Cómo se reacomoda el Poder Judicial con el mandato de Alberto Fernández

Los tribunales federales de Comodoro Py iniciaron su viraje hace meses. Fue paulatino, gradual. Se aceleró tras las PASO de agosto. Y ahora es más evidente. Las investigaciones contra exfuncionarios kirchneristas se aletargan o incluso mueren, mientras que las denuncias contra el flamante expresidente Mauricio Macri y sus colaboradores cobran nuevos bríos, algunas tras años de hibernación, según surge de un relevamiento desarrollado por LA NACION de algunos de los expedientes más incómodos para la clase política de un lado u otro de la grieta.

Este reacomodamiento tribunalicio comenzó de manera "espontánea", según varios jueces y fiscales consultados, sin que mediara un pedido del nuevo Gobierno, que ni siquiera había asumido para cuando el viraje ya estaba en marcha. No fue necesario. "Algunos son más papistas que el Papa", sintetizó uno de los fiscales más veteranos del fuero ante la pregunta directa de este diario. Son ellos los que buscaron llegar hasta Alberto Fernández para congraciarse. Según tres de sus allegados, él los rechazó.

"Querían sondearlo para que les dijera, como profesor de Derecho, si un hecho investigado era o no delito. Se trataba de una acusación contra Macri. Según qué respondiera, iban por Macri o lo zafaban. Alberto no quiso ni escucharlos", relató uno de sus acólitos a LA NACION. Otros dos, por separado, confirmaron el chisporroteo.

Muchos jueces y fiscales -con honrosas excepciones- encarnan lo que una profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, tras estudiar durante años al Poder Judicial argentino, llamó la "lógica de la defección estratégica". Es decir, la tendencia de los magistrados a aumentar sus decisiones contrarias al Gobierno saliente y favorables al entrante, basados en lo que creen que será importante o de interés para las nuevas autoridades.

Pero esta lógica no es nueva. Impera en Comodoro Py -y otros fueros, como el Contencioso Administrativo Federal- desde hace décadas, aunque Cristina Kirchner y sus allegados lo circunscriben a los últimos cuatro años, con ellos como víctimas. Pero el relevamiento de los expedientes muestra que benefició o perjudicó por igual a menemistas –con aquellos "jueces de la servilleta" que luego les contaron las costillas-, kirchneristas y macristas, según el contexto político imperante.

Ahora, esta "lógica de defección estratégica" podría acelerarse con el correr de las semanas, de la mano de quienes asuman como los nuevos responsables de la unidad antilavado (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los tres organismos pueden modificar la línea que siguieron hasta ahora en las pesquisas en que ya figuran como "querellantes" contra exfuncionarios y empresarios kirchneristas, y presentarse en investigaciones incómodas para la administración saliente.

El juez federal Luis Rodríguez se erige, por ahora, como uno de los magistrados que mejor encarna el viraje de Comodoro Py. Tres años después de radicada la denuncia y con el resultado ya puesto en las PASO de agosto, Rodríguez citó a indagatoria y procesó al exministro de Energía Juan José Aranguren, y a la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quienes siguieron así los pasos de Luis María Blaquier, el primer exfuncionario relevante de Cambiemos procesado.

"Blaquier fue procesado el 18 de octubre -también después de que las primarias dejaran a Alberto Fernández a un paso de la Casa Rosada- por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública como extitular del fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS)."

Los problemas para los ahora exfuncionarios de Cambiemos se acumulan. También tras las PASO, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le dio nuevos bríos a una pesquisa de 2017 sobre presunto espionaje ilegal que lo tiene a él mismo como posible víctima y a los titulares salientes de la unidad antilavado (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico como sospechados. Y la extitular del ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó imputada por su presunta actuación irregular durante el conflicto mapuche en 2017.

Más complicado aparece el horizonte judicial de Macri. Tras las PASO quedó en la mira por la disparada del dólar, aunque afronta otras investigaciones que comenzaron años atrás y que ahora podrían acelerarse hacia su indagatoria: por el intento de acuerdo de su Gobierno con el Correo Argentino –una empresa de su holding familiar–, por las causas centradas en el financiamiento ilegal de las campañas 2015 y 2017, y por autopistas, parques eólicos o la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, entre otras. Varias prometen novedades en el corto plazo.

Macri ya conoce por experiencias previas cómo su valía política coyuntural influye en las decisiones judiciales. En pleno auge del kirchnerismo, el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó los cargos en su contra en la causa por escuchas telefónicas ilegales –procesamiento que confirmó la Cámara Federal–, pero el mismo Di Lello pidió luego sobreseerlo y sacarlo del expediente. ¿Cuándo? El 3 de diciembre de 2015, una semana antes de que Macri asumiera la Presidencia.

