Convulsión y malestar: el clima que reina en los tribunales por la reforma judicial del Gobierno

Fernández presentó el proyecto de reforma judicial y la comisión de juristas
Fernández presentó el proyecto de reforma judicial y la comisión de juristas Crédito: Presidencia
Hernán Cappiello
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7 de agosto de 2020  • 17:44

El Poder Judicial vive un clima de convulsión que atraviesa a la justicia federal y la nacional de la mayoría de sus fueros. El malestar no tiene la suficiente magnitud como para encender una revuelta institucional, pero alcanza a algunos jueces y camaristas desde la Corte Suprema de Justicia hasta el más pequeño juzgado federal.

La razón de la inquietud es la anunciada reforma de la justicia federal, que se suma a otras tres iniciativas simultáneas impulsadas por el Gobierno: el desplazamiento de 10 jueces que investigan casos de corrupción trasladados en la gestión de Cambiemos, la presión para que renuncie el procurador interino Eduardo Casal y el trabajo de una comisión de expertos que sugerirá al presidente Alberto Fernández cambios en el funcionamiento e integración de la Corte.

La reforma judicial anunciada por el Gobierno y que empezó a discutirse esta semana en el Senado prevé crear 23 nuevos juzgados federales en Comodoro Py, fusionar los jueces federales con los jueces en lo penal económico, crear 94 nuevos juzgados en el interior del país, fusionar el fuero contencioso administrativo federal con el civil y comercial federal y terminar el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

El kirchnerismo quiere y puede aprobar la reforma en el Senado en tres semanas y que pase luego a la Cámara de Diputados. Allí, si bien puede que el oficialismo consiga los votos, la oposición ya avisó que no debatirá el proyecto de manera virtual por su complejidad.

En la Justicia hay desconfianza en el contenido del proyecto de ley y que se pueda instrumentar la gigantesca reforma prevista. El clima es de mucha convulsión y las señales que reciben es que en el Senado avanzarán, pero que en Diputados hay dudas.

Incluso recogieron críticas del camporismo al proyecto. La trampa, -según interpreta un encumbrado camarista federal- está en la nominación por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal de los nuevos jueces, porque ese tribunal tampoco tiene competencia federal y es más proclive al Gobierno.

El otro punto son los costos y los plazos de implementación: fusionar federal y penal económico es tan fácil como organizarlo y firmar una resolución. Costo cero. Más caro es nombrar 23 jueces federales nuevos en Capital, se deberá tener las partidas presupuestarias para esos sueldos.

El personal y la estructura ya están porque surgen de las actuales secretarías de los juzgados federales. El plazo para esos nombramientos oscila entre uno y dos años. Nada inmediato. Y la mayoría de los jueces consultados apuestan con suerte a que sus nietos verán funcionar los 94 juzgados federales del interior del país. Probablemente se negocien los cargos entre el oficialismo y la oposición, pero ver los juzgados en marcha se trata de una cuestión de fondos e infraestructura, no disponible.

La Cámara del Crimen firmó esta semana una acordada unánime de sus integrantes porque el fuero penal nacional está destinado a desaparecer en el proyecto de ley. Los jueces dijeron que no está previsto qué ocurrirá con los que no se conviertan en jueces federales. Solo pueden pasar a la Ciudad los jueces nacionales de primera instancia, pero no los camaristas ni jueces de tribunal oral ni la Cámara Nacional de Casación, todos órganos que no existen en el Poder Judicial porteño.

El asunto es mirado con cuidado también por el gobierno de la Ciudad. Un grupo de exfuncionarios está aconsejando a Horacio Rodríguez Larreta que no acepte a esos jueces para la Ciudad si no vienen con partida presupuestaria, recursos y si además no se incluyen en el traspaso todos los fueros nacionales, no solo el penal, sino también el civil, con los juzgados de familia, el laboral y el comercial. El convenio más amplio con más fondos, le aconsejan Germán Garavano, Mario Quintana, Juan Mahiques, entre otros integrantes de ese grupo asesor, según dijeron fuentes porteñas a la nación.

