El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

Después de 14 años de espera se conformó el juzgado federal de primera instancia en Puerto Iguazú, Misiones. Uno de los epicentros del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas del Cono Sur no contaba con uno. Fue creado por ley en 2011, pero recién fue puesto en funcionamiento por la Corte Suprema hace unos días. Además, aguardaba para ocupar su lugar el flamante magistrado, que fue designado una semana antes de que dejara el gobierno Alberto Fernández. El 28 de noviembre de 2023, Marcelo Cardozo, quien era juez de Instrucción en Posadas, fue confirmado para el puesto a través del decreto 643/23.

En una decisión sin precedentes en los últimos 30 años, la Cámara de Misiones ordenó que los otros jueces federales le transfieran las causas en trámite en su competencia, lo cual podría dar lugar a planteos de violación del juez natural. Sin embargo, nada de esto es el problema principal. Lo es que sobre Cardozo pesan múltiples denuncias por narcotráfico, venta ilegal de divisas, lavado de dinero y pagos de coimas, entre otros delitos.

LA NACION habló con tres presuntas víctimas y denunciantes, que compartieron tanto los documentos presentados ante la Justicia, como las pruebas aportadas. Otros, que prefirieron mantener su identidad reservada, relataron situaciones similares en contexto de causas que tramitaron en su anterior juzgado. Este medio trató de comunicarse con Cardozo, pero no recibió respuesta.

Dos de sus denunciantes son sus primas hermanas. Una de ellas, Vanesa Giselle Aguirre, trabajó en su juzgado desde febrero de 2024. Ella asegura haber tomado “conocimiento directo de prácticas de corrupción judicial”. Vanesa afirma haber presenciado la “libertad otorgada a cambio de dinero en efectivo”, el “encubrimiento de homicidios” y “pagos de coimas por parte de la policía para cubrir delitos cometidos en comisarías”. Adicionalmente, relata haber sido testigo del “ingreso de fajos de billetes a oficinas judiciales”. Florencia Aguirre, quien se convirtió en influencer en redes sociales al intentar exponer los abusos en la provincia, también trabajó con su primo y dijo que hay “expedientes y pruebas de Cardozo dando libertad a asesinos a cambio de plata y donde mueren los únicos testigos”.

Las denuncias también apuntan a un patrón de abuso de poder sexual dentro del juzgado de Cardozo. Florencia denunció ante la Oficina Anticorrupción la “venta ilegal de dólares” por parte del juez de Puerto Iguazú.

Otro caso que involucraría a Cardozo es el de Adrián Borda, imputado en el crimen de la maestra Lucía Maidana de 2013. Florencia Aguirre relata que “Borda le pagó 30 mil dólares a Cardozo en el mes de mayo” por su liberación, y de esa suma, Cardozo le dio a ella $100.000. Posteriormente, en julio, Walter Velázquez, alias “el Chinito”, el único testigo en el asesinato de Maidana, “se ‘suicidó’” en circunstancias sospechosas.

Otro denunciante, José Alegre Da Silva, también apunta a Cardozo en relación con el narcotráfico y la usurpación de tierras. José es dueño de unas cinco hectáreas en el barrio Punta Alta de Garupá, de frontera con Paraguay. Da Silva denunció a Cardozo por narcotráfico y mostró en la Justicia y a este medio fotos de los móviles del juzgado en su propiedad, por la que, presuntamente, pretendían pasar “porquerías” a Paraguay.

José relata que, con el fin de aprovechar la frontera de su tierra, Cardozo ordenó un desalojo masivo en 2022 que destruyó sus casas. José ya había sido sobreseído en una causa anterior por usurpación de su terreno y contaba con una restitución de su inmueble de forma efectiva, pero Cardozo mantuvo una medida cautelar por cuatro años que le prohibía tocar su propiedad, permitiendo que la “mafia” avanzara. Además, poco antes del desalojo, la nieta de José fue secuestrada. Relata que en ese momento, Héctor González, una persona presuntamente asociada a Cardozo, apareció con $2millones, queriendo comprar la propiedad.

El domicilio de Florencia Aguirre y su hermana Vanesa fue allanado en noviembre de 2024 (sin orden judicial, según Florencia). Según lo denunciado por ellas en los tribunales de Comodoro Py, Cardozo se acercó a Vanesa y le advirtió: “Sabía lo que estaba pasando, hablá con tu hermana para que deje de hacer videos contando lo que pasa en Misiones, porque las consecuencias pueden ser peores”.

Florencia, de hecho, ha tenido que interponer un hábeas corpus preventivo fuera de Misiones (se encuentra viviendo en Corrientes) ante el temor de ser detenida o agredida al regresar a la provincia, solicitando que su pedido no sea remitido a Misiones por la “corrupción existente” y el vínculo de Cardozo con el fuero federal. Su causa tramita en Ciudad de Buenos Aires.

Da Silva, por su parte, relata que su propio abogado fue contactado por un juez amigo de Cardozo, quien le sugirió que firmara “la mitad de la propiedad para que lo dejen en paz”. José relata que ha sido víctima de violencia extrema, incluyendo la muerte de sus vacas y agresiones físicas, de las cuales tiene fotografías que lo muestran golpeado fuertemente en la cabeza y cara.

Por Camila Dolabjian

• Justicia Federal
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