Federico Sturzenegger: “Estados Unidos planteó que la Argentina se adecue a las prácticas internacionales”

Como encargado de llevar adelante el programa de desregulación que impulsa Javier Milei, Federico Sturzenegger anticipa que la agenda del Gobierno para 2026 profundizará el achique estatal y pondrá el foco en la competencia. En ese marco, cuenta que en el diálogo con Estados Unidos −con el que se anunció en noviembre un acuerdo comercial marco− apareció la recomendación de que la Argentina se alinee con prácticas internacionales en materia de propiedad intelectual, y confirma que el país buscará adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

En una entrevista con LA NACION, el ministro también adelanta que insistirá con los recortes en organismos estatales como el INTA y el INTI −revertidos por el Congreso− y que el Poder Ejecutivo trabaja en una reforma del sistema de seguros, en cambios educativos “federalizados” y en nuevas reglas de defensa de la competencia.

Solo al final del diálogo se permite una digresión. Compara su paso por el gobierno de Mauricio Macri con la gestión actual: asegura que Cambiemos solo “digitalizó un par de trámites” donde Milei ahora elimina “áreas enteras de regulación”.

−¿Cómo evaluaría usted la profundidad de las reformas hasta este momento?

−En dos años, es uno de los programas de reforma más profundos que hemos visto en la Argentina en muchísimo tiempo. Nosotros tenemos una manera de medir estas reformas que es contar el número de artículos que hemos ido eliminando que implicaban alguna obligación, alguna restricción, algún registro, alguna obligación de la gente. Vamos 13.000 desregulaciones. Es un proceso que se empezó a gestar dos años antes de que Milei llegara al gobierno. Es decir, que esta es una tarea que no se hace de un día para el otro.

−¿No está sobreestimado el número de reformas si son solo cambios en artículos?

−Podés usar el número que quieras, no tengo ningún problema. Pero te digo por qué nosotros desarrollamos el de artículos. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos el Reginave, que es el régimen de navegación, es una normativa que tiene 850 artículos. Es el régimen de las cosas que los barcos tenían que llevar, los salvavidas, no sé, millones de cosas. Podés ponerle el número de uno a eso, pero fue un trabajo que llevó ocho meses junto a distintas áreas.

−Más allá de lo cuantitativo, a nivel cualitativo, ¿cuál cree que es la profundidad o el alcance de estas reformas?

−Hay cosas que hacemos que tienen un alcance más general y otras que tienen un alcance más puntual. O sea, si hacemos la regulación de la industria del vino, tiene un efecto puntualmente en esa industria, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacés la desregulación del mercado aerocomercial, hoy tenés más de un millón de argentinos que tienen un avión comercial a menos de 50 kilómetros de la casa que antes no lo tenían. Entonces eso es bastante general. O la eliminación de la ley de alquileres, bueno, favoreció con una baja del 30% en el costo de los alquileres a 9 millones de argentinos. Tenés algunas cosas que tienen un impacto más directo en el consumidor y tenés algunas cosas que tienen un impacto más directo sobre la producción. Hay de todo.

−¿Cree que es el gobierno más reformista de la historia?

−Sí, sí, no solo por su voluntad sino por su capacidad de hacerlo. Me parece que se produce porque se trabajó mucho, se planificó mucho. Los resultados están a la vista.

−¿Qué es lo que quedó afuera?

−Bueno, a ver, uno también tiene tiempo finito. Nosotros tenemos esas dos pilas de las leyes a derogar y de las leyes a modificar, y debemos haber hecho más o menos un 33% o sea, eso es el desafío hacia adelante, lo que falta.

−¿En qué sector no han podido avanzar?

−Algunas áreas son más complicadas técnicamente. Requieren más tiempo, más trabajo. Por ejemplo, ahora estamos por sacar un decreto que es sobre certificaciones internacionales y lo venimos trabajando hace dos años porque son muchas áreas que intervienen, muchas opiniones que se tienen que tomar y cada intervención lleva su tiempo.

−¿Cuánto pesan las resistencias políticas?

−Yo creo que es clave el rol del presidente. Vos tenés un reducto de privilegios y vos atacás eso para beneficiar al conjunto de la población. Entonces cuando eso sale en los medios, el Presidente en general muy rápidamente apoya y hace que el lobby que hubiera peleado en contra para sostener su coto de privilegio quede desorientado. Yo le digo a Javier que es como que él va caminando delante mío y me va limpiando el terreno para que yo pueda avanzar. Se da porque tengo un presidente que tiene una gran convicción y que tiene una manera de comunicar las cosas que nos permite a nosotros hacer nuestro trabajo. Después, el otro factor de resistencia, que es un poquito más difícil de manejar porque es menos identificable, es la propia burocracia. La burocracia a veces ve en las regulaciones un factor de poder con distintas finalidades, entonces como que a veces hay un trabajo con la burocracia que se hace un poco más pesado.

