El juez Daniel Rafecas archivó la causa del gasoducto Néstor Kirchner

El juez federal Daniel Rafecas archivó hoy, después de diez días de investigación, la causa que se había abierto para investigar supuestas irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El caso, que se inició con un mensaje en off the record del Ministerio de Desarrollo Productivo que advertía sobre un supuesto direccionamiento de la licitación, por parte de funcionarios de La Cámpora, hacia una subsidiaria de Techint, derivó en la salida del gabinete de Matías Kulfas.

“A fin de despejar la hipótesis delictiva, el Tribunal ordenó cuantiosas medidas de prueba, cuyos resultados, como se verá, evidenciaron de manera contundente que la tramitación de la licitación pública GPNK 1/2022 no estuvo teñida hasta el momento de ninguna irregularidad: ni en su inicio, ni en su desarrollo, ni en la elaboración del pliego, ni en ninguna de sus distintas etapas, ni tampoco en la adjudicación, por parte de IEASA, a la firma Siat SA”, destacó el juez en los fundamentos del fallo de 222 páginas, al que accedió LA NACION.

El archivo es un cierre no definitivo del expediente, que podría reabrirse si a futuro aparecieran pruebas que lo justificaran. “En el 99% de los casos, los expedientes archivados no se reabren”, advirtió hoy a LA NACION una fuente que trabajó en esta causa.

Según informaron fuentes del juzgado de Rafecas, “tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, el magistrado concluyó que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento”.

Luego del acto por el centenario de YPF, en el que Cristina Kirchner exhortó a Alberto Fernández a “usar la lapicera” contra firmas como Techint, Kulfas salió en defensa del Presidente y sostuvo que la elección de la firma como proveedora de los caños del gasoducto fue una decisión de funcionarios kirchneristas, en perjuicio de otras compañías locales. No solo direccionaba la obra, sino que afectaba el compre nacional. La oposición agregó un tercer elemento: el intento por incluir en la obra a CPC, la constructora de Cristóbal López.

En el fallo, Rafecas va desgranando cada una de esas acusaciones. “Lo expuesto hasta el momento deja en evidencia que las empresas locales no fueron excluidas por direccionamiento alguno, sino que las mismas no se presentaron a la licitación porque: en el caso de ‘M. Royo SA’, no producen cañerías de la idoneidad requerida, y en el caso de ‘Laminados industriales SA’, no produce cañerías de ningún tipo”, advierte el magistrado.

Tras analizar variables técnicas sobre el recorrido del gasoducto, los volúmenes a transportar y las presiones en juego, el juez destaca: “Por todo lo expuesto, es que la elección de las cañerías de las características solicitadas, lejos de haber pretendido direccionar la licitación hacia una sola empresa, tenía el relevante –y fundamentado objeto- de trasladar el volumen de gas establecido y cumplir con las normas de seguridad establecidas en la materia a nivel internacional”. Y que solo la subsidiaria de Techint cumplía los términos y plazos exigidos.

Luego de señalar que tampoco se verifica vinculación alguna de la licitación con la constructora de Cristóbal López, Rafecas afirmó que todos los señalamientos de supuestas irregularidades fueron descartados y concluyó que la justicia federal no estaba llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, “a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.

“En definitiva, nada quedó en pie de las expresiones vertidas por el exministro Kulfas en el off the record que precipitara las denuncias penales presentadas ante este Tribunal”, completó, en alusión a las cuatro presentaciones que realizaron, por un lado, el abogado Santiago Dupuy de Lome; por el otro, los diputados opositores Graciela Ocaña y Waldo Wolff; así como los apoderados de la Fundación Apolo, Yamil Santoro y José Magioncalda; y, finalmente, Ricardo Mussa.

Tal como informó LA NACION, el juez había advertido que iba a resolver esta causa tan pronto como le fuera posible; para cerrarla o para avanzar. Desde el inicio de este expediente, en el juzgado decían que una causa así abierta era un ancla para el desarrollo de la obra, de por sí complicado.

“Este Tribunal ha actuado con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión, puesto que (...) tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional”, sostuvo Rafecas en el fallo.

En este caso declararon como testigos el exministro Matías Kulfas y Antonio Pronsato, que dirigió de la Unidad Ejecutora de Enarsa que tiene a su cargo la construcción del gasoducto. Ninguno dijo haber advertido irregularidades. Además, se realizaron audiencias con las empresas que extraen gas en Vaca Muerta para que le explicaran cuáles son los “requerimientos técnicos” del gasoducto que se necesita y con las empresas transportistas del gasoil.

Rafecas fue el elegido por Alberto Fernández para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, pero el Presidente no logró que el Senado diera su acuerdo para el nombramiento.

LA NACION

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