El Gobierno arriesga el DNU de la SIDE y la oposición le planta a Milei su primer desafío político del año

El Gobierno busca acelerar la sanción de la reforma laboral y apuesta a aprobarla en febrero. Pero en paralelo se abre un frente que amenaza con convertirse en el primer revés político del año: el decreto con el que Javier Milei reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.

En la oposición ya existen conversaciones informales para rechazar el DNU 941/25, una norma que habilita, entre otros puntos sensibles, que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinados supuestos. El movimiento se cocina en silencio, mientras el oficialismo concentra su energía en aprobar la “modernización laboral”.

Con el Congreso en receso, los detractores del decreto activaron el frente judicial: al menos cuatro amparos ya fueron presentados para frenar su aplicación por presunta inconstitucionalidad. Pero el verdadero test llegará cuando se reanude la actividad parlamentaria. Allí, la SIDE puede transformarse en el terreno donde la oposición vuelva a medir fuerzas con la Casa Rosada.

Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.

Solo si ambas cámaras lo desaprueban el DNU cae definitivamente. Si una sola lo rechaza, o si ninguna lo trata, el decreto queda firme como una ley más.

Los números son ajustados y dependen del centro político. Radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias concentran la llave para que la oposición pueda reunir las mayorías necesarias.

En el Senado, Unión por la Patria suma 28 bancas entre el bloque Justicialista que conduce José Mayans, Convicción Federal y los santiagueños que armaron bloque propio. A ellos se sumarían senadores provinciales y radicales desencantados. “Es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado”, admitió un senador peronista.

Desde los espacios provinciales niegan que la SIDE se mezcle con la negociación laboral. “Son dos temas con peso propio”, aseguran. Por ahora, el decreto de inteligencia no aparece como moneda de cambio en la discusión por los recortes coparticipables incluidos en el proyecto laboral, uno de los puntos más resistidos por los gobernadores.

De hecho, un día después de la publicación del DNU, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal emitieron un comunicado conjunto en el que anticiparon su rechazo sin matices: “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.

En Provincias Unidas confluyen los legisladores que responden a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El espacio reúne seis senadores y 19 diputados, un caudal decisivo para inclinar la balanza.

Una de las primeras en expresar su disconformidad con el DNU 941/25 fue la senadora cordobesa, Alejandra Vigo, aliada de Llaryora.

Junto con la Coalición Cívica, Provincias Unidas reclamó formalmente a Victoria Villarruel y Martín Menem que se constituyan las bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El oficialismo, por ahora, dilata esa conformación. Con los plazos legales en proceso, la oposición deberá esperar a febrero para llevar el DNU al recinto.

Hay un antecedente que alimenta las expectativas opositoras: el primer decreto que el Congreso le rechazó a Milei fue el que giraba $100.000 millones a la SIDE, en pleno auge del discurso del “no hay plata”. Aquella vez votaron juntos el PJ, la UCR y Pro.

Pero esta vez el macrismo parece jugar en otra vereda. Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, difundió un comunicado en el que elogió la mayoría de los cambios en inteligencia y se limitó a prometer un “análisis responsable” antes de fijar posición.

El gesto no fue aislado. El último fin de semana Ritondo se mostró en Pinamar junto a Santiago Caputo, el asesor presidencial que maneja los hilos políticos de la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra. Ambos son aliados en la interna libertaria que enfrenta al tándem Karina Milei–Menem con el núcleo duro de Las Fuerzas del Cielo.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para alinear gobernadores detrás de la reforma laboral. Y este viernes, en la Casa Rosada, se activará la mesa política del oficialismo por primera vez en el año. Estarán Caputo, Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich; no se descarta la presencia de Karina Milei.

La escena condensa el dilema del Gobierno: mientras acelera su reforma estrella, la SIDE amenaza con convertirse en el primer revés legislativo del 2026. Si cae el DNU, el costo político será inmediato. Si sobrevive, Milei habrá probado que también puede blindar su poder en el terreno más sensible del Estado.

Por Delfina Celichini

• Congreso Nacional

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