El juez Casanello investiga si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra Victoria Villarruel
Instruyó la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina a que analice los posteos denunciados por la vicepresidenta; el año pasado, la titular del Senado había denunciado hostigamiento digital
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LA NACION
El juez federal Sebastián Casanello investiga un ataque coordinado en redes sociales contra la Victoria Villarruel e instruyó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal a analizar las publicaciones denunciadas por la vicepresidenta y determinar si hubo un accionar conjunto. La titular del Senado había denunciado, en reiteradas oportunidades, hostigamiento digital de parte de dirigentes y tuiteros libertarios.
El 4 de agosto, Villarruel había denunciado a la diputada nacional Lilia Lemoine; al biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, y a las cuentas de la red social X @El_Pubertario y @ElTrumpista, entre otras, por “incitar al odio” contra su persona de manera “metódica y permanente” a través de la mencionada plataforma. En una segunda presentación, incorporó a la denuncia también al usuario @_Matteo12_ por un mensaje en el que hacía referencia a su persona y se leía “Va a aparecer muerta”.
Esta semana, la vicepresidenta volvió sobre el hostigamiento denunciado, esta vez a través de sus redes sociales, y compartió el posteo de una usuaria que reclamaba por haber naturalizado la violencia contra la titular del Senado y apuntaba contra el silencio de funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar”, decía la publicación.
La denuncia penal de Villarruel tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Casanello, que ahora instruyó al jefe de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA) a investigar a las cuentas de X denunciadas. Se busca determinar si existió un ataque coordinado contra la titular del Senado.
Según consta en el expediente judicial, dicho estudio “deberá estar orientado a recabar todo elemento que permita establecer y verificar la identidad de las personas que utilizarían los perfiles de la red social X (ex Twitter), su posible interacción entre sí, así como los domicilios y las direcciones de IP desde donde se habrían realizado las diversas publicaciones denunciadas”.
Casanello también desestimó la decisión del fiscal Franco Picardi de clasificar los tuits denunciados en tres categorías: amenazas públicas, calumnias e injurias −que, a diferencia de los anteriores, constituyen un delito de acción privada− y “acciones que no son constitutivas de delito, más allá de que puedan ser repudiables en el marco de una sociedad pacífica, democrática y entre iguales”.
Villarruel había pedido la revisión de tal criterio y ratificó su denuncia frente a lo que consideró un accionar “diario”, “sistemático” y “metódico”. La actuación de Picardi fue entonces avalada por el fiscal José Agüero Iturbe.
Ahora, Casanello desestimó esa decisión y dispuso que todas las publicaciones se analicen en conjunto. “Las características de los sucesos denunciados −al igual que la dinámica propia del campo de las redes sociales− aconsejan su análisis conjunto, cuanto menos de inicio. En este sentido, se advierte que puede resultar prematuro distinguir entre distintas porciones de hechos, desdibujando su real dimensión y gravedad. La eficiencia de la investigación y el descubrimiento de la verdad dependen de eso”, explica la resolución de juzgado.
Casanello entiende que las publicaciones contra la vicepresidenta podrían constituir un acto de “violencia contra las mujeres en la vida política” y que “si bien podrían llegar a considerarse inocuos individualmente, son capaces de conformar en su conjunto un patrón digital de abuso que merma la sensación de seguridad de la víctima y le provoca miedo, angustia o alarma”.
Los tuits y agravios contra Villarruel comenzaron tras el distanciamiento de Javier Milei y la vicepresidenta. Públicamente, desde la Casa Rosada ofrecieron distintos justificativos para explicar el quiebre, como haber autorizado aumentos en la Cámara alta y la aprobación de proyectos previsionales que desafiaban la premisa de equilibrio fiscal del oficialismo. El primer mandatario había llegado a calificar a Villarruel de “bruta traidora”.
