El “mercado presente” que Cristina no puede ni imaginar
Sus creencias económicas dejan a a vicepresidenta muy lejos de una macroeconomía que potencie el poder productivo de los privados
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PARA LA NACIONLuciana Vázquez
La Argentina enfrenta problemas estructurales en varios frentes. Uno de los más difíciles de abordar es el sentido común económico de Cristina Kirchner: una suerte de religión propia que tiene al Estado como tótem y al Mercado y al sector privado como tabú. Las últimas medidas de los ministros Martín Guzmán o Juan Zabaleta, moldeadas en parte en respuesta a la presión de las concepciones económicas de la vicepresidenta en medio de una coyuntura delicadísima, que el presidente Alberto Fernández tampoco atina a controlar, confirman el sesgo y los efectos colaterales problemáticos que generan las creencias vicepresidenciales. Tanto la confrontación con los movimientos sociales que la vicepresidenta abrió en el acto de la CTA como las limitaciones a las importaciones que alentó con el llamado de atención sobre el supuesto “festival de importaciones” se inscriben en esa cosmovisión. El resultado, una concepción de la vicepresidenta que borronea el rol fundamental del sector privado en la generación de soluciones económicas virtuosas y sostenibles o que, directamente, lo condena tanto en el discurso como en la práctica, por ejemplo, el dejar atrás los planes sociales para dar lugar a la creación de empleo formal.
Los tiempos de la Argentina son otros. Agotado el “Estado presente” en su potencial simbólico y su capacidad de financiación, toda fuerza política que quiera tomar la posta hacia el futuro, como máximo, o, como mínimo, sobrevivir, está casi obligada a machacar con otro mantra: llegó la hora del “Mercado presente”. La vicepresidenta, en cambio, está más atenta a su creencia histórica que a la percepción de los cambios de época.
Cualquier esperanza en torno a una futura Cristina Kirchner de mayor racionalidad económica, potenciada en los últimos días por el encuentro, a instancias de la vicepresidenta, con el economista Carlos Melconian, crítico de la matriz económica productiva del kirchnerismo, queda desmentida por los legados económicos de Fernández de Kirchner con su propensión al déficit y la emisión, el estancamiento del empleo privado que se inauguró en 2011, cuando arrancó su segunda presidencia, el cepo a las exportaciones y el ocultamiento de la pobreza, por ejemplo, pero sobre todo, por las posibilidades que no abraza en el presente.
Aún teniendo el poder de marcarle la cancha a su coequiper en el Poder Ejecutivo, Cristina Kirchner opta por una concepción que postula la hermenéutica de la sospecha en relación al mercado y los privados, su control y acorralamiento como herramienta clave y al Estado como la llave de todos los problemas. Sus creencias económicas la dejan muy lejos de una macroeconomía que potencie el poder productivo de los privados. Al contrario, el Estado interventor es el eje de su mirada justo cuando el Estado está agotado como nunca.
No hay en el horizonte una especie de conversión religiosa de la vicepresidenta que la lleve a matizar sus miradas y a visualizar una salvación política en un cisma pragmático que ponga al mercado y a la racionalidad económica en el centro. Y ése es un problema para la Argentina porque esa figura política con poder suficiente como para marcar la agenda de un gobierno, y por momentos, de la conversación pública no cree en el capitalismo. Como dice en público el Melconian con el que conversó la vicepresidenta durante tres horas en privado: “Hasta los chinos se hicieron capitalistas”.
La disyuntiva movimientos sociales versus intendentes y gobernadores, que planteó Cristina Fernández para patear el tablero de los planes sociales, no hace más que preservarlo: el tablero se mantiene intacto, el del Estado, sus recursos y el uso político de esas posibilidades. Como dice el dirigente de izquierda Gabriel Solano, “hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en realidad en los barones del conurbano”.
Sobre todo desde la derrota electoral de 2021, el oficialismo viene insistiendo con que ahora sí llegó la hora de transformar los planes sociales en trabajo formal como si se tratara de una alquimia política casi mágica. Para lograrlo, en su discurso en la CTA, la vicepresidenta no propuso una ingeniería sofisticada de alianza entre el Estado en su mejor rol de ecualizador de injusticias con un sector privado en su papel más virtuoso de motor del crecimiento y el desarrollo. No se escuchó una visión alternativa que cambie el régimen del sentido común y deje atrás una manera de concebir el problema, que solo ha logrado reproducirlo. Más que “Potenciar trabajo”, los planes potenciaron un universo autónomo de precariedad.
El discurso de Cristina Fernández en la CTA planteó simplemente un cambio de manos del poder y de los recursos del Estado, es decir, recursos de todos, a un poder más afín a la vicepresidenta: de los movimientos sociales a los intendentes. Una decisión que se muestra cada vez más como una movida electoralista para tener algo para distribuir, sobre todo en el conurbano bonaerense, cuando empieza a jugarse el destino electoral de 2023.
