El Gobierno, obligado a recalcular aun antes de arrancar

El GPS del Gobierno entró en la fase de recalcular. No era mucho lo que había avanzado, es cierto, pero el coronavirus alteró las pocas previsiones que se tenían en materia económica. Aunque, en lo inmediato, la expectativa está puesta en la eficacia que tenga la gestión de Alberto Fernández para frenar la expansión de la pandemia. Es un desafío y una oportunidad.

Hoy, entre las muchas incertidumbres que existen respecto del futuro hay una certeza: el país entró en un enorme paréntesis de actividades y el Estado tendrá más gastos y menos ingresos. Un escenario siempre complejo para la Argentina que se vuelve acuciante en este contexto de estanflación y default (técnico, virtual o parcial, no es lo mismo pero da igual)).

Barajar y dar de nuevo (a la baja) esa es la consigna. Alberto Fernández lo admitió ayer parcialmente en sus declaraciones radiales y lo amplió en su conferencia de prensa, en la que anunció las nuevas y más rigurosas medidas adoptadas como consecuencia de la epidemia. Lo saben los responsables de las muchas áreas económicas del Gobierno, empezando por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por eso, los ministros deberán presentar hoy en la reunión del gabinete económico los escenarios posibles que empezaron a evaluar desde el miércoles pasado y las propuestas de medidas por adoptar para hacer frente a esta nueva emergencia. El coronavirus tendrá impacto no solo en el plano sanitario, sino también en lo social, laboral, productivo y tributario. Mucho más de lo que preveían hace una semana, cuando la renegociación de la deuda externa seguía siendo la prioridad excluyente.

La reunión del gabinete económico, que habitualmente preside el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, secundado por Cecilia Todesca, esta vez estaría liderada por el propio Presidente, y participarán no solo Guzmán y sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Agricultura, Luis Basterra; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, como es habitual. A ellos se sumarán el ministro de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La magnitud de las consecuencias probables es evidente.

Antes de que el coronavirus arribara al país, la recaudación tributaria seguía corriendo de atrás a la inflación, dejando en evidencia el estancamiento de la producción y el consumo, elevando los niveles de alarma y acentuando la presión tributaria, como se manifestó con la suba de las retenciones a la soja y sus derivados. La medida que desató la reacción de dirigentes y productores agropecuarios ya se vislumbra insuficiente.

En la Casa Rosada están previendo más gastos destinados no solo al sistema de salud, sino también a paliar el impacto social, laboral y productivo. El problema es que nadie duda de que la actividad se resentirá aún más de lo que ya está y son muchos los augurios de que caerá el aporte de divisas por las exportaciones.

Empiezan, así, a desempolvarse planes como los adoptados tras la crisis mundial de 2009 con los que se pretendió limitar la destrucción de empleos y el cierre de empresas. Hay una pequeña diferencia con ese pasado. En aquel entonces, la economía Argentina y las de sus socios comerciales crecían. Dos años después, comenzó el proceso de estancamiento y retroceso, que sigue hasta estos días. El país y el mundo están mucho peor.

En medio de tantas sombras, en el Gobierno, con la anuencia de algunos analistas, creen ver alguna luz para la renegociación de la deuda. Son los que consideran que la caída de los activos mundiales tornará más probable la aceptación de una quita importante en el capital adeudado por la Argentina, además de la extensión de los plazos de pago y la reducción de las tasas de intereses por pagar. No hay doctrina pacífica al respecto.

Guzmán se ilusiona con esa perspectiva, pero al mismo tiempo toma precauciones. Se lo dijo el miércoles y el viernes últimos a Fernández y a Cafiero. Después de mostrar el vaso medio lleno, expuso el temor, para nada desechable, de que la nueva caída en el valor de los bonos los ponga a tiro de los fondos buitre, que no tienen incentivos para aceptar de apuro quitas severas y que pueden tomarse su tiempo para pleitear en busca de mejores resultados. El ministro no deja ni un segundo de recordar que los acreedores que reúnan un 25% de esos activos pueden bloquear cualquier negociación. La luz proviene de una vela en medio de la tempestad. Aunque todavía está encendida.

El Gobierno, en tanto, dice que mantiene su cronograma para la reestructuración y los funcionarios de la Casa Rosada afirman que el 31 de marzo presentarán el prospecto de negociación, como estaba previsto. Sin embargo, ya empezaron a escucharse voces de que podría haber alguna postergación. El plan económico, mientras tanto, seguirá siendo una incógnita. Más que nunca.

