El titular de la Sigen fue indagado en la causa que investiga irregularidades en la quiebra de Vicentin por su pasado en el Banco Nación

Por su rol como síndico del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, el actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Alejandro Díaz, fue indagado ayer en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad financiera para omitir el cobro de una deuda millonaria.

El expediente revisa, además, el refinanciamiento de una deuda que el BNA le otorgó a Vicentin días antes de que la empresa -que llegó a ser una de las mayores exportadoras de granos del país- declarara un “estrés financiero” e ingresara en un declive que culminaría con un concurso preventivo.

A Díaz, que durante ocho meses representó a la Sigen en las comisiones internas del Banco Nación, se lo acusa de no oponerse a las maniobras financieras que habrían favorecido a la empresa en detrimento del Banco.

Según pudo reconstruir LA NACION de distintas fuentes, Díaz se defendió en el juzgado de Julián Ercolini afirmando que no estaba facultado para tomar decisiones y que no tenía voto en aquellos encuentros. El funcionario explicó que su trabajo consistía solo en supervisar que las decisiones del banco fueran “consistentes” con los informes que se presentaban en las reuniones.

Las irregularidades de la empresa comenzaron en agosto de 2019, unos días después de que Díaz llegara al Banco Nación como representante de organismo. El primer descalce, marcó en su indagatoria, ocurrió por motivos ajenos a la empresa: los efectos inflacionarios y una reducción en el patrimonio del banco confluyeron para que un préstamo cercano a los 300 millones de dólares superara el límite establecido por el Central para los pasivos de los bancos, fijado en un 15% del patrimonio de cada entidad financiera. Esa deuda, marcó el funcionario, se había tomado antes de su llegada al Banco Nación.

Díaz señaló que todos los informes a los que tuvo acceso indicaban que hasta ese entonces la empresa gozaba de buena salud y que, históricamente, la firma era solvente y recurría al Nación solo para estabilizar su flujo de fondos.

Desde mediados de agosto, y en medio de nuevas negociaciones para flexibilizar el tope del 15%, Vicentin comenzó con los incumplimientos en sus liquidaciones diarias, que se fueron acumulando hasta alcanzar una deuda neta de cerca de 100 millones de dólares para noviembre de 2019, mes en el cual se firma el refinanciamiento que hoy revisa la Justicia.

El ahora síndico de la Nación explicó que aquel esquema de repago no fue una mera “concesión”, sino que le reportó al BNA una ganancia de 7.5 millones de dólares.

Su declaración forma parte de una ronda de 26 indagatorias que fueron solicitadas en la causa por el fiscal Gerardo Pollicita, que estimó el daño de la supuesta defraudación en 300 millones de dólares.

A fines del año pasado, el juez Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de 500.000 millones de pesos contra todos los imputados en la causa. La lista incluye a las dos máximas autoridades del Banco Nación durante el periodo, Javier González Fraga -ya indagado- y Lucas Llach; otros exfuncionarios del Banco, como Díaz, y 6 directivos de la firma: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, los directores Roberto Oscar Vicentin, Máximo Javier Padoan y Martín Sebastián Colombo y el apoderado Herman Roberto Vicentin.

“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665“, señaló el juez en diciembre de 2025.

Otro de los elementos bajo revisión es el control que hizo el BNA del dinero que entraba a las cuentas de Vicentin. La entidad financiera tenía en su poder dos cuentas de garantía donde se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa.

Parte de la acusación señala que el banco omitió retener ese dinero para cobrarse los incumplimientos. En sus defensas muchos imputados sostuvieron que nadie quería trabar el normal funcionamiento de la empresa y que el banco ya se encontraba en negociaciones con la empresa para regularizar su situación.

Con el cambio de Gobierno, en junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández anunció en plena la pandemia la intervención de la firma y una posible expropiación, pero finalmente dio marcha atrás con la medida, luego del ruido que generó el anuncio en la opinión pública.

Pasado en la AFA

Hasta antes de convertirse en titular de la Sigen, Díaz, que hizo casi toda su carrera dentro del organismo de control, ocupó un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como presidente de la Comisión Fiscalizadora, un órgano encargado de supervisar la administración financiera de la institución.

En julio del año pasado, al ser nombrado por el presidente Javier Milei en el organismo de control, el funcionario pidió licencia y se apartó del cargo.

Con una carta dirigida a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, argumentó que su nuevo rol en la gestión pública le impedía abocarse a sus funciones como presidente de la Comisión Fiscalizadora, “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”.

Por Federico González del Solar

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