El Gobierno va al Congreso para impulsar el proyecto que intenta frenar la “puerta giratoria”
El oficialismo quiere debatirlo el martes en comisión; fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pero el kirchnerismo lo resiste
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LA NACION
Funcionarios del Ministerio de Justicia desembarcarán el martes próximo en el Senado para defender el proyecto que busca endurecer el régimen jurídico y evitar la reiterancia delictiva. El Gobierno defiende la propuesta como una forma de evitar la denominada “puerta giratoria”, como se denomina a los casos de delincuentes que son liberados por la Justicia a pesar de contar con condenas y antecedentes.
La comisión comisión de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el senador libertario Juan Carlos Pagotto, convocó para el martes a las 17.30 a una reunión, con el objetivo de avanzar con el dictamen.
En representación del Poder Ejecutivo estarán Sebastián Amerio, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación y Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal. Los funcionarios confrontarán su mirada con dos representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales y Macarena Fernández Hofmann, que también fueron invitados a exponer.
El proyecto se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría. Solo el kirchnerismo y la izquierda se opusieron. La Cámara baja también dio luz verde a la implementación del juicio en ausencia, cuyo objetivo es juzgar delitos graves sin la presencia de los acusados. Apunta a esclarecer los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, donde hay ocho ciudadanos iraníes implicados.
El Gobierno debe evitar, ahora, que el kirchnerismo trabe ambos proyectos en el Senado, donde retiene 34 de de las 72 banca.
Reiterancia delictiva
Apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva a partir del establecimiento de criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.
Busca que, al evaluar la posibilidad de otorgar la excarcelación a un imputado, los jueces consideren la existencia de múltiples causas penales en trámite como un indicio de riesgo procesal. Es decir, si una persona está siendo investigada en varias causas por delitos que conllevan penas privativas de la libertad, esta situación podría ser interpretada como una señal de que, al recuperar su libertad, el imputado podría intentar eludir a la justicia.
Cuando se debatió en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue directa: “Vamos a dar media sanción a lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Con esta ley, se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle”.
Explicó que el proyecto endurece el criterio de reincidencia y señaló un cambio clave en la prisión preventiva: “Hoy un juez solo puede dictarla si hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Con esta reforma, también se tendrá en cuenta si la persona tiene múltiples imputaciones previas”.
El diputado de Unión por la Patria (UP), el kirchnerista Martín Soria, lanzó una dura advertencia sobre el proyecto oficialista: “Con esto que van a votar, van a permitir que un abuelo que viene a manifestarse al Congreso porque le recortan la jubilación sea detenido y acusado de terrorismo. Una semana después, ese mismo abuelo acompaña a su nieto a la plaza a reclamar por el financiamiento universitario, que también le recortaron. Y con esta ley, ese abuelo puede terminar preso preventivamente, con el aval de un fiscal amigo de Comodoro Pro”.
Soria enmarcó la iniciativa en una política de “palo, hambre y cárcel” y denunció que el oficialismo busca disfrazar el endurecimiento de penas como una solución a la puerta giratoria. “Engañan a la ciudadanía diciendo que vienen a terminar con la impunidad, pero lo que hacen es criminalizar la protesta y castigar a los que menos tienen”.
En la misma línea se pronunció Nicolás del Caño, de la Izquierda: “Es una persecución para evitar que la gente utilice el legítimo derecho de manifestarse”. Y sumó: “Le dan el poder a los fiscales y a los jueces para la perseguir a todos los sectores que salen a movilizarse porque saben que la resistencia a este plan económico va a ir aumentando”.
Si bien su bloque optó mayoritariamente por apoyar la iniciativa en su totalidad, el diputado Fernando Carbajal trazó una diferencia clave en el debate. “Esta ley modifica dos cuestiones muy distintas: el régimen de reincidencia, por un lado, y el de reiterancia, por otro. Son cosas completamente diferentes”.
Anticipó su voto positivo, pero marcó un límite: “Rechazo los artículos sobre reiterancia. Antes de que una persona sea condenada, llamarla delincuente es una infamia y una falacia. Quieren adelantar la pena sin sentencia firme”.
