El milagro de Alicia: logra superávit en Santa Cruz por la inflación y el ajuste salarial

RÍO GALLEGOS.- Por primera vez en 15 años la provincia de Santa Cruz presentó un presupuesto con superávit. A fuerza de ajuste y congelamiento salarial, la gobernadora Alicia Kirchner pasó de un déficit de casi $8000 millones a un superávit de $1440 millones, en solo un año.

Pero nada es lineal: mientras que desde la Casa Rosada puso a la cuñada de Cristina Kirchner como ejemplo a seguir a la hora de ajustar las cuentas públicas, sus opositores en la provincia aseguran que pese a recibir más fondos no lo refleja ni en los sueldos ni en una mejora de los servicios.

En una provincia cuya economía sigue girando en torno al empleo público, cualquier variable en los sueldos impacta en forma directa en la economía, incluso en la de aquellos que no reciben un salario directamente.

De los tres años de gestión, en 2017 no hubo aumentos de salarios, mientras que en 2016 y 2018, la suba fluctuó entre el 15% y el 20%, lejos de la inflación, que rondó en más de un 40%. Para 2019, la pauta salarial es cero.

Cuando Alicia Kirchner asumió el gobierno, afirmó que recibía "una provincia quebrada" y apuntó todo el peso de la responsabilidad a su antecesor, Daniel Peralta.

Con ese diagnóstico y el argumento que desde la Nación ahogaban financieramente la provincia, la crisis se extendió por tres años, en especial con el gremio docente, que entre 2016 y 2017 sumaron más de 180 días de huelga.

Entonces, ¿que pasó para que ahora la hermana de Néstor Kirchner pueda mostrar las cuentas en verde? El fuerte aumento del dólar que impacta en las regalías que la provincia recibe en esa moneda, la alta inflación (que se ve reflejada en mayor coparticipación federal) y el congelamiento salarial están entre las razones de la bonanza presupuestaria que hoy ostenta la administración de Alicia Kirchner. Sin embargo, en los papeles oficiales no está previsto ningún aumento salarial.

El presupuesto que prevé el gobierno para este año, aprobado por la Legislatura, es de $58.045.226.364. Arroja un saldo positivo de $1440 millones, algo que no sucedía desde los 90, cuando a la provincia la gobernaba Néstor Kirchner y el gobierno tenía depositado en el exterior US$1200 millones.

Entonces, ¿terminó la crisis económica para Santa Cruz? Para el senador radical Eduardo Costa, aspirante a la gobernación, "Santa Cruz no tiene crisis económica, tiene una crisis política; hay fondos pero el gobierno sigue sin atender los problemas de los vecinos". Ante una consulta de LA NACION, agregó: "La provincia incrementó sus ingresos de forma muy marcada por el aumento de la coparticipación, la recaudación de impuestos, el incremento las regalías y la mayor actividad económica en áreas como la minería y el petróleo y la pesca. El problema no es de ingresos, sino de gastos".

El aumento del presupuesto de este año es del 34%, se estima que el crecimiento de la coparticipación federal y la suba del dólar, que impacta positivamente en las regalías que la provincia percibe en esa moneda, marcaron el crecimiento. Los números definitivos se conocerán cuando la provincia presente el ejecutado del último trimestre de 2018.

La gobernadora Kirchner, que este año podría postularse para la reelección, afirmó que en la reunión que mantuvo con Mauricio Macri el 14 de enero pasado, conversaron sobre la situación provincial.

"Le dije que estamos luchándola", dijo Alicia Kirchner al diario La Opinión Austral. Y sobre los adelantes financiero que manda Nación, aseguró: "Cada tanto es otorgado. Eso significa que nunca sabemos qué mes nos toca", precisó, y señaló que en el período que Santa Cruz recibe esos adelantos de coparticipación "a los cinco o seis días se devuelven".

La gobernadora precisó que el envío de los fondos es "importante porque le permite a la gente tener el dinero antes, y hoy, que hay tantos problemas económicos, eso reduce la conflictividad". Sobre los reclamos por las demoras en el pago de haberes, sostuvo: "Cada vez hemos disminuido los tiempos; al principio era mucho mayor".

El gobierno contempla una planta de personal permanente de 34.117 agentes y una de personal contratado y transitorio de 1792. Es decir, se incrementa el personal de planta permanente, pero disminuye la cantidad de contratados con respecto a 2018.