El Gobierno y el CELS se cruzaron en Washington por la ley de medios

El gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al kirchnerismo se cruzaron ayer en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina". Cada uno dijo lo suyo, sin apartarse de los argumentos previsibles, pero algunos inesperados elogios a la delegación gubernamental por parte de los comisionados descolocó a los peticionantes. De entrada, el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, destacó el "altísimo nivel" de la delegación enviada por el Estado argentino.

De todas formas, los elogios a ambas delegaciones fueron permanentes en los comisionados y en el relator de la libertad de expresión, Edison Lanza, que expresamente reconoció "los pasos dados por el actual gobierno al atender las recomendaciones que dio esa relatoría en relación a otros temas" no abordados en la audiencia.

La audiencia había sido pedida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y por esa entidad expusieron su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, y su secretario, el abogado Damián Loreti (además, autor del proyecto original de lo que en 2009 se convirtió en ley de medios). Como experto independiente expuso Martín Becerra, y también hablaron voceros de medios universitarios, pymes y comunitarios. Por el gobierno del presidente Mauricio Macri expusieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y los ex relatores de la libertad de expresión de la propia CIDH y actuales funcionarios del frente Cambiemos, Santiago Cantón -secretario de derechos humanos bonaerense- y Eduardo Bertoni -director nacional de protección de datos personales-, en tanto que el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel De Godoy, cerró la respuesta con la invitación a los "peticionantes" a participar de la discusión en marcha para la redacción de una nueva ley marco de comunicación. La delegación también estuvo integrada por la directora del Enacom Silvina Giudici.

El planteo del CELS

"Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley que muchos de nosotros hemos señalado y con la promesa de una futura ley de convergencia se sustituyó un esquema multisectorial por otro de regulación puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales. Es una política de hechos consumados que habilita una mayor concentración en lugar de limitarla, como viene reclamando la CIDH", afirmó Verbitsky, que recordó las décadas de formación y trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, "un proceso que se inició al terminar la dictadura y que se aceleró en la última década". El periodista cuestionó que se haya permitido la compra-venta de licencias audiovisuales.

Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la UBA, dio dos datos sobre los niveles de concentración de las actividades de comunicación en la Argentina. "Casi el 40% de las licencias de TV abierta están en manos de dos grupos, y en TV de pago casi el 70% de los abonados están concentrados en dos grupos", destacó. Loreti se detuvo en tres aspectos "que resultan violentados por las normas legales impuestas por el Poder Ejecutivo: quitar autarquía legal a las autoridades, la violación del estándar de la obligación de transmitir o must carry y el principio de legalidad porque un DNU no cumple con los estándares de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento". Loreti defendió el diseño legal de las autoridades de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), disueltas por el DNU 267/2015.

Daniel Badenes, de la UNQ, cuestionó la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca) "para concentrar sus funciones en un ministro". Desde su creación, el Cofeca estuvo siempre mayormente integrado por los voceros de los gobernadores provinciales. Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), solicitó a la CIDH "que requiera al Estado pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual".

La respuesta del Gobierno

La delegación oficial sostuvo que las modificaciones introducidas mediante los DNU a las leyes de medios y Argentina Digital son "reformas transitorias" mientras se avanza en un nuevo marco regulatorio. En ese contexto, la parte más contundente de la respuesta del gobierno de Cambiemos al CELS provino del ex relator Bertoni.

"Es una obviedad que la decisión de impulsar una nueva normativa es una clara decisión de política pública del actual gobierno y demás está decirlo, no hay en el derecho internacional una obligación de instrumentar una política u otra. En la medida en que la decisión del gobierno argentino de impulsar una nueva legislación no viole las obligaciones del Estado estaríamos entrando en un debate académico sobre cuál política es mejor que otra según criterios más bien subjetivos. El nuevo marco regulatorio que se propone y que está en pleno proceso de elaboración es acorde con el derecho internacional", sostuvo el flamante director nacional de Protección de Datos Personales. Y agregó: "A la luz de lo expuesto, resulta prematuro y especulativo discutir sobre el posible problema que podría derivar de una legislación que está en deliberación y contempla principios que se ajustan a los estándares de libertad de expresión".