En representación de Pro, Cristian Ritondo exigió: “Por un momento aislémonos de las ideologías y pensemos en la seguridad de la gente, para que esta ley sea aplicada en la provincia de buenos aires y los bonaerenses puedan vivir mejor todos los días”.
Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, celebró el debate y consideró que con los cambios propuestos en la reiterancia “venimos a agravar la situación penal de los que eligen delinquir como forma de vida”. “Pocas cosas causan tanta indignación a la sociedad como ver un delincuente que sale por la puerta giratoria”, dictaminó.
La legisladora mendocina, Pamela Verasay (UCR), detalló las virtudes que esta iniciativa generó en su provincia: “En Mendoza, la implementación de la reiterancia terminó con la puerta giratoria para los delicuentes y generó una disminución de casi el 50% de los delitos contra la integridad física, incluidos los homicidios y los robos cometidos con el uso de armas de fuego”.
Juicio en ausencia
El proyecto de ley para instaurar el juicio en ausencia en el país lo presentaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en las vísperas del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA.
Permite el juicio en ausencia para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o terrorismo. Esta medida se aplicará cuando el acusado haya sido declarado rebelde, es decir, si, a pesar de conocer el proceso en su contra, evita comparecer, ignora los requerimientos judiciales o evade la acción de la justicia. También se contempla el juicio en ausencia cuando, tras cuatro meses de búsqueda activa a nivel nacional o internacional, no se logre localizar al imputado.
Otra circunstancia en la que se podrá recurrir al juicio en ausencia es cuando un pedido de extradición formulado por Argentina sea rechazado o quede sin respuesta dentro del plazo estipulado, siempre que el Poder Ejecutivo no haya autorizado que el acusado sea juzgado en el país requerido.
Para salvaguardar el derecho a la defensa, la normativa prevé que el juez designe un defensor oficial si el imputado no cuenta con uno propio, aunque este podrá nombrar un abogado de su confianza en cualquier momento del proceso. Además, la presencia física del acusado no será obligatoria en ninguna instancia judicial, ya que todos los derechos que le corresponden serán ejercidos en su nombre por su defensor, según lo estipula el proyecto.
El objetivo de la propuesta es garantizar la continuidad de los procesos judiciales en casos donde el imputado evade la justicia. Podría ser utilizado en la causa AMIA contra los imputados iraníes. Irán se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos acusados por el ataque a la mutual judía.
Durante el debate, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, de UP, lanzó una dura crítica contra el proyecto al sostener que “no hay principio de defensa que se pueda hacer efectivo con esta iniciativa”. En su visión, la ausencia del acusado en el proceso judicial erosiona las garantías elementales del sistema. “Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sobre el tema sabe que un defensor sin su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada”, advirtió, antes de calificar la propuesta como “absolutamente deficiente” en términos de derechos y garantías.
La Izquierda también optó por el rechazo. En palabras de la legisladora Vanina Biasi: “Muchos juristas opinan que esta figura violenta varios aspectos de cuestiones jurídicas que se quieren cuidar: el debido proceso y el derecho a la defensa”
Desde la vereda opuesta, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, consideró que “la justicia no solo repara con la pena, sino con el reconocimiento de la verdad”. “Esta ley se va a usar, por supuesto, para el atentado a la AMIA, pero es una ley que va a quedar para siempre”, subrayó. Y advirtió: “No creamos que el terrorismo, los crímenes de guerra u otro tipo de crímenes aberrantes no van a ser volver a ser cometidos en el mundo o en la Argentina. Es también una acción disuasiva, una acción preventiva y una acción para poder en la fatalidad de que tengamos algún otro hecho, juzgarlo”.
Sabrina Ajmechet, de Pro, remarcó que el juicio en ausencia “se va a aplicar para actos terroristas y para crímenes de lesa humanidad”. Celebró que “las pruebas están y hoy también contamos con la voluntad política para habilitar el proceso”. Y exigió darle a la justicia “las herramientas necesarias para que pueda juzgar”.
El debate lo cerró el libertario Santiago Santurio. Destacó que el proyecto “mejora la calidad institucional, la calidad de justicia de nuestro país y, sobre todo, nos hace uscar la verdad y el resarcimiento a las víctimas del terrorismo”
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