Impulsan un paro de 72 horas para exigir la implementación de la ley de financiamiento universitario
La Federación Nacional de Docentes Universitarios convocó a la medida de fuerza que comenzará mañana y se extenderá hasta el viernes; condicionan el inicio de clases en 2026 al cumplimiento de la norma
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LA NACION
La Federación Nacional de Docentes Universitarios realizará esta semana un paro de 72 horas para exigir la implementación de la ley de financiamiento para la educación superior y la apertura de paritarias. La medida de fuerza comenzará a regir mañana y se extenderá hasta el viernes 14. En caso de no tener respuesta del Gobierno nacional, los gremios prevén retrasar el inicio del ciclo lectivo 2026 para continuar su plan de lucha.
“Con los resultados de la consulta nacional a la comunidad universitaria, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió por amplia mayoría la realización de una jornada de lucha con paro de 72 horas entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre”, compartió la entidad gremial en sus redes sociales.
El paro fue convocado por la Conadu y la Conadu histórica en reclamo por el deterioro del poder adquisitivo del personal universitario y las dificultades para garantizar el “sostenimiento del sistema educativo público” y alcanzará a todas las universidades estatales del país. Condicionaron, además, el inicio de clases en 2026 a una respuesta favorable del Gobierno nacional a sus demandas salariales y de inversión.
“En el decreto que firman el presidente y la ministra [de Capital Humano], Pettovello, el Gobierno nacional reconoce la deuda que tiene desde el punto de vista salarial con los trabajadores y trabajadoras de las universidades que es de un 40,25% a julio de este año. Ya transcurrido un trimestre, esa deuda llega a casi un 43%. Este es uno de los fundamentos principales del paro: la angustiante situación salarial, la profunda pérdida que han sufrido nuestros salarios y el incumplimiento del gobierno en lo que dice la ley”, sostuvo Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, a LA NACION.
No es la primera vez que los gremios docentes adoptan este tipo de medidas de fuerza para exigir un cambio en la política universitaria del Gobierno de Javier Milei. La Conadu histórica ya había impulsado un paro de 48 horas entre el 21 y 22 de octubre, luego de que la administración libertaria oficializara la suspensión de la norma aprobada por el Congreso.
Con 58 votos afirmativos, el Senado había logrado insistir con la ley de financiamiento universitario el pasado 2 de octubre. La norma establece, entre otras cuestiones, una actualización por inflación de los fondos para las casas de altos estudios y hospitales universitarios con retroactividad a 2024, una recomposición salarial y la convocatoria trimestral a paritarias. También fija la actualización de las becas estudiantiles y el desembolso de fondos para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico.
Casi tres semanas más tarde, el 21 de octubre, el Gobierno nacional avanzó con la promulgación de la normativa, pero, tal como ya había sucedido con la ley de emergencia en discapacidad, la dejó sin efecto hasta tanto el Congreso de la Nación determinase sus fuentes de financiamiento. La suspensión de la iniciativa generó un fuerte rechazo de distintas agrupaciones del sector educativo.
“El proyecto de ley nace de la universidad, la unidad de rectores, trabajadores docentes, no docentes y estudiantes. El presidente desconoce la legalidad, pero además la legitimidad que tiene la ley de financiamiento universitario”, denunció Staiti a LA NACION. “Es una herida profunda al juego democrático, a la democracia y al rol que deben cumplir cada uno de los poderes en nuestra Argentina”.
La decisión presidencial también fue repudiada por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) que, sin embargo, no adherirá al paro de este semana ni tiene previsto impulsar nuevas medidas de fuerza. Según pudo saber LA NACION, tampoco se plegará al plan de lucha la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea a personal no docente de estas instituciones.
“Estamos evaluando la judicialización de la ley por el incumplimiento, pero por el momento no tenemos previsto realizar ningún paro”, aseguró Daniel Ricci, secretario general de Fedun a LA NACION. “Es una barbaridad que el presidente de la Nación no cumpla con una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo. Estamos ante una violación de una ley aprobada en democracia”.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya había adelantado, a fines de octubre, que iniciaría acciones judiciales para revertir la no ejecución de la ley de financiamiento, lo que consideran un “ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad”.
“Este decreto, que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando el sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos", argumentaba la resolución emitida por la UBA, en la que resaltaba la situación crítica del establecimiento y sus profesionales.
Según expresaron en un comunicado oficial, los salarios sufrieron una pérdida del 40% del poder adquisitivo y, entre mayo de 2024 y octubre de 2025, los gastos operativos registraron una caída real del 30%. También denunciaron las dificultades que atraviesan los hospitales universitarios que, pese a haber recibido un aumento de fondos, “apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica”.
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