La Cámara Nacional de Casación Penal, que es la máxima instancia del fuero penal ordinario, no piensa firmar ninguna acordada, pero sus integrantes están en alerta. Nombrados por el kirchnerismo conviven allí jueces, algunos con simpatías kirchneristas, pero todos preocupados. Es que el proyecto de reforma determina su disolución como tribunal, cuando no tengan más casos que resolver. Le calculan en 4 o 5 años. "Hay quienes tiene la tranquilidad de que se jubilan, pero otros no. Somos 10 pero hay 4 vacantes que ahora nunca se cubrirán. Se ha hablado con la Asociación de Magistrados para que canalice nuestras ideas y expresar que esto así no está bien hecho", se sinceró un camarista del fuero.

Comentó que los jueces hicieron un plenario donde conversaron acerca de buscar puentes con el Senado para transmitirles sus inquietudes. "Es una turrada. Lo que se diga ahora en el Senado es fulbito para la tribuna. Ya está estamos cocinados", explicó sin eufemismos jurídicos otro camarista del máximo tribunal penal nacional. Consideró que era mejor el plan de Gustavo Béliz de federalizar toda la justicia nacional, pero la avidez de designar 23 jueces federales los llevó a esto". Confían en que la Corte terminará poniendo fin a estas expresiones.

"Ninguno de nosotros está contento, ni siquiera nos pueden trasladar a la Ciudad. Es como que dicen vos estás muerto, Vos te moriste. O te jubilás", contó indignado este juez de la Cámara Nacional de Casación, que nunca fue hipercrítico del kirchnerismo.

En la Cámara del Crimen, tras la acordada en rechazo del proyecto analizaron que, si bien la Constitución permite al Congreso organizar el Poder Judicial, hay en el proyecto problemas de constitucionalidad, por ejemplo, cuando se trata de la estabilidad de ellos mismos y de los jueces de tribunal oral.

"El clima es malo, en nuestro caso que somos jueces de tribunal oral criminal el proyecto no prevé ningún destino. Quedamos en un limbo, absolutamente incierto, tramitaremos algunas causas residuales. ¿Después qué?", se preguntó uno de estos 60 magistrados. Los jueces del tribunal oral están nucleados en la Junta de Presidentes de Tribunales y ya se reunieron varias veces esta semana y armaron zooms con funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores del oficialismo y la oposición para sensibilizarlos sobre su situación terminal. La próxima semana los escucharán la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a la titular de la AFI, Cristina Caamaño, por separado.

En los tribunales comparan esta situación con la del exprocurador de la provincia de Santa Cruz Eduardo Sosa, que fue echado por Néstor Kirchner cuando era gobernador. La Corte ordenó regresarlo a su cargo, pero para entonces el cargo ya no existía como tal. Así se ven los jueces penales nacionales que no pasen a federal ni a la Ciudad.

"El poder político no puede poner un centenar de jueces así. La Corte es responsable porque le soltó la mano a la justicia nacional, cuando dijo que éramos transitorios, como un albergue, porque usurpamos de prestados la competencia local, cuando la Constitución de 1994 había dispuesto la creación de la justicia de la Ciudad", se quejó otro juez de tribunal oral.

Y recuerda a Carmen María Arbigay como la primera mujer en llegar a la Corte, que provino de la justicia nacional, o a Elena Highton, que llegó al máximo tribunal tras ser jueza nacional en lo civil.

La Cámara en lo Contencioso administrativo Federal firmó otra acordada en la que critica la reforma propuesta. Los jueces dicen que se modifica la idea de juez natural y que los que hagan una presentación en el fuero plantearán una vulneración de garantías constitucionales por ese asunto.

En la Cámara laboral discutieron el tema e incluso circuló un borrador de acordada criticando el proyecto de reforma judicial, que no los alcanza directamente pero que prevé el traslado de la justicia nacional a la Ciudad. Se resisten a ser jueces porteños.