−¿Hay una tensión dentro del Gobierno entre los que encarnan un impulso más reformista, como usted, y otros sectores que priorizan la gobernabilidad?

−No, te diría que no. El Presidente es muy contundente con su visión. Prioriza el equilibrio fiscal y la libertad económica. Él siempre habla de convertir a Argentina en el país más libre del mundo, entonces lo que yo siento es que toda la dirigencia de este gobierno está totalmente compenetrada con estos valores.

−Además de las reformas laboral e impositiva, ¿qué otras van a impulsar a partir de marzo?

−Obviamente, tenemos que volver con el tema de cabotaje, que quedó trunco (fue un decreto delegado que se terminó rechazando en el Congreso). El Presidente quiere una reforma muy significativa en la industria del seguro para desarrollar más a la industria, darle más flexibilidad, que se puedan asegurar todo tipo de riesgos. El Presidente tiene una visión muy interesante que es que cuanto más seguros la gente pueda comprar, menos va a demandar protección del Estado. También la reforma educativa y la ley de defensa de la competencia.

−¿A qué apunta la reforma educativa?

−Bueno, lo vamos a estar discutiendo en marzo, pero nuevamente aparece el concepto de la federalización. Porque la educación es una entidad eminentemente provincial. Y lo único que hace la nación es definir ciertas normativas, ciertos contenidos mínimos, porque vos querés que la educación sea interjurisdiccional, que haya ciertos conocimientos mínimos por grado. La idea es dar toda la flexibilidad posible para que las provincias puedan definir el régimen educativo o el formato educativo que ellas quieran. Te voy a dar un ejemplo que te lo ilustra, me parece, con mucha claridad. Hoy la educación a distancia está prohibida en la ley de educación. Entonces, a nosotros nos parece que eso es una locura. Por supuesto, se levantó en la pandemia y después se volvió a poner. Brindar la mayor cantidad de instrumentos posibles para que la provincia pueda, con total libertad, definir su esquema educativo. Hay provincias que tienen una gran dispersión geográfica y donde la educación a distancia hace mucho sentido.

−Hablamos, en general, de restricciones políticas ¿Los empresarios son parte de esas restricciones?

−Yo siempre he hablado de mi teoría del triángulo de las Bermudas. Argentina ha tenido un sistema de castas, que es lo que Javier vino a cambiar. Ese sistema de castas tiene intereses. Los vértices del triángulo de las Bermudas son, por un lado, el sindicalismo, por el otro el empresariado, pero no todo el empresariado, no hay que generalizar, porque hay grandes sectores del empresariado que terminan siendo víctimas de este sistema, no privilegiados. Y después el otro vértice del triángulo es el partido peronista, que yo al partido peronista lo veo como el gestor de las castas. Es el gestor del statu quo, un partido sin ideas, sin ideología, que está solo para hacer negocios y entonces solo gestiona eso. Todos aquellos que ven un privilegio afectado van a intentar pelearlo. Por ejemplo, cuando desregulamos la importación de maquinaria usada, los productores de maquinaria agrícola hicieron mucho lobby en contra de esto.

−En el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿se va a flexibilizar el otorgamiento de patentes −sobre todo de medicamentos− en la Argentina para alinearlo con los estándares internacionales?

−Aprovecho porque te quiero comentar algo que me parece interesante. La ley de medicamentos habla de que la competencia nacional involucra el movimiento de medicamentos con tránsito interjurisdiccional. Entonces vos podes importar un medicamento que lo podés vender en cualquier provincia y ahí hay competencia nacional. Y nosotros dijimos bueno, pero si una provincia trae medicamentos para su sistema de salud, no hay tránsito interjurisdiccional porque por definición está limitado a la provincia. Entonces, bueno, acá aparece, digamos, eso que tiene el federalismo, que entonces siempre aparece un gobernador que se pone a la vanguardia, que en este caso ha sido Alfredo Cornejo de Mendoza, que está comprando remedios, en algunos casos, al 10% del costo de los medicamentos locales. Genera un efecto de demostración para el resto de los gobernadores y son mecanismos súper interesantes para empezar a desregular y a quebrar esta situación de precios caros que teníamos en Argentina. O sea, el precio de los medicamentos viene cayendo en términos relativos bastante significativamente en estos dos años.

