Escándalo en el Senado por el pedido de intervención federal a Formosa
La iniciativa de Paoltroni iba a ser presentada en el Salón Azul esta tarde, pero Villarruel ordenó que el acto se haga en otro edificio; el senador acusa a la vicepresidenta de ceder a las presiones de Insfrán y Mayans
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LA NACIONGustavo Ybarra
La presentación de un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa se ha convertido en causa de una dura polémica a partir de la denuncia del senador libertario y autor de la iniciativa, Francisco Paoltroni (Formosa), contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por, supuestamente, ceder a las presiones del jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), y del gobernador de la provincia norteña, el peronista Gildo Insfrán.
“Me llamó hoy temprano el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para decirme que, por pedido de Victoria, me querían sacar el Salón Azul y mandarme al (edificio) Anexo con el evento que ya está confirmado con mail oficial y publicado en todas las páginas del senado”, se quejó Paoltroni en diálogo con LA NACION.
Paoltroni impulsó poco menos de un mes atrás un proyecto de ley de intervención federal de Formosa. En pocas palabras, la iniciativa provocaría el desplazamiento del gobernador Insfrán, que lleva más de 30 años al frente de la provincia, y su reemplazo por un delegado del Poder Ejecutivo.
Ese texto iba a ser presentado esta tarde con un acto en el Salón Azul que prometía tener a Paoltroni como principal orador y en el que iban a participar “víctimas” de lo que el legislador libertario califica como “la dictadura de Insfrán” y la violación de derechos humanos en la provincia.
Sin embargo, en una escueta comunicación firmada por una funcionaria que depende de Giustinian, el acto se trasladó “por razones de agenda parlamentaria” al Salón Auditorio en el edificio Anexo.
Aunque no lo manifestó de manera directa, el legislador sospecha que el pedido de la vicepresidenta para que modifique la sede del evento y acepte trasladarlo a un salón en el edifico Anexo del Senado, lo que le quitaría vidriera al acto, está motivada por la presión del senador Mayans y del gobernador Insfrán.
Se basa en una nota presentada en la noche del lunes por Mayans y María Teresa González, los dos senadores kirchnerista de Formosa que responden al caudillo peronista, en la que le piden a Villarruel que rechace el proyecto e impida la concreción del acto convocado por Paoltroni.
“Resulta particularmente alarmante la convocatoria del senador (Paoltroni) para el próximo 19 de mayo en los salones del Congreso, con el fin de reunir testimonios que justifiquen su pedido de intervención. El Senado de la Nación, como órgano representativo de los estados provinciales, no puede permitir que manifestaciones de este tipo se produzcan en su seno, ni habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran”, sostiene la nota de los legisladores kirchneristas en uno de sus párrafos.
Como si esto fuera poco, y tras asegurar que la iniciativa consiste en “un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional”, los legisladores le piden a la vicepresidenta que, como presidenta del Senado, “arbitre los medios necesarios para preservar la dignidad de esta Cámara y garantizar que el Congreso de la Nación siga siendo el garante de la unión nacional y el respeto a las autonomías provinciales, rechazando cualquier intento de desvirtuar los principios republicanos que nos rigen”.
Paoltroni es un duro crítico de Insfrán y desde que llegó al Senado sostiene un permanente enfrentamiento con Mayans. Dos años después de haber asumido su banca y luego de varias advertencias, finalmente presentó su proyecto de ley de intervención federal.
En los considerandos de la iniciativa, Paoltroni explica su reclamo, una medida que se suele usar en casos de extrema crisis social, en el hecho de quecon la gestión de Insfrán se lleva a cabo “el quebrantamiento sistemático de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático, el agotamiento de las vías judiciales para su restitución y una profunda crisis social que vulnera los derechos humanos más elementales de sus ciudadanos”.
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