Habilitó la Corte un artículo clave de la ley de medios

La Corte Suprema aceleró el proceso para que el Grupo Clarín venda algunos de sus canales, radios y señales de cable. Sin embargo, la aplicación de ese mecanismo de desinversión está subordinada al resultado de una demanda de fondo en la cual la empresa planteó la inconstitucionalidad de la ley de medios.

El alto tribunal resolvió que la medida cautelar que protege a aquel grupo contra la aplicación del artículo 161 de la ley 26.522, referido a la desinversión, vencerá en diciembre de 2012, y no en 2013, como había fijado un tribunal inferior.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó el fallo de "importantísimo", y el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, se expresó en el mismo sentido: "Se vivirá una democracia comunicacional como jamás vimos".

El Grupo Clarín sostuvo que "la empresa espera que al vencimiento de la medida cautelar dicho juicio de fondo pueda estar concluido", pues "el Estado viene demorando de manera sistemática el avance" de ese trámite. Según el fallo de la Corte, la medida cautelar de tres años que protege al multimedios no vence en diciembre de 2013, como lo había dispuesto la Cámara Civil y Comercial Federal, sino el 7 de diciembre próximo.

"No puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque se daría a especulaciones procesales (...) que afectan seriamente la seguridad jurídica", sostiene el fallo del máximo tribunal.

Además, niega que se vulnere la libertad de expresión. "En la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad", añade.

En la empresa descontaban que la Corte se pronunciaría en este sentido, pero sorprendió la oportunidad del fallo. En la Corte, una fuente confió a La Nacion que la decisión se aceleró la última semana, a instancias de Ricardo Lorenzetti y de Elena Highton, presidente y vicepresidenta del cuerpo, respectivamente.

Cuando se arribe a esa fecha surgirá una nueva discusión: si el Gobierno reclamara iniciar el proceso de venta de empresas a partir de ese día, el Grupo Clarín podría decir que sólo entonces comienza a correr el plazo de un año que fijó la ley. Si no fuera así, la empresa, que recurrió a la Justicia, estaría en peores condiciones que el resto de los grupos de medios, que no presentaron demandas y a los que el Gobierno no les aplica la ley.

En octubre de 2009, el Congreso dictó la ley 26.522, que dispuso que los grupos de medios no pueden acumular más que determinado número de licencias.

Dos meses después, el Grupo Clarín consiguió que el juez civil y comercial Edmundo Carbone dictara una cautelar y presentó una demanda contra la validez de la ley de medios. Comenzó, así, una batalla legal que aún está lejos de finalizar.

De la sentencia dictada por el alto tribunal surge que:

La decisión fue firmada por seis de los siete ministros (Carmen Argibay, internada, no firmó).

• Como el Grupo Clarín sostuvo que obligarlo a vender sus licencias implica desconocer derechos adquiridos de la empresa a explotar esas radios y esos canales hasta el vencimiento de la licencia, la Corte concluyó que esta controversia jurídica es eminentemente patrimonial y no está en juego la libertad de expresión. Se trata de un argumento llamativo tratándose de empresas de medios.

• La Cámara Civil y Comercial Federal había dictado una cautelar que duraría 36 meses, que ahora resultó, en la práctica, acortada.

El Gobierno pidió su revocatoria. La Corte confirmó la cautelar, pero resolvió que hay que computarla desde un año antes. Por esta vía elíptica, le dio la razón al Poder Ejecutivo y, en la práctica, abrevió la cautelar.

La justificación que dio la Corte fue que el Grupo Clarín se aprovechó de la vigencia de la cautelar que dictó el juez Carbone en 2009 y omitió darle traslado de la demanda de fondo al Estado durante un año.

En la empresa, en cambio, sostienen que fue el Estado el que trabó ese trámite con sucesivos recursos y apelaciones que presentó en febrero de 2010 y en mayo de 2010 y, además, se tomó el plazo máximo de 60 días para contestar la demanda.

• Ante la posibilidad de que el Gobierno intente obstaculizar el trámite de la demanda de fondo, la Corte dijo que el juez de primera instancia "podrá revisar el plazo de vigencia de la cautelar" y extenderlo "en caso de que se verifiquen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance".

• La Corte señala que la autoridad de aplicación "no se mostró demasiado apresurada en el proceso de implementación de la ley y prorrogó los plazos y suspendió las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir".

Después del fallo, el Grupo Clarín señaló en un comunicado que la medida cautelar, cuyo plazo fijó ayer la Corte, "acompaña un juicio de fondo", en el cual se "plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de medios". Por eso, el Grupo Clarín afirmó que ese juicio "espera que pueda estar concluido" al vencimiento de la cautelar. De no ser así, señala, se podría pedir una extensión de la cautelar.

Las preguntas clave sobre la regulación del sistema audiovisual

¿Cuándo deberá desprenderse el Grupo Clarín de los medios para adecuarse a la nueva ley?
-De la acordada de la Corte Suprema conocida ayer se desprende que el 7 de diciembre de este año el Gobierno podrá obligarlo a vender para adecuarse a la norma. Sin embargo, algunos expertos sostienen que aún hay instancias de apelación que podrían postergar ese plazo.

-¿Cómo afectará esta decisión al Grupo Clarín?
-De aplicarse lo dispuesto en la ley de medios, el Grupo Clarín deberá optar entre la distribución de TV (Cablevisión) y la producción de TV (Canal 13, TN, Volver). Pero aun si eligiera seguir en el cable, deberá reducir su cobertura a no más de 24 localidades. En principio, podría conservar su participación en radio.

-¿Alguna empresa de medios audiovisuales transfirió alguna de sus licencias para adecuarse a la ley?
-No. Aunque hay muchos grupos de medios en situación irregular, con todos los plazos vencidos y sin otras medidas cautelares pendientes, ninguna empresa de medios audiovisuales transfirió sus licencias para adecuarse a lo dispuesto en la norma.

-Cómo se encuadra en este contexto la venta de los medios del Grupo Hadad al empresario Cristóbal López?
-De acuerdo con la ley de servicios de comunicación audiovisual, las transferencias de licencias entre privados están prohibidas sin previo consentimiento de la autoridad federal. Por eso, esa venta violaría lo dispuesto en la nueva ley.

-¿Qué otros cambios produjo la ley de medios audiovisuales?
-Hasta ahora, el Gobierno no avanzó en la aplicación de las innovaciones que introdujo la nueva norma. Por ejemplo, no se sabe cómo se irá despejando el espectro radioeléctrico para asegurar que un tercio sea destinado a emisoras sin fines de lucro. Tampoco se sabe cómo se financiarán esos medios.

-¿Hay más temas pendientes?
-El Gobierno no difundió aún los resultados del censo de medios ni presentó el plan técnico que asegure la viabilidad de los nuevos canales y radios que vayan a crearse. Aún está pendiente de resolución el concurso para la entrega de cientos de licencias de TV abierta y no hubo novedades respecto de las FM de los pueblos originarios.

Por Adrián Ventura

• Ley de Medios

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