−¿Estados Unidos pidió simplificar el otorgamiento de patentes?

−Dentro de la discusión con Estados Unidos, ellos nos hacen un planteo que hay una cantidad de maneras que los países se interrelacionan con el resto del mundo, que son totalmente estándares, y que Argentina tiene que adecuarse a esas prácticas internacionales. Algunas de esas, tienen que ver con el tema de las patentes. En puntual, te voy a comentar uno que me parece que es bastante interesante que es el PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), que es un sistema de presentación de patentes. El PCT lo que hace es que cuando vos presentás una patente tenés una protección por 30 meses a nivel global. Hoy, como Argentina no está en el PCT, no tiene sentido patentar en Argentina porque no te da esa protección. Al contrario, te daría una desprotección, porque generaría un conocimiento de lo tuyo sin protección afuera. Entonces, eso ha sido absolutamente devastador para nuestro sistema de ciencia y tecnología. Por eso yo hablo de la hipocresía del kirchnerismo, que te decía verbalmente que defendía la ciencia y tecnología, y después te dejaba fuera del PCT, que básicamente era como atarles las manos a nuestros científicos, que tenían que ir a Brasil, a Chile o a Delaware a patentar sus innovaciones.

−Sectores de la industria local señalan que se está avanzando en dos velocidades, una muy rápida para la apertura comercial, que reduce los requisitos para la importación, pero por otro lado le está costando bajar impuestos locales, que también hacen a la competitividad. ¿Qué visión tiene sobre esto?

−La reforma impositiva irá a la velocidad que lo permita la motosierra, porque vos no podés bajar impuestos sin una baja equivalente del gasto, porque redundaría en déficit y eso el Presidente no lo va a permitir. Lo que pasa es que los impuestos altos en realidad no necesariamente afectan la competitividad, sino que afectan los salarios. Si vos tenés mucha ineficiencia, tenés salarios más bajos. Si tenés un gasto público muy alto e ineficiente, el salario que va a pagar el empresario va a ser más bajo. Entonces la baja, o sea, esta ineficiencia de gasto público, o la ineficiencia general de la economía, en realidad el resultado es los bajos salarios de los argentinos.

−¿Se viene una etapa nueva de motosierra en el Estado? ¿Cuáles son los sectores en la mira?

−Bueno, mirá, un poco de indicación de por dónde vamos a arrancar, lo tenés de los decretos delegados que el Congreso nos revirtió. O sea, ya lo habíamos discutido. El INTA tenía históricamente 3000 empleados, el kirchnerismo lo llevó a 6000 para hacer agricultura familiar y temas de extensión. Habíamos planteado también un rediseño importante en lugares como el INTI, o en el sector de transporte, como Vialidad Nacional, un lugar que tiene 5000 empleados de los cuales 1500 son puestos jerárquicos y 1500 son delegados gremiales.

−¿Hay un número de empleo público que el Gobierno considere óptimo?

−No, no hay un número porque nosotros no hacemos un análisis sin ninguna conexión con la realidad. No es técnicamente serio plantearlo como un número objetivo. Lo que es serio es decir “¿esto tiene sentido que exista?“. Javier no nos permite abordar, por ejemplo, un proceso de desregulación sin que nos preguntemos antes si esa regulación debiera existir. Entonces, ahí está la profundidad de la reforma. O sea, ¿necesito tener un sistema de audiencias públicas para que una persona vuele, digamos, ponga un vuelo comercial entre las ciudades? No necesito tenerlo. Entonces tiene que desaparecer y desapareció. Hay una profundidad en las preguntas que nos obliga el Presidente a hacernos. No es que quiera criticar a nadie, pero cuando nosotros fuimos a ver el Reginave, el macrismo le había hecho una peinada, pero lo único que habían hecho fue digitalizar un par de trámites. En cambio, nosotros nos preguntamos cada cosa si tenía sentido y sacamos áreas enteras de regulación.

−Pero usted fue parte de esa administración.

−Sí, sí, pero te estoy comentando eso. Me preguntaste sobre la profundidad de las reformas y te estoy comentando la profundidad de las reformas. Nadie es perfecto. Te estoy diciendo que acá se encara el trabajo con una profundidad que yo no he visto antes, y esa profundidad viene porque el Presidente nos exige que nos hagamos las preguntas de fondo. Somos más cuestionadores. Somos más audaces. Somos más provocadores en el planteo de los temas.

Por Delfina Celichini y Ignacio Grimaldi

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