El Gobierno avanza con una licitación “mayorista” para contratar 138 encuestas
La Jefatura de Gabinete cambió la forma de hacerse de los estudios de opinión pública y lo hará con un “acuerdo marco” para todos los del año; aseguran que se abaratarán los costos
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LA NACIONMaia Jastreblansky
El Gobierno cambiará la forma de contratar encuestas de opinión pública, un insumo clave para la gestión de Alberto Fernández que le ofrece un termómetro social en la pandemia y le permite conocer de primera mano la imagen de los funcionarios y el nivel de aceptación de las medidas y acciones del Presidente y sus ministros. En lugar de contratar los estudios uno a uno, como se hacía hasta ahora, la Jefatura de Gabinete avanzará con una mega licitación “mayorista”, bajo el paraguas de un acuerdo macro, que le permitirá tener a disposición 138 sondeos en un año.
Según pudo saber LA NACION -a través de un pedido de información pública y a partir del sitio de datos abiertos de compras del Estado-, la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana”, que creó la gestión de Fernández a dos meses de asumir, hizo este año solo dos “contrataciones directas por especialidad”, sin licitación, a distintas consultoras. Pero luego optó por pasar a un esquema a gran escala, un “bolsón” de encuestas a través de una gran licitación pública, una modalidad de contratación que permite que se presenten más oferentes, bajar los costos y agilizar los tiempos, advierten en el Gobierno.
El “Acuerdo Marco para la realización de Estudios de Opinión Pública” -que aún está en trámite para ser adjudicado- permitirá que cualquier ministerio u organismo pueda solicitar a la Casa Rosada sondeos de opinión de un “menú” de 138 estudios que estén dentro de convenios celebrados previamente con distintas encuestadoras.
La licitación contempla 24 encuestas telefónicas tipo CATI (entrevistas telefónicas a cargo de operadores), cuatro entrevistas en profundidad, ocho focus group online, ocho focus group presenciales, 16 encuestas IVR (con programas telefónicos automatizados), 48 encuestas presenciales de distinto alcance (de 400, 1200, 2000 y 4000 personas), 24 encuestas online, dos estudios en “comunidades de WhatsApp” y cuatro encuestas tipo “bola de nieve”, donde los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos.
En el acuerdo marco no fija el objetivo particular de los sondeos, ni los cuestionarios que se harán. Solo se pauta el formato, que estará a demanda de la necesidad del momento. Conforme lo vaya requiriendo, el Gobierno hará uso de esos precontratos.
Encuestas electorales
Más allá de las encuestas encargadas oficialmente por la Casa Rosada, lo cierto es que en época proselitista, los sondeos con enfoque electoral se viralizan rápidamente en los WhatsApp de la política. Funcionarios, candidatos y dirigentes consumen con voracidad esos números para recalcular el rumbo de la campaña y vaticinar su suerte en las urnas. Mucho de este material se comparte en las “mesas políticas” de los popes del oficialismo y de la oposición.
La licitación del “acuerdo macro” de encuestas está en su fase final, pero aún no fue adjudicada, por lo que se desconoce cuánto dinero insumirá. Hasta ahora, según publicó LA NACION, las encuestas encargadas por la gestión de Fernández oscilaron entre los 350.000 y los seis millones de pesos, pero ahora se espera abaratar fuertemente los costos de cada servicio con la nueva modalidad “mayorista”.
En el convenio se interesaron 18 encuestadoras de los más variados perfiles: desde Hugo Haime y Analía del Franco (dos consultores muy escuchados por Fernández) hasta Green Consult SRL, de Guillermo Garat y Tomás Vidal, dos encuestadores que integraron el ecosistema del marketing de Jaime Durán Barba, histórico gurú de Mauricio Macri.
No todas las ofertas fueron preseleccionadas. Green Consult SRL, por caso, quedó descalificada por no haber presentado una declaración jurada que se pedía en los requisitos administrativos, según figura en el expediente. De acuerdo con los pliegos, el Gobierno pidió a los proveedores que presentaran una declaración jurada de intereses prevista por la Oficina Anticorrupción, otra con el compromiso de emplear a personas con discapacidad y una tercera con un contrato de confidencialidad.
También -siempre según el dictamen de evaluación- quedaron fuera de juego la Universidad de Tres de Febrero (“por no presentarse en tiempo y forma”); Agora Consultores, del economista Agustín D’Attellis (“por resultar económicamente inconveniente”); Observatorio Electoral SAS, una consultora de estudios políticos y sociales de Julio Burdman (por deudas exigibles por la AFIP), y Knack Argentina SA, del sociólogo Leandro Caruso (por “no actualizar” información en el sistema de proveedores).
A otros consultores, en cambio, les admitieron ofertas para algunos de los servicios pero les rechazaron otras, por resultar económicamente inconvenientes o por errores en la cotización.
Entre las consultoras más conocidas que siguen en carrera figuran, además de Haime y Del Franco, la firma de Pablo Romá (muy leída por el kirchnerismo por sus trabajos en la provincia de Buenos Aires), la consultora Julio Francisco Antonio Aurelio SA, del fallecido consultor ligado al peronismo, y Trespuntozero, de la consultora Shila Vilker, muy escuchada por el macrismo pero también por la gestión actual.
Qué se mide
“Se optó por realizar una licitación pública por ser una modalidad de contratación transparente, ágil y menos onerosa que permite dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades operativas que surgieran en la administración pública”, justificaron desde Jefatura de Gabinete. Y agregaron: “Los estudios encomendados en el año 2020 y los requeridos en el transcurso de este año tuvieron como eje principal el análisis de la pandemia, la percepción ciudadana sobre las acciones de gobierno, los riesgos para la salud, los impactos sobre la economía de las familias, y el programa de vacunación nacional”.
Además de la mega licitación en marcha, la Casa Rosada hizo este año dos contratos directos, sin licitación, por unos $2,7 millones. La firma de Analía del Franco fue contratada para un estudio tipo CATI de 1000 casos por $1,5 millones, mientras que la consultora Gustavo Córdoba y Asociados SRL resultó adjudicataria de casi $1,2 millones para un estudio cuantitativo con encuesta estructurada online.
Además de los contratos que realiza la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana” (que depende de Jefatura de Gabinete, pero provee de información a todos los organismos), cada ministerio puede encargar sus propios sondeos.
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