El economista Marcelo Capello, investigador del Ieral, el instituto de la Fundación Mediterránea que preside Melconian, dejó en claro los beneficios políticos del cambio de manos de los Potenciar Trabajo. “Si los planes Potenciar Trabajo pasan a ser administrados por las provincias, beneficiaría a la provincia de Buenos Aires, que junto a Jujuy, tienen la mayor cantidad de beneficiarios cada 100 personas con dificultades laborales”. En Jujuy, hay 22,9 planes Potenciar Trabajo cada 100 personas con dificultad. En la provincia de Buenos Aires, sumando el Gran Buenos Aires y partidos del interior, hay 27,8.
Dentro de la provincia que gobierna Axel Kicillof y que es central en la estrategia electoral de sobrevivencia que imagina Cristina Fernández, los municipios del conurbano son los más beneficiados. Por cada 100 habitantes, en promedio, el conurbano tiene 3,3 Potenciar Trabajo. Florencio Varela, municipio kirchnerista, es el que más tiene, 7,9. Le siguen José C. Paz, el municipio de Mario Ishi, con 5,9 planes cada 100 habitantes, Ezeiza, Berazategui, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Moreno, Quilmes y Esteban Echeverría en los primeros puestos.
A la hora de manejar los recursos del Estado, la vicepresidenta sigue privilegiando una visión clientelar antes que racional y estructural que incentive al sector privado. En el pasaje de la “tercerización” de los planes en las organizaciones sociales a la gestión de los intendentes, todo queda dentro del Estado, siempre. El rol del sector privado como creador de empleo genuino queda fuera de su lógica.
La vicepresidenta moraliza a los sectores de la economía, y lo hace sesgadamente: el mal es siempre el otro. En ese marco, el sector privado siempre es sospechoso. El sentido común en torno a los planes estuvo asociado durante los años del kirchnerismo histórico a la idea de un “Estado que cuida”. En 2015, en plena campaña, el miedo insuflado desde el kirchnerismo en relación a una presidencia macrista pasaba por ese lado: la llegada de un nuevo “Estado neoliberal” que descuidaría a los más vulnerables. Cambiemos llevó adelante una política social atrapada en esa suerte de extorsión conceptual: aumentó la cantidad de planes como muestra de su sensibilidad social. Desde el ministerio de Carolina Stanley, la política pública respondía a una suerte de compensación de una culpa original de ese sector gobernante que debía dar muestras de sensibilidad.
El giro contrario en ese sentido común, lo dio, otra vez, Cristina Kirchner en los meses finales de la presidencia de Mauricio Macri, cuando empezó a plantear que los planes son, paradójicamente, la prueba de un “Estado neoliberal” ineficaz y perverso que consolidaba la pobreza.
La historia y el aporte limitado de la política social argentina desde 2002 hasta 2020 quedó bien clara en el trabajo elaborado por el sacerdote jesuita y doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley Rodrigo Zarazaga y los politólogos Andrés Schipani, también doctor en Ciencia Política por esa misma universidad, y Lara Forlino. El informe, titulado “Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente” y fue publicado por Fundación Fundar y del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS).
La Argentina es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más gasto social respecto del PBI pero con peores resultados. Chile y Uruguay tienen índices de pobreza que representan un tercio de la pobreza argentina y lo lograron gastando entre la mitad y dos tercios del gasto social argentino. Otro dato del informe es indicativo de la desaparición del sector privado del horizonte que de soluciones: entre 2011 y 2019, el gasto en planes de preservación o promoción del empleo formal cayó el 80%. Se trata de aporte a las empresas para que no haya despidos en épocas de crisis, en el primer caso, y de planes de capacitación laboral, en el segundo.
En otro trabajo comparativo que lleva adelante Schipani en torno a cómo Chile y Uruguay hicieron la transición a empleo formal, la estabilidad macroeconómica surge como variable central. “Uruguay y Chile tuvieron 20 años o más de estabilidad macroeconómica y eso tiene una correlación positiva con la creación de empleo formal. Una condición necesaria para una política social es una política macroeconómica estable”, señala Schipani. Una macro ordenada como el mejor plan social. Los sesgos conceptuales del cristikirchnerismo y la desesperación electoral no la lleva a esas costas. Aceptar el funcionamiento del capitalismo es la clave para el desarrollo.
Al contrario, mientras a la vicepresidenta se la escucha pronunciar una suerte de rezo público por una especie de “pueblo Pyme” al que hay que proteger, en la práctica se las vulnera. “Las Pymes no tienen ni la capacidad ni la intención de sobre stockearse o especular”, explicó, en esa línea, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González.
Como dice Melconian, bajar la inflación es popular. La vicepresidenta podría coincidir con esa afirmación. Aunque no con la receta para lograrlo. En esa diferencia se juegan las visiones de mundo sobre Argentina.
Tipo de trabajo:
análisis
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