Casi cuatro años después, también tras las PASO, Di Lello impulsó una investigación contra Macri, Guillermo Dietrich, Jorge Faurie, Aranguren y Gustavo Lopetegui. Esta vez por la presunta cesión de soberanía en las islas Malvinas por autorizar vuelos de una empresa extranjera al archipiélago sin pasar por el Congreso. Y casi en simultáneo, en otro expediente, Di Lello le pidió a la jueza María Servini que sobreseyera a los referentes de La Cámpora Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, en la pesquisa por el presunto financiamiento ilegal de esa agrupación, dictamen en que también cuestionó las declaraciones de los "arrepentidos" en un expediente ajeno: "Cuadernos de las coimas".

Antes de asumir como ministro del Interior, De Pedro también quedó fuera de la causa "Cuadernos" que instruye el juez federal Claudio Bonadio, el juez que más investigó a Cristina Kirchner y a su gobierno. Bonadio lo sobreseyó el 20 de septiembre –también tras las PASO– junto a Máximo Kirchner. Un año después de que la Cámara le ordenó que resolviera sus situaciones procesales, el juez estimó que no integraron una asociación ilícita.

De Pedro y Máximo Kirchner no son los únicos referentes del ahora oficialismo que salieron mejor parados de Comodoro Py desde las PASO. Un año después de recibida la denuncia, Canicoba Corral sobreseyó el 7 de noviembre a Carlos Zannini –nuevo procurador general del Tesoro–, y el fiscal Gerardo Pollicita no apeló, por lo que quedó firme su sobreseimiento.

Tampoco apeló el fiscal Ramiro González ante el sobreseimiento del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acusado por presunto abuso de autoridad al presionar y multar a las consultoras que durante su gestión difundieron cifras de inflación distintas a las del Indec. Su exculpación, el 18 de noviembre, también quedó firme.

Por su parte, el 27 de noviembre, el juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a los exjefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y al entonces máximo responsable de Fútbol para Todos (FPT), Gabriel Mariotto. El magistrado, que ahora es el candidato oficial para procurador General de la Nación, desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

También el 27, en Tucumán, el exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, teniente general César Milani, fue absuelto en el juicio por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo. Y si eso ocurrió en Tucumán, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y embargó a la Mesa de Enlace y a la exdiputada Margarita Stolbizer por un corte de ruta ocurrido hace casi doce años, en marzo de 2008. El juez los había sobreseído en 2017, pero debió seguir las instrucciones que fijó la Cámara Federal de Rosario.

El ministro Julio De Vido protagonizó una dinámica similar en el "caso Skanska", según cuál fuera el contexto político del momento. La Cámara Federal declaró su sobreseimiento por "inexistencia de delito" en 2011. Pero en 2016 –con el kirchnerismo ya fuera de la Casa Rosada–, la Casación validó una prueba y reabrió la causa, lo que llevó a su procesamiento en 2017, confirmado por la Cámara en 2018.

Para entonces, Cristóbal López y Fabián de Sousa llevaban varios meses detenidos. Pero, también tras las PASO, ambos fueron excarcelados el 4 de octubre. López apareció como invitado VIP a los actos de asunción del presidente Alberto Fernández, el 10 de diciembre, mientras que De Sousa pasó a la ofensiva. Denunció al titular saliente de la AFIP, Leandro Cuccioli, a los exasesores presidenciales Fabián "Pepin" Rodríguez Simón y José Torello, y al empresario Nicolás Caputo. El fiscal Guillermo Marijuán los imputó a todos ellos.

Sin embargo, y como le ocurrió a María Julia Alsogaray durante el post-menemismo, el futuro de algunos exfuncionarios kirchneristas aparece más complicado. Entre ellos, el del exvicepresidente Amado Boudou, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y de Obras Públicas José López. Los tres ya cargan con una o más condenas judiciales sobre sus espaldas, mientras que De Vido y su segundo, Roberto Baratta, obtuvieron al menos sus arrestos domiciliarios.

Y a todo esto, ¿qué ocurre con Cristina Kirchner? El juez Rodríguez la sobreseyó en la causa por presunta insolvencia fraudulenta en bienes vinculados a la herencia de su marido, mientras que la Cámara Federal revocó sus procesamientos presuntas irregularidades en la renegociación de los contratos de corredores viales, y en la conocida como "gas licuado", y la Cámara de Casación apartó a Bonadio de la causa en procesó a la expresidenta por el traslado de muebles en aviones oficiales; ahora el expediente quedó en manos de Casanello. Cuatro problemas judiciales menos, aunque la Justicia también confirmó su procesamiento por supuesto cohecho pasivo en la pesquisa sobre las "obras públicas viales". El desafío mayor, sin embargo, pasará por los casos "Hotesur" y "Los Sauces". Ambos juicios orales deben comenzar, en teoría, en 2020.

Habrá que ver, para entonces, cómo habrá evolucionado tribunales. Algunos son menos optimistas que otros. Como un camarista federal porteño que, ante la consulta de LA NACION, coincidió con la visión de Helmke, pero acuñó una frase menos académica: "Ella [por la expresidenta) pide sangre, y los alcahuetes hacen fila para agradarla".

Por Hugo Alconada Mon

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