El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto de telecomunicaciones resistido por la oposición
La iniciativa del Gobierno sufrió 40 cambios antes de su aprobación; habilita a las telefónicas a ingresar al negocio de la comunicación audiovisual; hubo objeciones por una eventual concentración económica; hoy arranca el debate en Diputados
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LA NACIONGustavo Ybarra
El oficialismo, con el apoyo de sus aliados tradicionales, aprobó anoche por 38 votos a favor y 21 en contra en el Senado el proyecto de ley que regula las tecnologías de la información y comunicación. El texto, que ahora se tratará en la Cámara de Diputados, abre la puerta para que las grandes empresas telefónicas ingresen al negocio de la comunicación audiovisual apenas cinco años después de que la ley de medios les vedara el acceso a ese mercado.
La iniciativa sufrió más de 40 modificaciones, a pesar de lo cual la oposición en pleno rechazó el proyecto, con el argumento de que favorecerá la conformación de oligopolios y que les permitirá a las empresas de telefonía fija barrer con las pequeñas y medianas operadoras de cable e Internet del interior del país. También se cuestionó al Gobierno por desaprovechar la oportunidad de declarar servicio público a la telefonía móvil.
En lo que fue el trámite más accidentado de un proyecto del Poder Ejecutivo de los últimos años, el texto fue y volvió entre el Senado y la Casa Rosada durante tres semanas, lo que obligó a la suspensión en dos oportunidades de su tratamiento en el recinto.
La razón de tantas idas y venidas fue el revuelo que generó en el interior del bloque oficialista la apertura indiscriminada del mercado de las telecomunicaciones que proponía el texto original, que con el pretexto de la convergencia tecnológica obligaba a los operadores de TV por cable del interior del país a abrir sus redes (última milla) a toda empresa que quisiera usarlas en un marco de libre competencia.
En otras palabras, el texto obligaba a esas empresas, en su mayoría pymes y cooperativas, a competir con gigantes del mercado, como Telefónica y Telecom. Esto provocó una rebelión entre los principales referentes del bloque oficialista de la Cámara alta, que vieron con temor cómo las empresas propietarias de los canales locales de sus distritos se iban a convertir en sus enemigos en vísperas de un año electoral.
Así fue como, en dos tandas, el proyecto sufrió severas modificaciones. Uno de los primeros y más significativos cambios fue la prohibición taxativa a las telefónicas del acceso al mercado de la televisión satelital.
Además, se establecieron cláusulas de gradualidad y de análisis de las condiciones específicas del mercado como paso previo al acceso de las grandes empresas en el negocio de la comunicación audiovisual.
En defensa del proyecto, la presidenta de la Comisión de Sistemas, de Medios de Comunicación y de Libertad de Expresión, Liliana Fellner (FpV-Jujuy), aseguró que el texto garantiza el derecho humano a la comunicación, ya que "regula adecuadamente la convergencia tecnológica" y busca "consolidar el rol del Estado como planificador e impulsor del desarrollo de las tecnologías".
Además, destacó que mantiene el estatus de servicio público a la telefonía fija (algo que el Poder Ejecutivo había omitido en su proyecto) y que, una vez sancionado, se termina con el concepto de larga distancia en las comunicaciones telefónicas.
Ataques
Sin embargo, la oposición atacó la iniciativa por considerar que favorecerá la concentración económica en manos de los grandes operadores de telefonía.
"Esto no es sólo para Telefónica, es también para Telecom y para Carlos Slim, el empresario millonario amigo de la Presidenta" Cristina Kirchner, afirmó Rubén Giustiniani (Socialista-Santa Fe), quien destacó que esas empresas "son las que más alta rentabilidad han obtenido y las que menos han invertido".
Por su parte, Eugenio Artaza (UCR-Corrientes) cuestionó al oficialismo por negarse a extender la declaración de servicio público a la telefonía celular, a pesar de que "el 58% de los ingresos del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación lo aporta la telefonía móvil". "Queda claro que el corazón de este negocio es la telefonía móvil", destacó.
La peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) rechazó la lectura del oficialismo acerca de que con este proyecto se garantizará el derecho humano a la comunicación. "El ejercicio de los derechos humanos debe ser gratuito, y este proyecto no garantiza el acceso gratuito de los argentinos", sentenció.
Por último, Diego Santilli (Pro-Capital) aseguró que el proyecto oficial "desalentará las inversiones" por las amplias facultades que deja en manos del Poder Ejecutivo y de la autoridad de aplicación, organismo que, advirtió, "emula la lamentable experiencia de la Afsca (ley de medios) con su actuación irregular y arbitraria".
En el cierre del debate, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), aseguró que con este proyecto se están condonando $ 4000 millones de pesos que las grandes telefónicas adeudan al Fondo Fiduciario del servicio de Telefonía Universal, y advirtió sobre las amplias facultades que tendrá la autoridad de aplicación, que podrían atentar contra la libertad de expresión. "Cualquier infracción autoriza el decomiso (de equipos), esta medida va a permitir perseguir a cualquiera", sentenció.
Cambios en el negocio digital
El proyecto del Gobierno modifica el sistema actual
Acceso
El proyecto "Argentina Digital" garantiza el acceso de las grandes empresas de telefonía en el mercado de la comunicación audiovisual y al uso de las redes físicas ya existentes
Reglamentación
Aunque el texto establece que el ingreso se hará de manera gradual y tomando en cuenta las asimetrías, los parámetros concretos quedan a criterio de la reglamentación posterior
Servicio público
Mantiene la declaración de servicio público de la telefonía fija (el texto original lo había omitido), pero evita aplicar el mismo concepto a la telefonía móvil
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