Coronavirus. En veinte años, la cifra de reclusos se triplicó

El día que Axel Kicillof asumió como gobernador, un cuarto de la población carcelaria bonaerense estaba en huelga de hambre. Exigían el restablecimiento del suministro de comidas y medicamentos, que atravesaba una seria deficiencia coyuntural, producto de la crítica situación económico-financiera de la provincia. Pero protestaban, también, por la situación de hacinamiento, en la que debían saldar su deuda con la sociedad.

En el país hay algo más de 100.000 presos; la mitad de ellos está en los calabozos bonaerenses. Si fuese un país, la tasa de prisionalización de Buenos Aires -310,51 cada 100.000 habitantes- sería la sexta en el mundo, detrás de Estados Unidos, Cuba, Rusia, Brasil y Nicaragua, y delante de Uruguay e Irán.

Aquel 10 de diciembre, en Buenos Aires había 51.527 personas privadas de su libertad: 45.532 en cárceles y alcaidías, 4076 en comisarías y 1919 sujetas a algún medio de monitoreo electrónico. Pero no fue siempre así. En 2000, se inauguró la cárcel de General Alvear, la última que se construyó desde cero en la provincia. Ese año había 14.812 reclusos en la provincia. Desde entonces, la población carcelaria se triplicó.

La situación se profundizó en los últimos cuatro años, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia. De la mano de una política de persecución penal más dura, con menor tolerancia a las excarcelaciones, y con el agregado de la aprobación de las leyes de flagrancia y de narcomenudeo, la cantidad de nuevos presos por año creció un 272%, con un promedio de 3489 detenidos en el período 2016-2019 -con el récord de 4244 en 2017-, mientras que en los siete años anteriores (de 2009 a 2015) se había registrado una media de 1281 ingresantes, con un pico de 2415 en 2013, en el gobierno de Daniel Scioli.

En los últimos años, la curva de crecimiento de la población penitenciaria y la de construcción de plazas útiles para alojarlos según los estándares mínimos reconocidos por la ONU se alejaron entre sí irremediablemente. El Comité Europeo para los Problemas Criminales, utilizado como criterio válido para América Latina por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), definió como "sobrepoblación crítica" la "situación en la que la densidad penitenciaria es igual a 120, o más". Buenos Aires hizo volar por los aires el límite: hoy, la superpoblación en sus penales es de casi el 190%, con más de 45.000 presos para unas 24.000 plazas penitenciarias.

Kicillof anunció ayer que, en lo inmediato, sumará unas 1500 plazas para paliar, al menos ese déficit intolerable que convirtió a las cárceles bonaerenses en "bombas de tiempo". Quizás olvidó mencionarlo, pero ese número se parece mucho a las 1413 plazas que, según dejó asentado en la memoria y balance de su gestión el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, estaban en proceso de construcción o adaptación en una decena de unidades y alcaidías.

"La cantidad de años sin construcción de cárceles y la antigüedad de la mayoría de ellas constituyen una combinación compleja que genera sobrepoblación y atenta contra la habitabilidad. La cifra de internos pasó de 10.043 en 1996 a 38.887 en febrero de 2018, y la última cárcel grande (de 1500 plazas) fue construida en 2000. Mientras, tenemos penitenciarías de 1877 (Dolores), 1882 (Sierra Chica), 1887 (Mercedes) o 1909 (Bahía Blanca)", dijo Ferrari a LA NACION hace dos años, cuando proponía la utilización más extendida de tobilleras electrónicas como medidas alternativas al encierro penal liso y llano. No obstante, durante la gestión de Vidal entraron a los penales provinciales 13.956 nuevos presos. Y en ese período se concluyeron las obras para sumar 1510 plazas en nueve penales, con dos obras completamente nuevas: la alcaidía y la unidad de Campana destinada a jóvenes en la etapa final de sus sentencias.

Ese es el contexto en el que, a fines de 2019, y para poner fin a la huelga de hambre de casi 11.500 presos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense exhortó al gobernador recién asumido a que convocara de forma urgente a una mesa interinstitucional de diálogo en la que estuvieran representados el Poder Ejecutivo, el Judicial, organizaciones que trabajan en cárceles y con presos -entre ellas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuya mano se vio, en las últimas semanas, detrás de los pedidos colectivos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias- y delegados de las propias personas privadas de su libertad.

En el contexto de esa mesa, durante la reunión del 27 de diciembre pasado, la Suprema Corte debatió con jueces de garantías, correccionales y de ejecución penal aspectos relativos a la aplicación de medidas alternativas a la prisión y les brindó su respaldo institucional a los jueces que las implementaran. En tanto, el procurador Julio Conte Grand derogó la obligatoriedad de que los fiscales apelaran las libertades dispuestas por los jueces y restableció su facultad para que ordenen libertades directamente desde las comisarías.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia se abocó a elaborar "un protocolo con pautas objetivas para la confección de informes criminológicos", dado que, según refrendó en un informe de marzo pasado, "se advirtió que la tasa de negatividad de estos informes rondaba el 90%". En ese aspecto, "con miras a regularizar esta situación y a efectos de dotar de previsibilidad y rigor científico a este trabajo se está desarrollando este proyecto con las Facultades de Medicina, Psicología y Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata", se precisó en el trabajo

También se indicó que "en el corto plazo", el Poder Ejecutivo provincial "proyecta impulsar una reforma legislativa orientada a lograr tres objetivos principales: promover el uso razonable de la prisión preventiva, impulsar la aplicación de soluciones alternativas y dotar de mayor sistematicidad a la ley procesal penal y a la ley de ejecución de la pena".

Entre febrero y marzo, cuando la Suprema Corte ya había ordenado a distintos actores del sistema que se abocaran en serio a corregir las inaceptables condiciones en las que se hacinan los presos en las prisiones provinciales, funcionarios del Ilanud "recogieron datos y experiencias in situ mediante la realización de visitas, entrevistas e intercambios técnicos con profesionales, funcionarios, administrativos, referentes del Poder Judicial y personas privadas de la libertad en las unidades penales bonaerenses".

Las recorridas y entrevistas realizadas por Juan Carlos Domínguez Lostaló, Carlos Alberto Alessandro y María Luciana Casal, expertos de la oficina argentina del instituto de Naciones Unidas elaboraron un "minucioso diagnóstico que les permitió llegar a una conclusión terminante: "El Servicio Penitenciario Bonaerense pasa por una terrible situación de violación de normativas internacionales vinculadas a los derechos de las personas privadas de su libertad, así como también de todo tratado internacional propio a los deberes y derechos de los funcionarios públicos".

Entre las principales causas de la crisis de la sobrepoblación y desajuste del sistema carcelario enumeraron:

• Falta de presupuesto aplicado durante décadas
• Diseño y planificación de políticas públicas a largo plazo interrumpido por diversos factores
• Uso irrestricto de las prisiones preventivas, juicios abreviados, y falta de libertades anticipadas, morigeraciones y penas alternativas que han hecho de este sistema una "bomba de tiempo" que afecta las vidas de las personas privadas de libertad, el personal penitenciario, sus familias, y las comunidades donde habitan.

Por Fernando Rodríguez

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