El coronavirus trajo una nueva justificación para seguir retrasando las decisiones. No son pocos los que ya se preguntan si, en lugar de ser una estrategia, la reticencia a mostrar un proyecto es la expresión del hábito que se conoce como procrastinación. La tendencia a dilatar acciones difíciles que, de eso se trata, suele encontrar siempre una buena excusa y atajos más placenteros. Pero, al final, todo llega.

Desde el exterior las señales de alerta no remiten solo a la ignorancia sobre el plan de ordenamiento, desarrollo y crecimiento de la economía que dicen tener Fernández y Guzmán. También juega otro elemento. Remite al rol de Cristina Kirchner, cuya influencia parece ampliarse, al menos en lo político y judicial. Nadie ya espera tener certezas sobre sus coincidencias o disidencias con el Presidente. El problema parece ser que ya todos la incluyen como otro factor de incertidumbre respecto del rumbo definitivo del Gobierno. Sobre en tiempo de restricciones económicas crecientes. El riesgo país tiene muchos componentes.

Lo que no se dilatará, dicen en las cercanías de Fernández, es la presentación del proyecto de ley de legalización del aborto y del plan 1000 días, destinado a la protección de embarazadas y recién nacidos. Los funcionarios lo ponen como un ejemplo de que el Gobierno no está paralizado ni ha dejado de lado algunos de sus proyectos por la crisis del coronavirus o diferencias internas.

Menos certezas aparecen cuando se pregunta por la fecha de presentación de la reforma judicial, el otro proyecto sustantivo que Alberto Fernández viene prometiendo como una de las vigas maestras de su gestión. El factor Cristina vuelve a aparecer ante cada indefinición. La incertidumbre alienta las especulaciones.

Las contingencias, como las dilaciones, no ayudan a consolidar el liderazgo de Alberto Fernández. Como desde el 10 de diciembre, el oficialismo sigue siendo bicéfalo. Tiene un presidente y una jefa política. El tiempo que pasa solo parece cristalizar esas percepciones.

Si el encarrilamiento de la economía era la plataforma desde donde empezaría a ampliarse el poder de Fernández, queda cada vez más claro que eso deberá esperar. La crisis del coronavirus aporta las certezas que escasean sobre la resolución del problema de la deuda. En la cima del oficialismo, la figura del Presidente no emerge con más volumen que hace varios meses. Los intentos de imponer su impronta, caracterizada por la moderación, la tolerancia o el pluralismo que no abundan en su vicepresidenta, suelen ser susceptibles de marchas y contramarchas, cuando no relativizados o diluidos por acciones contradictorias. El llamado a la unidad que hizo Fernández en cadena nacional para afrontar la amenaza del coronavirus tuvo un correlato político en la coordinación que se dispuso en la esfera sanitaria con todos los gobiernos subnacionales sin distinción de pertenencia partidaria. En el mismo plano se inscribe la escenificación de la conferencia de prensa de ayer, en la que Fernández estuvo acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En otros terrenos no hubo otros avances aún.

Por estas horas se evalúa hacer una reunión y (sobre todo) una foto con los líderes parlamentarios de todos los espacios políticos representados en el Congreso para graficar esa unidad en la acción contra la epidemia. Sin embargo, no está en carpeta un llamado a los líderes partidarios sin función legislativa o ejecutiva. Mauricio Macri puede seguir manteniendo sus trajes en el guardarropas. El protocolo oficialista desaconseja una foto con Cristina. Y no por cuestiones epidemiológicas.

Las expresiones del viceministro de salud bonaerense, el camporista Nicolás Kreplak, dan cuenta de la relativización que puede tener todo llamado a deponer discordias en tiempo de crisis. A diferencia de la mayoría de los funcionarios albertistas, aprovechó la aparición del Covid-19 para atacar a la gestión de Cambiemos en la provincia. En el cristinismo parece no haber suficientes vacunas para el virus de la grieta y sobran los que se resisten a ser inmunizados.

La mayoría del peronismo, por ahora, parece dispuesto (por necesidad o convicción) a ampliar la bases de coincidencias. En la oposición, las primeras reacciones fueron en el mismo sentido. Las buenas intenciones se pondrán a prueba cuando se adopten las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis y se afecten recursos. Ahora es tiempo de recalcular. Pero todo llega.

Por Claudio Jacquelin

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