El Gobierno aprobó la implementación del Plan Güemes para fortalecer la presencia policial en la frontera entre Salta y Bolivia
Meses después de su anuncio, el Ejecutivo lo dispuso en el Boletín Oficial; como primeros indicios del proyecto, en enero se construyó un cerco para evitar cruces fronterizos a pie a través del Río Bermejo
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LA NACION
Después de la construcción de un cerco en la frontera salteña para prevenir el ingreso de droga desde Bolivia, el Gobierno aprobó en el Boletín Oficial la implementación del Plan Güemes en cuatro municipios: Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza. El protocolo, presentado meses atrás en el norte argentino por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, busca reforzar las presencia de fuerzas federales en la provincia.
“Apruébase el Plan Güemes para los municipios de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza y encomiéndase a la Secretaría de Seguridad Nacional, o a quien esta designe a tal efecto, la coordinación general para su implementación”, estableció el Poder Ejecutivo por medio de la Resolución 830/2025.
Además, se creó un comando unificado para “coordinar los despliegues especiales entre fuerzas y los operativos necesarios para asegurar las condiciones de seguridad en el corredor norte”, el cual estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía salteña.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre de 2024, en un acto en el que Bullrich afirmó su intención de combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta, con foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas, áreas conectadas con Bolivia. Ahora, con la suma de los municipios de Tartagal y Profesor Salvador Mazza, el Gobierno declaró a estas zonas como un “punto estratégico tanto para el comercio como para actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico”.
En este contexto, el Ejecutivo explicó: “Resulta imperioso reducir la comisión de delitos con un enfoque especial en la frontera norte del país considerado como un punto neurálgico en la seguridad nacional, así como unificar protocolos de control en los 365 kilómetros de frontera salteña para evitar el desplazamiento de actividades ilícitas entre municipios limítrofes”.
Un mes después de la presentación del plan, las autoridades de Aguas Blancas construyeron un cerco en Río Bermejo, el cruce fronterizo con Bolivia, para prevenir que 15.000 personas cruzaran ilegalmente, según números del Gobierno. La acción generó el malestar de Luis Arce, presidente boliviano, que manifestó su “preocupación” y afirmó que “cualquier medida unilateral puede afectar la convivencia pacífica”, aunque desde la gobernación del municipio se mantuvieron firmes con su postura.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, acusó que, antes de la construcción del vallado, los cruces de ciudadanos bolivianos a Salta “llenaban de toneladas de cocaína” a la provincia. “Flashearon Donald Trump, no se si tienen que resolver un problema interno pero el comunicado es completamente desubicado. Bolivia militarizó su lado de la frontera y nosotros no dijimos nada”, indicó.
“Nosotros anunciamos que se hacía el alambrado y se desató el descontrol. Esta es una acción menor dentro de un plan mayor. Es empezar a poner orden en la frontera, en cualquier lugar del mundo la gente ingresa y egresa por Migraciones”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, desde el gobierno nacional celebraron el “éxito” del vallado perimetral de Aguas Blancas a meses de su construcción y remarcaron: “Redujo en un 40% los ingresos ilegales y, sumado a la implementación del Sistema SAT-Fronteras en Orán, justifica ampliar estas medidas a Tartagal y a Salvador Mazza”.
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