Antes de Bertoni habían expuesto Cantón y Avruj. Cantón -también ex relator- destacó el contexto del que viene la Argentina. "Es esencial el contexto en las violaciones a los derechos humanos, que no se producen de forma aislada", afirmó antes de enumerar textualmente algunos episodios de ataques a la libertad de expresión y de prensa contenidos en el informe 2015 del relator Lanza, entre ellos la salida del país de Damián Patcher -el primer periodista en informar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman- y las intimidaciones sufridas por Nicolás Wiñazki y Jorge Lanata. "La grave situación de la libertad de expresión necesitaba ser revisada inmediatamente para lograr desde el Estado un ejercicio amplio e irrestricto de la libertad de expresión", concluyó Cantón.

En tanto, Avruj hizo un duro repaso sobre "la grave situación del país en los últimos seis años en cuanto a las restricciones a la libertad de expresión que se registraron en el anterior gobierno; periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la publicidad oficial". Según el secretario de Derechos Humanos, "durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático". En tanto, el funcionario puntualizó que en la nueva administración de Macri "se hacen conferencias de prensa, se detuvo el reparto arbitrario de la pauta oficial, se envió al Congreso el proyecto de ley de acceso a la información pública, se ratificó en la Cámara de Diputados el DNU 267 con apoyo de la oposición, incluso de diputados del partido del anterior gobierno".

El cierre estuvo a cargo de De Godoy, que expuso muy brevemente y afirmó que "la situación que se vivía en materia de libertad de expresión ameritaba medidas inmediatas en tiempo y forma". Además, contó que todos los pasos dados por el gobierno le habían sido adelantados a Lanza durante la visita informal que el relator hizo a Buenos Aires en febrero. "No cabe duda de que vamos a convocar a todos, vamos a esperar definitivamente y ansiosamente el aporte que esta comisión pueda hacer, y también queremos reunirnos con los peticionarios y llegar a conclusiones juntos, aunque no coincidamos en todo", exageró De Godoy.

Llamados de atención a Verbitsky

En este punto, Verbitsky se mostró molesto por la evasiva del gobierno a responder sobre los puntos señalados por el CELS y la aparente condescendencia de los dos comisionados que expusieron. El brasileño Paulo Vanucchi respondió a LA NACIÓN que él no impulsó especialmente esa audiencia: "De colega periodista a periodista, digo que no hice nada", afirmó, agradeció a ambas delegaciones por la predisposición al diálogo y se abstuvo de hacer ninguna pregunta aunque reconoció que "la Comisión es sensible al hecho de que [el de Macri] es un nuevo gobierno". El comisionado mexicano Francisco José Eguiguren Praeli destacó la importancia de vigilar los procesos de concentración, como los que experimenta su país y la comisionada jamaiquina Margarette May Macaulay no hizo ningún comentario.

Al final de la audiencia, en las conclusiones, el presidente de la CIDH Cavallaro le llamó la atención dos veces al presidente del CELS por no cumplir los tiempos estipulados: "Sr. Verbitsky, Sr Verbitsky, ¡por favor!", dijo la única vez que elevó el tono de voz.

"Lamento realmente que la delegación del Estado haya hablado del pasado y no haya contestado ni una sola de nuestras observaciones. Esta legislación es transitoria pero tiene efectos jurídicos. Por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe y por el otro han hecho una expresión de deseos", alcanzó a decir Verbitsky antes de ser interrumpido por Cavallaro.

Lanza insistió en que el Enacom no cumple con "los estándares de estar blindado de injerencia económica y política, y en los procesos de designación de sus integrantes"; y expresó su "preocupación especial sobre la desaparición de las reglas de must carry [obligación para los cableoperadores de transmitir ciertos canales para asegurar la diversidad y el pluralismo]". Sobre ese último tema, De Godoy informó a los presentes que "el directorio de Enacom sacó el 1° de abril una resolución sobre el must carry", eliminado al pasar la regulación de la TV por cable de la ley audiovisual a la ley de telecomunicaciones.

"La comisión valora el proceso descripto por las autoridades presentes en el sentido de recibir informaciones y consultas, entendemos que hay divergencia pero así es la democracia", sostuvo Cavallaro al cerrar la audiencia, que duró una hora y quince minutos.