Farmacity: la Corte convoca una audiencia pública en la causa sobre la actividad farmacéutica en la Provincia
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LA NACION
La Corte Suprema convocó a una audiencia pública en la causa donde se debate si corresponde a la provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en el ámbito de esa localidad. Es en el marco de la puja judicial por el desembarco de Farmacity en el ámbito bonaerense.
Así lo informó el Centro de Información Judicial en su página web. Las acciones legales en este sentido fueron iniciadas por Farmacity, que pidió que se declaren inconsitucionales los artículos 3° y 14 de la ley provincial que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos para que incluya a las sociedades anónimas. En la audiencia participarán los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Se trata de un nuevo capítulo de la puja judicial por el intento de desembarco en la Provincia de Farmacity, cadena de farmacias fundada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
La intención de la empresa genera tensión en el ámbito comercial y en la Justicia desde 2010. En su devenir, el expediente generó que se excusaran los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por sus supuestos vínculos con la empresa.
El conflicto
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) está en contra de la expansión de la red de farmacias y acusa Quintana de "forzar" a la Justicia para que "propicie una ley a medida de Farmacity".
El vicejefe de Gabinete radicó en 2010 la denuncia contra la provincia de Buenos Aires -cuando era CEO de la compañía-, conflictos que se extendieron a Mendoza y Santa Fe por dificultades en la expansión de la empresa.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Farmacity quiso instalar un local en Pilar, habilitación que fue negada por el Ministerio de Salud bonaerense. La legislación provincial no permite la explotación de farmacias por parte de sociedades comerciales o fondos de inversión, al considerar que las farmacias cumplen un rol de servicio público.
"Las barreras para ingresar a la provincia de Buenos Aires son violatorias de los derechos de Farmacity de poder ejercer su actividad y perjudican a la población, dado que esa provincia ostenta la menor densidad de farmacias del país", sostuvo Farmacity.
Quintana, entonces CEO de Farmacity, decidió judicializar el conflicto. La empresa contrató a al estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, donde en ese momento se desempeñaba el actual ministro de la Corte. La defensa de Farmacity planteó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, pero su reclamo fue desestimado en primera instancia, después por la cámara y, por último, por la Suprema Corte provincial. Farmacity, entonces, impuso un recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación. Cuando el expediente llegó al alto tribunal, Rosenkrantz, quien dejó su estudio privado cuando asumió en la Corte, se excusó por haber tenido contacto directo con la causa como abogado de Farmacity.
Horacio Rosatti, otro miembro de la Corte, también se excusó el 23 de noviembre. Hizo pública su decisión, pero no explicó oficialmente los motivos. Desde la COFA aseguraron que Rosatti trabajó junto a Andrea Gualde, directora del área jurídica de Farmacity, en el Ministerio de Justicia y en la Procuración del Tesoro. En su entorno aclararon que, en conocimiento de esas objeciones y al ser "un tema de poca trascendencia", el ministro prefirió dar un paso al costado. En Farmacity, además, aclararon que Gualde era una empleada pública de carrera y que sólo coincidió un año con Rosatti en el Estado.
Antecedente
El caso Farmacity ya tuvo un antecedente en la Corte. El tribunal falló en agosto por un caso que también Quintana había judicializado cuando la empresa compró un grupo de farmacias en Mendoza. El tribunal falló en contra de Farmacity con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Rosatti también votó en contra de Farmacity.
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