El kirchnerismo apuesta a un delicado juego de espejos

Cuando de corrupción se trata, el kirchnerismo recurre a un juego de espejos enfrentados. Las piezas que se suman a las acusaciones de espionaje ilegal en la causa que mantiene preso a Marcelo D'Alessio, al exespía Hugo Rolando Barreiro y a los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi en Dolores son usadas por el kirchnerismo para debilitar las acusaciones de corrupción que pesan sobre Cristina y sus exfuncionarios en Comodoro Py .

La última evidencia de esta simetría es la declaración del exespía Barreiro, aspirante a arrepentido en el juzgado federal de Dolores, a partir de la confesión de haber realizado espionaje ilegal con Marcelo D'Alessio. A pesar de su gravedad institucional, las menciones que realizó sobre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , y el juez del tribunal Horacio Rosatti son cotillón al lado de la verdadera revelación: Barreiro insiste en que Leonardo Fariña, el valijero de la corrupción, se reunió con funcionarios del Gobierno para acordar por dinero acusar a Cristina Kirchner y Julio De Vido .

Barreiro, según publicó Página 12, dijo que hostigó a la exabogada de Fariña Giselle Robles y le intentó robar el auto para intimidarla y que no revelara una reunión en la oficina del ministro de Justicia con Germán Garavano . El juez Alejo Ramos Padilla pidió las declaraciones de Fariña para acreditar si le pagaron para hablar.

Los abogados de los procesados kirchneristas se entusiasman con probar en Dolores que Fariña habló por plata y, así, hacer caer las declaraciones que robustecen las acusaciones de lavado de dinero contra Lázaro Báez en el caso de la ruta del dinero K y las denuncias de irregularidades en la asignación de obras públicas por las que están procesados Cristina Kirchner, De Vido, José López y Roberto Baratta en la causa de Vialidad, cuyo juicio comenzará el 22 de mayo.

En el juicio que se les sigue a Lázaro Báez y su hijo Martín por la ruta del dinero K, su abogado es Víctor Hortel, el mismo que defiende a Baratta. El letrado planteó a los jueces en pleno juicio oral que la declaración de Fariña que complica a Báez es inválida, porque se trataba de un relato armado por el Gobierno y por el cual habría cobrado dinero. Hortel pidió a los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti que llamen a declarar a D'Alessio. Los jueces no se pronunciaron aún. D'Alessio, en sus conversaciones con el empresario Pedro Etchebest, a quien extorsionaba, le dijo que Fariña había cobrado dinero del Gobierno y apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hortel quiere que declare D'Alessio para reafirmar la versión de que a Fariña lo prepararon agentes de inteligencia para que repitiera una versión que incrimina a Báez.

Ahora Hortel seguramente volverá a la carga pidiendo la declaración de Barreiro en este juicio. La exabogada Robles confirmó que hubo un intento del robo de su Audi y allegados a Garavano admitieron que el funcionario se vio con Fariña en dos ocasiones, pero señalaron que hablaron del programa de Protección de Testigos e Imputados.

Hortel ya fracasó con un intento de lograr la libertad de los Báez usando a D'Alessio. Hace unas semanas pidió la excarcelación, al sostener que no estaban garantizadas las condiciones de su detención, a partir de que se conocieron las escuchas que había ordenado la Justicia sobre los teléfonos del penal. Barreiro también podría ser funcional al kirchnerismo para debilitar el relato de Fariña en el caso de los cuadernos y en el juicio por iniciarse contra Cristina.

El relato de D'Alessio impactó en la causa de los cuadernos de las coimas, pues la extorsión a Etchebest invocando el nombre del fiscal Carlos Stornelli fue usada por los abogados de los procesados kirchneristas para pedir la nulidad del expediente y el apartamiento de Stornelli. Pero el juez Claudio Bonadio ratificó al fiscal.

El relato de D'Alessio amenazó con erosionar el más explícito de los casos de corrupción del kirchnerismo: el que mantiene preso al exsecretario de Obras Públicas José López, detenido en un convento con US$9 millones. D'Alessio dijo que esos billetes eran falsos. Pero se comprobó que era mentira.

Por elevación, el exespía Barreiro quiso pegar a la "operación descrédito" al juez Bonadio. Dijo que una abogada administrativista, que supuestamente espiaba en Comodoro Py para una célula de espionaje, era su nexo.

A ambos lados de estos espejos enfrentados se repiten los mismos exfuncionarios kirchneristas y sus abogados, pero con roles diferentes: mientras que en las causas de corrupción de Comodoro Py 2002 son presos o están procesados, en el juzgado federal de Dolores son considerados víctimas y por eso son querellantes. La excepción es Luis D'Elía, que se presentó allí, pero lo rechazaron.

La lógica por la cual en un lugar son acusados y en otro, víctimas, es que en Dolores se investiga una maniobra de espionaje. En esa causa hay carpetas con informes de inteligencia y seguimientos realizados por D'Alessio sobre esos acusados. Esos materiales fueron secuestrados al falso abogado en su casa de Canning. Los abogados querellantes aparecen mencionados como víctimas de maniobras de espionaje.

Entre los procesados-querellantes se cuentan el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, Baratta, los abogados Maximiliano Rusconi (de De Vido) y José Ubeira (del preso de los cuadernos Oscar Tomas), el empresario Etchebest, el aduanero Gabriel Traficante (primer denunciante contra D'Alessio) y Eduardo Porcaro, un dirigente kirchnerista investigado por la Justicia Federal en Necochea y al que D'Alessio espiaba.

Además, sobrevuela la idea de que los arrepentidos fueron presionados mediante operaciones de inteligencia previas a sus confesiones para impugnarlas. Esta idea choca con las declaraciones de los empresarios que admitieron haber pagado coimas y la de funcionarios kirchneristas que admitieron haberlas cobrado, en un caso en el que están con procesamiento firme, a la espera de que Bonadio los envíe a juicio a oral.

Elisa Carrió denunció que el caso D'Alessio es una operación montada por el kirchnerismo desde la cárcel para derrumbar las causas en contra de sus funcionarios. Mientras la Justicia investiga si la denuncia tiene asidero, los abogados de los acusados usan los dichos de D'Alessio y, ahora, los de Barreriro como si fueran hechos.

En el Gobierno creen que D'Alessio y Barreiro -quien dijo que sus reportes llegaban a Silvia Majdalani, número dos de la AFI macrista- son parte de una operación de viejos espías, que con ascendencia motorizaron el caso Etchebest y visibilizaron a D'Alessio y su pyme de espionaje dedicada a delitos varios y a informar al Estado. La operación fue exitosa hasta ahora. Perdieron estos espías, sus revelaciones impactaron en las causas de corrupción del kirchnerismo y los que las capitalizan son los exfuncionarios en problemas con la Justicia.