Extienden la suspensión a la empresa que controla el SUBE

Por indicios de corrupción a partir de una investigación exclusiva de LA NACION, el Gobierno canceló pagos y ordenó revisar el contrato hace casi dos meses

10 de septiembre de 2012
06:53
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Actualizado el 11 de julio de 2020

A casi dos meses de adoptar la decisión, el Gobierno decidió prorrogar la suspensión del contrato con la empresa encargada de controlar el sistema SUBE, boleto electrónico para el transporte. La firma en cuestión está formada por un polémico consorcio, encabezado por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) y ex funcionarios de la Secretaría de Transporte, y había sido beneficiada con una licitación de 65 millones de pesos.

La decisión de extender la suspensión fue publicada hoy en el Boletín Oficial, mediante la resolución 331/2012, en la cual se extiende la vigencia de la resolución anterior, la 98/2012, con fecha del 24 de julio, motivada por una investigación de LA NACION que había revelado, entre otras irregularidades, que GI no tenía domicilio fijo en Buenos Aires y que, en la dirección de la empresa en Inglaterra, funcionaba una peluquería.

En los considerandos de la resolución, que está firmada por el titular de Transporte, Alejandro Ramos, se menciona que la prórroga será por 20 días más contados desde el pasado viernes..

LA NACION reveló el 21 de mayo pasado que el control del boleto electrónico le cuesta al Estado casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, según consta en el expediente.

La auditoría de la SUBE, clave para controlar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre aparentes irregularidades. En el concurso, Transporte no eligió la propuesta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 25% más barata por la tarea. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El concurso fue ganado por el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). La UTE debía auditar la puesta en marcha y la operación del SUBE (a cargo de la empresa Nación Servicios SA), que consistía en supervisar el montaje de las máquinas, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de entrega de tarjetas, entre otras tareas.