El Grupo Clarín lleva a la Corte el debate por la ley de medios
Presentó un recurso contra el fallo que en abril dictó la Cámara Federal
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El debate entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la ley de medios audiovisuales está a punto de llegar a la Corte Suprema: la empresa presentó un recurso extraordinario para que el tribunal declare inconstitucional varios artículos de la controvertida norma, sancionada en 2009.
La ley 26.522, impulsada por el kirchnerismo, estableció fuertes restricciones a las empresas de medios. La norma fijó límites a la multiplicidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y al alcance del servicio de televisión por cable (artículo 45), restringió la transferencia de esos medios (artículo 41), dispuso que no se podrán invocar derechos adquiridos (artículo 48) y fijó el plazo de un año para que las empresas vendan las licencias que exceden los límites de la ley.
El Grupo Clarín planteó inmediatamente la inconstitucionalidad de esos artículos, porque afectan el derecho a la libertad de expresión y violan derechos adquiridos por la empresa para explotar las licencias hasta el vencimiento del plazo para el que le fueron otorgadas. Además, argumentó que la televisión por cable no usa el espectro radioeléctrico, por lo cual el Estado no la debe regular.
En diciembre último, el juez federal Horacio Alfonso -sin siquiera considerar los peritajes de tres expertos nombrados de oficio por la Justicia, que se habían pronunciado en favor de la empresa- rechazó la demanda y convalidó la ley.
Sin embargo, el 17 del mes último, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial revocó el fallo y le dio parcialmente la razón al Grupo Clarín.
Todo eso ocurrió mientras el Gobierno desarrolló fuertes presiones, recusaciones y denuncias penales contra numerosos integrantes de la Cámara Federal y, en particular, contra los camaristas Susana Najurieta, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras.
En su fallo, la Cámara Federal reconoció el derecho de propiedad de la empresa sobre sus licencias y entendió que los cables, al no utilizar el espectro radioeléctrico, no pueden ser regulados por el Estado.
El fallo, de rigurosa solidez técnica, también reconoció que el Gobierno intentaba afectar la sustentabilidad de las empresas y obstaculizar la libertad de expresión.
En cambio, como pretendía el Gobierno, la Cámara Federal admitió la validez del artículo de la ley que fijó en diez el número máximo de licencias de radiodifusión que puede poseer un grupo, porque -se dijo en el fallo- el espectro radioeléctrico es limitado. Y, asimismo, respaldó la obligación de desinvertir en un año, que estableció el artículo 161.
El Grupo Clarín argumenta que el artículo 161 de la ley de medios es inconstitucional, porque las licencias de radiodifusión no son revocables en cualquier momento, sino que son concedidas por un plazo determinado, que aún no venció.
Además, en 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner, por medio del decreto 527, prorrogó las licencias por diez años y, si bien el Congreso sancionó la ley de medios en septiembre de 2009, con posterioridad, en diciembre de ese año, el Senado aprobó expresamente aquel decreto.
En otras palabras, ese acto del propio Estado, posterior a la ley, vino a derogar el artículo 161.
Limitación irrazonable
La empresa también sostuvo que limitar a diez el número de canales de aire y radios que puede tener una empresa es una limitación que, con el desarrollo de la tecnología, se volvió irrazonable.
En efecto, con la tecnología de la televisión digital, el espectro es mucho menos escaso que antes y donde antiguamente podían transmitirse cinco o seis canales de aire, ahora pueden estar disponibles 110 canales de alta definición o 220 canales de definición estándar.
Gracias a la nueva tecnología, en muchos lugares existe espacio en exceso para la instalación de nuevas voces sin que esto afecte la pluralidad. Y, por otra parte, los concursos de TV digital que la propia Afsca organizó en los últimos años quedaron desiertos por la falta de oferentes.
Por eso, otros países, como, por ejemplo, Estados Unidos, en lugar de establecer límites absolutos para las frecuencias de un operador, permiten tener una cantidad flexible de radios o estaciones de TV, definida en relación con los competidores que funcionen en la misma área.
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