Fragilidades de la ley de acefalía

La Constitución prevé la acefalía del presidente de la República y brinda una solución para cuando ello ocurre: establece que cuando el primer mandatario esté ausente en forma transitoria o definitiva, debe ser reemplazado por el vicepresidente. También prevé la posibilidad de que el presidente y el vicepresidente estén ausentes al mismo tiempo, en forma transitoria o definitiva, pero en este caso no establece una solución sino que la delega al Congreso.

Para cumplir con ese mandato constitucional, el Congreso sancionó una ley de acefalía aplicable a todos los casos en los que se produjeran ausencias parciales o definitivas del presidente y del vicepresidente conjuntamente: se trata de la ley 252, de 1868, modificada por la 20.972 de 1975.

Cuando la causa de acefalía de ambos mandatarios es temporaria, no hay problema ni confusión: asume el presidente provisional del Senado, o el de la Cámara de Diputados, o el de la Corte Suprema de Justicia (en ese orden), hasta que alguno de ellos esté en condiciones de reasumir el cargo.

Si, en cambio, la causa de acefalía es definitiva (como ocurrió en este período presidencial en el que el vicepresidente Alvarez renunció el 6 de octubre de 2000 y el presidente lo hizo el 20 de diciembre de 2001), la ley establece dos pasos: en una primera etapa asume la presidencia el titular provisional del Senado, tal como sucedería si la causa de acefalía fuera transitoria; la segunda etapa consiste en convocar al Congreso para que, reunidas ambas cámaras (Asamblea Legislativa) elijan el nuevo presidente.

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Hasta aquí todo está claro: al producirse la renuncia de De la Rúa (causa de acefalía definitiva) y al haber renunciado antes el vicepresidente Alvarez (acefalía definitiva), asumió Ramón Puerta (presidente provisional del Senado), convocó al Congreso en Asamblea Legislativa y allí resulto elegido Adolfo Rodríguez Saá.

El problema aparece ahora ya que ni la Constitución ni la ley de acefalía dicen claramente hasta cuándo debe durar el mandato de quien resultara elegido por la Asamblea Legislativa.

Si buscamos la respuesta en la Carta Magna (art. 88), como anticipé, encarga al Congreso la designación de un nuevo presidente, agregando que el designado por aquel asume "hasta que un nuevo presidente sea elegido". ¿Qué significa esto?, ¿hasta que un nuevo presidente sea elegido en una elección convocada especialmente para ello o hasta que un nuevo presidente sea elegido al finalizar el período en el que se produjo la acefalía?

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En mi opinión, la Constitución pretende que el presidente elegido por el Congreso convoque a elecciones inmediatamente: ello no tendría mucho sentido si faltara poco tiempo para terminar el mandato del renunciante, pero sí lo tendría si, en cambio, la acefalía se produjera al comienzo del período presidencial. No hay previsiones temporales en este aspecto.

Por su parte, la ley de acefalía no parece haber seguido ese criterio ya que, ante la ausencia definitiva del presidente y del vice, dispuso un engorroso sistema de elección del sucesor (las dos etapas antes mencionadas), lo que hace pensar que el designado debería completar el mandato del presidente acéfalo. Si la ley de acefalía hubiese querido que el presidente designado por el Congreso convocara a elecciones, habría establecido que ello lo hiciera el propio presidente provisional del Senado (Ramón Puerta) al asumir inmediatamente el cargo de presidente cuando se produce la causa de acefalía definitiva.

En consecuencia, estamos ante dos normas que no son claras en este punto: una es la Constitución y la otra la ley de acefalía. Sin embargo, haciendo una interpretación de ambas, creo que tienen diferentes intenciones. La Carta Magna pide, implícitamente, elecciones inmediatas. La ley de acefalía pretende, de modo implícito, que el designado por la Asamblea Legislativa concluya el período presidencial.

En el caso actual la Asamblea Legislativa ha hecho una errónea interpretación de la ley de acefalía, aunque cumplió con el espíritu de la Constitución. Lo lógico sería, en el futuro, modificar la actual ley de acefalía, cuyas intenciones son opuestas a las de la Carta Magna, lo que, a mi juicio, la torna inconstitucional.

El autor es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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