El traspié de Patricia Bullrich cuando intentaba defender su denuncia penal por el caso de los audios
Quiso negar que hubiera pedido allanamientos a periodistas, pero le leyeron al aire la presentación de su ministerio; sus hipótesis sobre las grabaciones a Karina Milei
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LA NACION
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vivió un incómodo momento al aire anoche cuando intentó negar en una entrevista televisiva que la denuncia que su área presentó ante la justicia federal para frenar la difusión de audios de Karina Milei incluyera pedidos de allanamientos a periodistas.
“Nosotros no hemos pedido nada. No, no, no”, le dijo Bullrich al periodista Pablo Rossi, cuando le preguntó por los operativos solicitados en la demanda que firma Fernando Soto, funcionario de Seguridad. “Le dejo acá la denuncia, acá la tiene”, añadió, mientras le alcanzaba al entrevistador una carpeta azul con el escrito del Ministerio.
Pero, para sorpresa de Bullrich, Rossi le pidió a uno de sus columnistas que leyera lo que efectivamente dice la presentación judicial que ella exhibía: “El gobierno pide en la página 18: ‘Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente’“.
Ante la reafirmación de que sí había un pedido de allanamientos, la ministra se mantuvo en la negativa: “No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera”.
Bullrich insistió en apuntar contra Rial y Federico, que fueron quienes publicaron los audios de Diego Spagnuolo en los que se habla de una presunta trama de corrupción en el área de Discapacidad así como las grabaciones de Karina Milei en una aparente reunión en la Casa Rosada.
“Estos no son periodistas. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas”, enfatizó.
Sin embargo, en la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini se alude en la página 3 al “periodista Mauro Federico” y poco después habla de “los periodistas” del canal de streaming “Carnaval”.
“No sabemos quién fue”
En otra entrevista, en radio Rivadavia, Bullrich defendió el pedido de intervención judicial para impedir la difusión de nuevos audios. Describió la maniobra en la que acusa a Rial y Federico de formar parte de una maniobra extorsiva junto al dirigente de la AFA Pablo Toviggino, al abogado ligado a los servicios de inteligencia Franco Bindi, a la diputada exlibertaria Marcela Pagano y a supuestos espías rusos y bolivarianos.
En un momento se dio el siguiente diálogo, cuando intervino el periodista Lucas Morando:
-¿Ustedes cómo saben que fueron los servicios (los que grabaron a Karina Milei) y no otro funcionario que lo grabó con el WhatsApp y se lo mandó a alguien?
-Bueno, a ver, puede haber sido cualquier persona. No sabemos quién fue.
-¿Ustedes sospechan que fueron los servicios de inteligencia?
-Es que una cosa es que alguien grabe algo y otra cosa es que eso llegue a un medio de comunicación, que esa llegada al medio de comunicación signifique comenzar a divulgar esos audios. Una cosa es que una persona grabe un pedazo de una reunión y después eso se convierta en una operación de difusión de audios. Ahí hay algo más. Eso es difícil que sea un funcionario. Nosotros en las reuniones de gabinete no llevamos el teléfono.
La denuncia de Bullrich
La denuncia del Ministerio de Seguridad tiene 20 páginas en las que el Gobierno pidió que que se prohibiera la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.
La denuncia la difundió el vocero Manuel Adorni. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, dijo.
El escrito describe una supuesta operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral, “con presunta influencia extranjera”. Se menciona incluso a un ciudadano ruso al que Bullrich acusa de montar una operación para desestabilizar al Gobierno a partir de la difusión de información falsa.
La maniobra, dice el texto, habría consistido en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se menciona a Mauro Federico, Toviggino, Rial y Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.
La presentación dice que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”. “Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, agregaron en Balcarce 50.
“La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”, sostiene la denuncia, que solicita “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.
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