Fraude millonario: condenaron a Julio de Vido, Baratta y Nicolás Dromi por la compra de gas licuado
El Tribunal Oral Federal N°7 encontró al exministro culpable de defraudar al Estado y lo sentenció a cuatro años de prisión
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El Tribunal Oral Federal N°7 condenó al exministro de Planificación Julio de Vido a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito fraude al Estado en la causa que investigó las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.
Por el mismo delito, los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, también condenaron a su mano derecha y número dos del ministerio, Roberto Baratta, a la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua.

Los exfuncionarios fueron juzgados por haber pagado “innecesariamente” más de US$5,5 millones a empresas que oficiaron de intermediarias en la compra de Gas Natural Licuado por aquellos años, en medio de una grave crisis de energía y en el marco del programa Programa Energía Total (PET).
Lo que se juzgó fue una maniobra de sobreprecios por los que se realizaron el pagos de comisiones a YPF y dos compañías ligadas a la familia Dromi (Diligentia S.A. y Dysan SA), que habrían intervenido como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.
Nicolás Dromi, director de Diligentia SA e hijo del exministro Roberto Dromi -figura clave del menemismo durante las privatizaciones- también fue condenado hoy por el Tribunal a una pena de tres años de prisión en suspenso, al ser juzgado como partícipe necesario en la maniobra.
Entre De Vido y Baratta, deberán responder —en forma solidaria— por US$ 731.744; y, junto a Nicolás Dromi, por US$ 4.791.600.

El Tribunal fijó una nueva audiencia para el 28 de noviembre, donde darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
En sus alegatos finales, los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz habían pedido cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y cuatro años y seis meses para Baratta.

De acuerdo con la acusación fiscal, no existió ningún informe técnico ni análisis comparativo que justificara la participación de esas empresas en la operatoria.
Cuando formalizaron su acusación, hace más de un mes, dijeron que no se encontró documentación que explicara su involucramiento en la maniobra, pese a que se trataba de compañías sin experiencia en el sector.
Especialmente -remarcaron- teniendo en cuenta que los vínculos entre la responsable de la gestión, Enarsa, y los distintos proveedores -como Morgan Stanley- ya estaban establecidos.
“No hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi”, puntualizó el fiscal Codromaz en varios tramos de su exposición frente a los jueces del TOF 7.
Antes de escuchar el veredicto, De Vido no hizo uso de sus últimas palabras y se remitió a lo dicho a lo largo de un proceso que duró un total de 11 años.
Dromi, por su parte, tuvo palabras de agradecimiento para con el Tribunal, al que saludó por apegarse al “abrigo de las formas” y ofrecer un debate oral “modélico”.
Al igual que el resto de las audiencias, el debate fue realizado vía Zoom y transmitido públicamente.
Cuadro judicial
La condena agrava la situación judicial de De Vido, que enfrenta y enfrentó varios procesos.
Pasó dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz y otros tantos en su chacra de Zárate, con prisión domiciliaria, como consecuencia de sus condenas en la tragedia ferroviaria de Once, en 2012; y en la causa que investigó la compra de trenes chatarra a Portugal y España. Ninguna de esas penas está firme, remarcan en su entorno.
En la causa por Vialidad, por no tener vínculos directos con el entramado de la obra pública en Santa Cruz, el exministro fue absuelto, pero aguarda ser juzgado en Cuadernos, la megacausa de corrupción cuyo juicio oral comienza en noviembre de este año.
En el marco de ese proceso, un planteo ante la Cámara de Casación lo libró del uso de la tobillera electrónica.
Su defensa, en manos de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmiero, argumentó que la medida era excesiva, además de “revictimizante” y “vejatoria”. La fiscal Fabiana León se opuso, pero finalmente la Justicia se la quitó.
De Vido también aguarda el veredicto del Tribunal Oral Federal N 4 en la causa por Skanska, el primer gran escándalo de corrupción que sacudió al kirchnerismo, donde se investigó el pago de supuestos sobornos de la constructora sueca a funcionarios del Gobierno.
Allí, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió cinco años de prisión para quien fue el máximo responsable de la obra pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los alegatos de las defensas comenzarán la semana que viene.
Peritajes nulos
El tramo central de la causa por la que hoy fue juzgado De Vido estuvo marcado por un peritaje oficial que fue luego declarado inválido por la Justicia. Fue realizado por David Cohen, un ingeniero que enfrenta un juicio oral por falsedad ideológica.
El expediente de GNL fue clave para que el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli retuvieran la causa Cuadernos, de la que formó parte en un comienzo.
El jueves pasado, De Vido recibió una buena noticia en el frente judicial: fue absuelto en la causa que juzgó el financiamiento estatal a través de una Universidad de Mamá Corazón, una telenovela protagonizada y producida por la actriz Andrea del Boca, que nunca llegó a emitirse en vivo.
La decisión fue tomada por el mismo tribunal que hoy lo encontró culpable de fraude al Estado.
Otro juicio oral que aguarda su inicio es por presuntas irregularidades en un convenio con la Universidad de San Martín (Unsam).
Fue elevado por el juez Casanello en febrero de este año, tras el requerimiento del fiscal Carlos Rívolo.
La investigación giró en torno a presuntas irregularidades en un convenio firmado en 2011 entre la cartera que dirigió De Vido y la Unsam, por el cual se dio creación a un centro y a un laboratorio de investigación para el desarrollo de contenidos, nuevas tecnologías y la transmisión de señales televisivas.
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