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Entrega de subsidios: denuncian irregularidades en la base de datos de Anses
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La base de datos que utiliza la Anses para otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) despierta dudas a partir de una serie de denuncias recopiladas en los últimos días. La abogada especializada en temas de corrupción Silvina Martínez denunció que la información en la que se basa el organismo para definir quién cobra el subsidio está adulterada y que por eso hay rechazos masivos a ciudadanos que deberían ser beneficiarios de los $10.000. Según explicó anoche en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul por LN+, ella ya recibió más de 500 quejas de ciudadanos que no fueron autorizados a cobrar el IFE.
Entre las justificaciones que dio a conocer la Anses a los que solicitaron la ayuda económica, Martínez detectó patrones comunes entre los rechazos, desde considerar a los solicitantes extranjeros cuando no lo son hasta afirmar que tienen más de 100 años o que no están desocupados, lo que los exime de cobrar el subsidio. Martínez sostuvo que hubo repetidos casos de ciudadanos que tienen menos de 40 años y que según la base de datos de la Anses tienen más de 100. En un segundo grupo están quienes se quejan porque la Anses les denegó la ayuda al afirmar que son ciudadanos extranjeros con menos de dos años de residencia en la Argentina. Algunos de los que recibieron ese argumento son argentinos e, incluso, nunca salieron del país.
En el tercer grupo están quienes figuran en la base de datos como empleados, cuando en realidad no lo están, pese a que el ente había expedido un certificado que prueba su condición de desempleados. En la misma situación figuran casos de personas que aparecen como jubiladas, pero que en realidad no lo están. Martínez denunció también que hay ciudadanos que figuran como beneficiarios de algún plan social, cuando no es así. Hay casos en los que el organismo registró a una persona como casada –cuando en realidad es soltera– con un cónyuge que ya cobra un plan.
El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, dijo que partir del 22 de abril los beneficiarios rechazados podrán solicitar una revisión.
LA NACION
