Impulsan cambios en las horas de trabajo y en las indemnizaciones

Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización y habilitar cada vez más acuerdos por productividad son apenas tres ejes de la reforma laboral que el Gobierno impulsa por ahora en forma reservada con el aval de sindicatos y empresas.

Para la Casa Rosada, los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades resultan un atajo ante el rechazo del Congreso a debatir los proyectos de reforma laboral que envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo lo intentará por tercera vez, aunque con una iniciativa más acotada, con la inclusión únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.

La iniciativa oficial se presentaría con el campanazo de largada de las sesiones ordinarias, según confirmaron a LA NACION fuentes gubernamentales.

Las limitaciones para avanzar con la reforma laboral mediante la vía legislativa no fueron impedimento para cambios profundos en algunos sectores. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo.

En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, según precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico.

Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción, según un relevamiento interno del sindicato.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos.

Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con Caló, aunque, sobre todo, con Francisco "Barba" Gutiérrez.

Sica pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo explorarían con los mecánicos de Smata y buscarían incorporar a la industria textil.

El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la Uocra, que es el modelo que elogian diferentes voces del Gobierno, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.

El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la Uatre o el de los taxistas.

Algunos abogados laboralistas, sin embargo, lo rechazan de manera tajante porque consideran que es inconstitucional, al afirmar que un convenio colectivo de trabajo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.

Otra de las ideas que el Gobierno pone seguido sobre la mesa en las negociaciones con los sindicalistas y empresarios son los acuerdos por productividad y la necesidad de reducir costos laborales.

El caso testigo fue el de los petroleros, que en 2016 aceptaron eliminar las denominadas "horas taxi" (beneficios por movilidad) a cambio de dinamizar la llegada de inversiones.

El apretón de manos con Guillermo Pereyra, jefe del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, se repitió hace unos meses por un pacto inédito: aceptó restricciones al derecho a huelga para evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento Vaca Muerta, el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencional que se considera una mina de oro.

Como el caso de las "horas taxi" de los petroleros, hubo avances en otros rubros. En los puertos, los capitanes de ultramar aceptaron hace dos años perder beneficios salariales para favorecer el tráfico de buques internacionales con tripulación argentina.

En la industria láctea, se convino con el gremio de Atilra reducir de $3000 a $1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste fue aún mayor (de $3000 a $750) para las empresas más pequeñas.

Entre los desafíos urgentes que se trazó Sica, está convencer a Hugo Moyano de sumarse a un acuerdo para generar mayor competitividad en lo relativo al transporte de cargas y la logística.

"Camioneros tiene el 93% del transporte interno. Se tiene que sentar en la mesa a negociar sí o sí", argumentan en el Gobierno. Se dio un primer paso: el flamante secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, se reunió hace dos semanas con Moyano y dos de sus hijos para recomponer el vínculo y reabrir un canal de diálogo. En ambas orillas quedaron conformes tras el primer acercamiento.

A Sica no le gusta hablar de reforma laboral. Lo considera "un rótulo". Está convencido de que esta vez prosperará el debate legislativo sobre el blanqueo de trabajadores, uno de los tres capítulos del proyecto original.

"Nadie se puede oponer a eso", planteó el ministro en diferentes reuniones.

En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no tienen obra social ni derechos laborales.

Si el Gobierno impulsa solo el blanqueo, quedarán relegadas entonces las iniciativas más polémicas, que preveían cambios en el cálculo de las indemnizaciones y el regreso de las pasantías como vínculo laboral.