfrenta 5 causas elevadas a juicio oral.

La decisión de allanar los problemas judiciales de Cristina cuenta con el reflejo extendido en Comodoro Py de adecuar los ritmos de sus investigaciones a las mutaciones políticas de la Argentina. Un operador judicial comparó esta semana a algunos magistrados federales con el souvenir marplatense del león marino que cambia de colores según el clima.

Gerardo Ferreyra, el último empresario que seguía detenido por la causa de los cuadernos de las coimas, ya anticipó parte de la estrategia que trazan los abogados defensores cuando, a pocas horas de ser excarcelado, pronosticó que "este juicio no va a arrancar nunca, como el de la AMIA". Fue el reconocimiento público a la apuesta por la dilación, expresada en el dislate de comparar una investigación por corrupción con el mayor atentado terrorista en la historia de la Argentina.

Demorar no es el único recurso. También se sembraron semillas de nulidades en causas cruzadas y un cambio de gobierno traerá aparejado el reemplazo de los responsables de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera. Convertidas en querellantes de las principales causas, las oficinas que encabezan Laura Alonso y Mariano Federici empujaron el ritmo de los procesos contra exfuncionarios.

La despolitización de la Justicia que promete De Pedro también exhibe una contradicción y son las hostilidades anticipadas que se desataron en el mundo de los operadores judiciales por convertirse en el gestor predilecto de Alberto Fernández ante los jueces y fiscales.

La reaparición esta semana de Javier Fernández, el proverbial operador judicial del kirchnerismo, se convirtió en una señal. Durante la mayor parte del kirchnerismo, Fernández respondió al espía Jaime Stiuso, con quien conformó una dupla que servía como filtro del poder político para la designación de jueces y fiscales. El sistema entró en crisis cuando Cristina Kirchner firmó el pacto con Irán y la fidelidad de Stiuso con los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo dejaron del lado de los adversarios. El espía terminó refugiado en California. Javier Fernández se preservó en la Auditoría General de la Nación. La relación entre ambos nunca volvió a la primavera del nestorismo, en especial desde que Stiuso entrevió en las declaraciones judiciales de Fernández un intento por usarlo como escudo en la causa de los cuadernos.

Javier Fernández resurgió ahora a través de una entrevista en la revista Crisis, donde se encargó de señalar que el esposo de Marcela Losardo, amiga y principal consejera judicial de Alberto Fernández, es el escribano Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. Mitjans fue protagonista de una polémica pública cuando en 2017 se filtraron audios de una conversación con Daniel Angelici, donde el presidente de Boca le pedía sanciones leves a sus jugadores. La alusión a Mitjans fue leída como un intento por asociar a Losardo con los manejos judiciales de Angelici, una estocada presurosa en los empujones por acomodarse como operadores. Si fue efectivamente la intención, muy cerca de Alberto Fernández aseguran que estuvo lejos de conseguir el objetivo buscado.

En la Casa Rosada también interpretaron la reaparición de Javier Fernández como un mensaje contra la jurista. Pero en el macrismo vislumbran detrás las manos de Ricardo Lorenzetti. Es cierto que la interpretación de los estrategas judiciales del Presidente surge en medio del malestar que incubó la última creación de Lorenzetti, el fallo contra los decretos de Mauricio Macri para reducir Ganancias y el IVA a los alimentos.

En el peronismo, en cambio, el instinto llevó a otro lugar al momento de buscar el origen del mensaje del reaparecido operador judicial. Allí la atracción la genera la figura de Juan Manuel Olmos, un experto judicial que extendió su influjo desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad junto con Angelici. Olmos es el único operador judicial con oficinas en el búnker albertista de la calle México. Y guarda el singular privilegio de cosechar amistades irreductibles tanto en el peronismo como en el macrismo porteño. A sabiendas de que las miradas lo siguen, Olmos respondió a quienes lo consultaron que hacía tres años que no dialogaba con Javier Fernández. Y en la oficina de México repite un mantra: no quiero ser el Angelici de Alberto Fernández. En el peronismo aseguran que el candidato le respondió: "Hacés bien".

El mundo tribunalicio se sacude al calor de un predecible cambio en el Palacio. Pero si existe una reacción judicial emblemática asociada a la derrota de Macri en las primarias fue la que consagró ayer la Cámara Federal al ordenar la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El proceso que culminó con su excarcelación comenzó el 13 de septiembre con un fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien Olmos conoció tempranamente cuando, años atrás, la entrevistó como consejero de la magistratura porteña. Fue la elegida durante el gobierno de Macri para ocupar el emblemático juzgado que comandó Norberto Oyarbide. A Capuchetti le atribuyen una excelente relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y ascendencia en Angelici. Sólo hizo falta unir flechas para despertar suspicacias y advertir que, probablemente, los leones marinos están cambiando de color.

En paralelo a los codazos para ocupar el lugar de interlocutor judicial, Alberto Fernández observa también cómo se acumulan las vacantes en Comodoro Py si las elecciones de octubre lo consagran presidente: el fiscal Germán Moldes renunció, el cargo de procurador general lo ocupa un interino y hay casilleros a llenar en las salas I y II de la Cámara Federal. Será mucho más que completar un gabinete, donde la mayoría de los lugares aparecen con candidatos, incluso las segundas líneas, como la secretaría de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gabinete, un lugar para donde comenzó a sonar el nombre de Gustavo Beliz. El actual representante del BID se fue del gobierno de Néstor Kirchner cuando abrió una disputa pública con Stiuso. En la Argentina, el futuro a veces aparece cargado de pasado.

Por Damián Nabot

• Cristina Kirchner
• Tribunales de Comodoro Py

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