Energía eléctrica: hacia un nuevo pacto federal por la equidad y la sostenibilidad

El sistema eléctrico argentino está en un punto de inflexión. Las recientes decisiones judiciales a favor de la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell, ratificadas por la Cámara Federal de Mar del Plata, y la apertura de un proceso colectivo que involucra a otras distribuidoras del país, visibilizan una problemática estructural que no puede seguir siendo ignorada.

Desde diciembre de 2023, el Estado Nacional ha impulsado una fuerte reducción de subsidios y un agresivo sinceramiento tarifario. Sin embargo, este proceso se llevó adelante sin contemplar las profundas asimetrías del sistema eléctrico. Las tarifas aumentaron más de un 400% en algunas regiones, pero aún así no alcanzan a cubrir el costo real de la energía. La deuda de las distribuidoras con Cammesa crece, mientras se las presiona para firmar planes de pago con condiciones insostenibles.

Las leyes de presupuesto 2021 y 2022 ya habían reconocido esta distorsión mediante esquemas de compensación que jamás se implementaron plenamente. A la vez, las empresas generadoras exhiben rentabilidades récord: Pampa Energía declaró un Ebitda de 937 millones de dólares en 2024, y otras compañías duplicaron su valor en Wall Street. En contraposición, las distribuidoras carecen de márgenes para operar, mantener redes y mucho menos para invertir.

La falta de inversión en infraestructura es otro aspecto crítico. El sistema de distribución y transporte colapsa ante olas de calor o frío, afectando a millones de usuarios. Sin una planificación sostenida, no solo peligra la calidad del servicio: se limita el desarrollo industrial, el arraigo territorial y la equidad productiva, pilares de cualquier proyecto nacional.Argentina cuenta con una matriz energética amplia y diversa. Tenemos capacidad de producción, incluso con fuentes renovables. Pero el desafío no es generar más para exportar, sino organizar el sistema para garantizar acceso justo, sostenible y federal a la energía.

Por eso, es momento de construir un nuevo pacto federal eléctrico. Entre las propuestas concretas que se deben debatir, se destacan:

-Revisión del régimen de precios del MEM, adaptado a las realidades territoriales y la sustentabilidad de cada eslabón.

-Cumplimiento efectivo de los esquemas de compensación vigentes, con mecanismos automáticos de actualización.

-Transparencia sobre la rentabilidad del sector de generación, con límites razonables a las ganancias extraordinarias.

-Creación de un Fondo Federal de Infraestructura, alimentado con aportes del sector generador.

-Tarifas diferenciales y equitativas, en función de criterios climáticos, socioeconómicos y geográficos.

-Un nuevo Pacto Federal Energético, que reúna a Nación, provincias, cooperativas y empresas para reorganizar el sistema desde una visión inclusiva.

El futuro energético del país no puede ser ajeno a los principios de equidad, desarrollo y soberanía. Esta es una oportunidad histórica para rediseñar un sistema que sirva a las necesidades del pueblo argentino y no a la rentabilidad de unos pocos.

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El autor es abogado y preside el Movimiento Arraigo

Por Francisco Durañona

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