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Elecciones 2019: las lecciones de Derecho del profesor Fernández
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LA NACIONHernán Cappiello
En un sistema republicano, las sentencias son actos de gobierno por las que los jueces deben rendir cuentas ante la ciudadanía. Hasta ahí, la clase de derecho del profesor Alberto Fernández, flamante candidato a presidente por el kirchnerismo, en sus últimas declaraciones sobre la Justicia.
Pero, cuando agregó: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias", en particular las que determinaron que Cristina Kirchner esté multiprocesada y varios de sus ministros hayan caído presos, el profesor parece haber olvidado los libros de Derecho.
La revisión de las sentencias es una tarea del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo, y son los tribunales de apelaciones los indicados para corregir los eventuales errores de los tribunales inferiores.
En última instancia es la Corte Suprema de Justicia la que tiene el control de constitucionalidad de las decisiones, y no el Poder Ejecutivo, aún cuando la fórmula Fernández-Fernández lograra el objetivo de llegar al poder.
Si el camino de revisión fuera el Consejo de la Magistratura, tampoco parece la mejor alternativa, ya que juzgar y separar a un juez por el contenido de sus sentencias está reñido con la independencia judicial.
Si la revisión la hace el Poder Ejecutivo, la solución constitucional en materia penal que tiene a mano es el indulto. Si considera inapropiada, por ejemplo, una eventual condena contra Cristina Kirchner. Es una decisión del Presidente firmarlo.
Las palabras de Alberto Fernández contra los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini (que procesaron y elevaron a juicio causas de la expresidenta), contra el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y contra los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, fueron leídas de diversos modos en los tribunales. Algunos jueces entendieron que es una evidencia del escaso peso que se les da a la decisiones judiciales; otros directamente las tomaron como una exhibición de poder y una velada amenaza.
Entre los primeros están los que señalan que ésta es la muestra de que la sociedad no respeta las decisiones de la Justicia. Por mérito propio y culpas ajenas. En lo que la mayoría coincidió es que la queja de Alberto Fernández parece dirigida no solo a condenar las penurias judiciales de su jefa política, sino también las de su principal cliente: Cristóbal López.
Justamente, en la causa de la quiebra de López es donde apareció una factura de honorarios de Fernández por sus servicios jurídicos al Grupo Indalo, del magnate preso. Los jueces que procesaron a Cristina Kirchner son los mismos que determinaron la prisión de López.
Más allá de estas chicanas, en Tribunales adjudican estas expresiones a la campaña electoral. Si solo fueron exhibiciones de poder, llegaron a destino.
De hecho, Amado Boudou, preso por el caso Ciccone, hoy mismo les dijo en la cara a los jueces de la Casación –en una audiencia para revisar su condena– que deben saber leer los signos de nuevos tiempos políticos y los cambios que se están dando en el país para actuar en consecuencia. Más claro echarle agua.
Ercolini, Bonadio, Hornos, Irurzun, Borinsky y Gemignani tienen en común que sus decisiones ya fueron revisadas por la Cámara Federal, la de Casación y, eventualmente, la Corte.
En todo caso, se extrañan de la oportunidad política de las expresiones de Fernández, justo cuando está por comenzar el juicio contra Cristina, lo que en la práctica podría ser un modo de condicionar a los jueces que deben empezar a analizar el caso y dictar sentencia.
Un veredicto que, antes de empezar el juicio, ya tiene encima la amenaza de su impugnación en caso de que la fórmula Fernández-Fernández llegue al poder.
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