El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición
En la Legislatura, analizan alternativas para rechazar la baja de cuatro artículos dispuesta por el gobernador; dentro del PJ, la UCR y Pro consideran que la decisión es inconstitucional
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
La decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de vetar de forma parcial el presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense, genera un frente común de rechazo en el que confluyen peronistas y bloques opositores. En la Legislatura, evalúan la estrategia con la que intentarán dejar sin efecto la medida del gobierno provincial.
Hace dos semanas, Kicillof promulgó la ley de presupuesto para la Cámara baja provincial, pero con observaciones sobre cuatro de sus artículos (14º, 15º, 16º y 17º). El gobernador consideró que el artículo 14º modifica “procedimientos contables” de la Cámara, al disponer que “la Contaduría General de la Provincia autorizará la programación financiera anual y la Tesorería General de la Provincia garantizará la transferencia de fondos a la Honorable Cámara de Diputados”.
Los artículos 15º y 16º establecen que “el Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá establecer un sistema de transferencias automático de frecuencia diaria, calculado sobre los ingresos de libre disponibilidad de la Provincia, proporcional al total del crédito presupuestario vigente”. Y el 17º, último artículo observado, plantea que “la falta de cumplimiento en tiempo y forma del presente procedimiento por parte de los organismos responsables, generará la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas”.
En 2025, la Cámara de Diputados bonaerense funcionó con presupuesto prorrogado, al igual que la administración provincial, al no sancionarse un presupuesto. En el cuerpo legislativo, que aprobó para su funcionamiento en 2026 un presupuesto propio de $222.800.000.000, el peronismo y buena parte de la oposición comparten el diagnóstico de “inconstitucional” sobre la decisión del gobernador.
El artículo 94º de la Constitución bonaerense fue la respuesta más utilizada por peronistas y opositores ante la consulta de LA NACION. “La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”, establece ese artículo de la Carta Magna provincial.
“La Cámara puede rechazar el veto con dos tercios o acudir a la Justicia. Está demostrado que [Kicillof] va a girar los fondos discrecionalmente”, reprochó un legislador de una de las tribus del peronismo, que afirmó que el gobierno provincial le debe a la Cámara de Diputados unos $20 mil millones. Durante este año, la Cámara de Diputados tuvo retrasos en el pago de los salarios de trabajadores monotributistas que están contratados en los bloques bajo la denominación “locación de servicios”.
“No lo puede vetar, es lo único que no puede vetar el gobernador”, añadió el mismo legislador del peronismo. Subrayó que “es una cuestión delicada” y que la respuesta de la Cámara es “una decisión en conjunto con la oposición”, aunque primero deberán acordar dentro del bloque peronista, dividido entre el cristinismo, el kicillofismo y el massismo. El presidente de la Cámara de Diputados es Alejandro Dichiara (alineado con Cristina Kirchner en la interna del peronismo). El bloque peronista también tiene al frente a un dirigente cristinista: Facundo Tignanelli, de La Cámpora.
Legisladores de Pro también rechazan la medida que tomó Kicillof. “No entiendo cómo vetó, siendo específicamente inconstitucional. Más allá de la interna que puede haber entre ellos, no lo entiendo”, indicaron desde ese espacio político opositor en la provincia de Buenos Aires. “Se podría insistir [con el presupuesto de la Cámara] o ir a la Suprema Corte por conflicto de poderes. Si se insiste [es decir, si se rechaza el veto, para lo que se necesitan dos tercios de los votos en la Cámara], se valida el veto. Con lo cual, el camino de la inconstitucionalidad del veto es el mejor”, agregaron.
Ante la consulta de LA NACION, en el radicalismo consideraron que “el veto parcial del gobernador es inconstitucional porque no puede vetarse el presupuesto de las cámaras”. Y remarcaron: “Es una intromisión grave del Poder Ejecutivo en uno de los poderes del Estado”. La alternativa más factible, evaluaron en este sector, es que “el oficialismo intente juntar los dos tercios para rechazar el veto”.
El presupuesto de la Cámara de Diputados provincial suele sancionarse en las mismas fechas que los presupuestos generales de la administración provincial. El financiamiento del cuerpo legislativo quedó bajo la lupa en septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Caso Chocolate”, trama que consistía en el cobro de sueldos de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense por parte del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, que está detenido junto a los dirigentes Facundo y Claudio Albini, a la espera de la realización de un juicio oral.
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