En la Cámara Federal de Casación hay críticas fuertes entre algunos de sus integrantes aunque no voluntad de firmar una acordada. Incluso Alejandro Slokar uno de los camaristas que fue fundador de Justicia Legítima, salió al cruce del proyecto: "Resulta inconsistente con el modelo acusatorio, donde la centralidad la tiene el Ministerio Público Fiscal", explicó, aunque reclamó la necesidad de un reforma para acabar con la politización de Comodoro Py. "Hay jueces y fiscales que son oficialistas permanentes", dijo y describió "una maquinaria de criminalización de opositores político y de la burguesía nacional".

En la Cámara federal, ya tienen sus propios problemas: avanzan los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, una decisión del Consejo de la Magistratura que la Corte Suprema de Justicia ya empezó a analizar con la nariz arrugada. No gustó en el máximo tribunal esa decisión administrativa que contraviene sus propias acordadas. Más allá de que en última instancia deberá intervenir en el amparo que iniciaron los camaristas para evitar su traslado.

Entre los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py 2002, que son los que se llevaron todas las críticas y fueron una de las causas de la reforma, prima la expectativa. Se enojan porque los jueces nuevos serán los que intervengan en las causas nuevas y lo consideran como la formación de una "comisión especial", para los juicios por venir. Algo falto de transparencia y fuera de la ley.

Pero al mismo tiempo están aliviados: "El kirchnerismo terminó procesado por nuestra tarea y en los últimos cuatro años terminaron esmerilados como los peores. Bueno, ahora otro se llevan la marca", dice uno de ellos con resignación. Nadie está llamando a reuniones internas como en otras épocas, ni impulsando ninguna revolución. Otra cosa que no cambia es que María Servini sigue siendo jueza electoral, otro motivo para no protestar.

En la Corte Suprema de Justicia eligieron responder con el silencio y firmar sentencias. Una tanda casa semana. Al fallo que confirma la condena contra Luis D’Elía se sumarán otros. Siempre hay kirchneristas con problemas judiciales. Y analizan si al Consejo de la Magistratura puede dar marcha atrás con los traslados ya dispuestos.

El Gobierno busca tender puentes con la Corte y reducir la tensión que provocó que ningún juez –excepto Elena Highton- asistiera a la presentación de la reforma judicial. Encargaron a un camarista liderar las gestiones de buenos oficios ante el presidente Carlos Rosenkrantz, pero sin éxito. Todos hablan, pero si los interlocutores no tienen el poder para cambiar algo, esas conversaciones quedan en la nada.

Los ministros de la Corte, por separado, atienden a los camaristas que los llaman para pedirles su apoyo ante la desaparición de la justicia penal nacional y ellos mismos conversan con los jueces de tribunales inferiores para evaluar alternativas ante la mutilación del fuero penal ordinario.

Pero no arrancan con ninguna iniciativa para oponerse al proyecto oficial. Es prematuro, ni siquiera hay ley. Después de todo tendrán la última palabra si se judicializa la reforma judicial o la llave porque es el máximo tribunal quien debe habilitar los nuevos juzgados si finalmente se aprueba la ley (ver aparte).

No obstante, ya circula en algunos despachos de la Corte la copia de la acordada 44 de 1989 cuando los jueces de la Corte José Severo Caballero, Carlos Fayt, Jorge Antonio Bacqué Augusto Belluscio y Enrique Petracchi se pronunciaron contra la ampliación de la Corte Suprema de que impulsó Carlos Menem.

Le recordaban allí que la reforma en la composición de la Corte "dificultad y demora el ejercicio de sus funciones y reduce su autonomía" y remataron: "En la medida de la falibilidad humana, interesa la Corte a la subsistencia misma del régimen democrático. Una institución semejante no se compadece con los gobiernos autoritarios, en tanto la esencia de ellos es la liberación de las trabas de la Constitución y la ley".

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